El Govern se seguirá personando en los ataques a ‘mossos’ pese a la declaración promovida por la CUP
ERC, Junts y los anticapitalistas chocan en el Parlament por la sentencia de Marcel Vivet
La sentencia contra el anticapitalista Marcel Vivet, condenado a cinco años de cárcel por agredir a un agente de los Mossos d’Esquadra en una manifestación en 2018 en Barcelona, ha abierto un nuevo frente de roce entre el independentismo en el Parlament. ERC, Junts y la CUP quisieron mostrar ayer unidad en el rechazo a la decisión judicial, mediante una declaración en la Cámara, pero al mismo tiempo terminaron exhibiendo sus diferencias respecto a un tema de difícil solución legal. Por mucho que ERC firmara la propuesta de la CUP que exige retirarse de estos procesos, el Govern tiene la obligación de personarse si un mosso u otro funcionario resulta herido por un manifestante.
El texto de la declaración aprobada ayer por los partidos independentistas y Catalunya En Comú Podem insta al Govern a “retirarse como acusación particular de todas las causas abiertas por el ejercicio del derecho a la libre manifestación”. Se trata de un enunciado que va mucho más allá del acuerdo de investidura al que habían llegado republicanos y anticapitalistas hace semanas.
Allí se pactó retirar las acusaciones particulares contra participantes en manifestaciones, con la excepción de aquellos casos en los que los mossos hayan resultado heridos y sus lesiones sean “acreditadas con certificado médico”. Vivet fue condenado por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones y la CUP ha respondido señalando supuestas irregularidades en el Departamento de Interior.
El diputado de la CUP Xavier Pellicer dijo que tienen la certeza de que se utilizó el mismo atestado policial en los casos de Vivet y de otro manifestante cercano a los anticapitalistas, Adrià, pendiente de juicio. “Llegamos a la conclusión inequívoca de que no es casualidad, es una práctica en que los mismos instructores usan la misma minuta para intentar condenar a dos manifestantes por los mismos hechos”, denunció ayer en el Parlament.
”Es evidente que la Generalitat conocía la duplicidad de estas actuaciones y acusaciones y permitió que esto llegara hasta el final. Estuvo un año y medio sosteniendo una acusación falsa, duplicada, que retiró solo justo después del juicio”, agregó el abogado Xavi Monge, del colectivo Alerta Solidària.
El secretario general de Interior, Oriol Amorós, aseguró ayer en TV-3 que había una “desproporción importante” en la sentencia a Vivet y se reafirmó en su compromiso con la CUP de revisar los criterios de personación. También que se investigarían si hay posibles irregularidades sobre los atestados, aunque oficialmente se defiende que son casos distintos y que la Generalitat se ha retirado como acusación en el caso de Adrià porque el agente supuestamente agredido no presenta ninguna lesión.
El cargo de Amorós juega un papel muy importante en este proceso pues él tiene la última palabra sobre las acciones legales a seguir, por ejemplo, las comparecencias ante los juzgados. La idea, defienden desde el Govern, es “armonizar” los criterios con los servicios jurídicos centrales, eso sí, siempre dejando claro que en caso de una lesión es imposible no personarse. Los atestados, además, son documentos que tienen una mayor validez pues se presupone la veracidad de la información recogida por los cuerpos de seguridad.
Otra cosa es, por ejemplo, el delito de atentado contra la autoridad. El anterior consejero de Interior, Miquel Sàmper, aseguró que se dejaría de acusar por este delito en caso de las manifestaciones. Sin embargo, esto no sucedió en el caso de Vivet, algo que ha molestado a la CUP. Interior está ahora en manos de ERC. En Comú Podem ha pedido la comparecencia en el Parlament del nuevo titular de esa cartera, Joan Ignasi Elena. También serán llamados Amorós y el director general de la policía catalana.
La petición de la CUP de ayer busca entonces ir más allá del acuerdo original con los republicanos. Los anticapitalistas entienden que la Fiscalía ya ejerce de acusación de la Administración ante este tipo de casos y por eso insiste en que no es necesaria la de la Generalitat. Desde ERC insisten en que sigue el compromiso de revisar los criterios. El PSC, Vox y PP apoyaron una propuesta de Ciudadanos en el Parlament, que no salió adelante, en la que apoyaban al mosso herido e instaban a que la Cámara expresara su voluntad “de cumplir su deber de colaborar en el cumplimiento de las sentencias judiciales”.
