Barcelona obligará a los conductores de patinete eléctrico a llevar casco y luces y a tener seguro
El teniente de alcalde de Seguridad anuncia una modificación de la ordenanza de circulación
Si la bicicleta y su papel en la movilidad urbana suele suscitar discrepancias políticas, en el Ayuntamiento de Barcelona ha quedado claro este viernes que respecto a los patinetes eléctricos hay unanimidad. Todos los partidos han votado a favor de una proposición de Ciutadans que pide que los conductores de patinete estén obligados a llevar casco, luces y timbre y a contratar un seguro de responsabilidad civil.
El propio teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha anunciado una modificación de la ordenanza de circulación para incluir la obligatoriedad de casco, luces y seguro con el objetivo de lograr “una mayor seguridad viaria”. Visto el posicionamiento del resto de partidos, argumentado sobre todo por la alta siniestralidad de estos vehículos, saldrá adelante. En el debate no ha aparecido la controvertida propuesta del RACC de obligar a ciclistas y usuarios de patinete a hacer formación viaria.
Batlle ha recordado que desde enero, cuando se publicó una nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT), los Vehículos de Movilidad Personal (VMP, que incluyen a los patinetes eléctricos) tienen consideración de vehículo. “Pese la facilidad de su conducción no podemos olvidar que es un vehículo y hay que regularlo y controlarlo como el resto de vehículos a motor que circulan por la ciudad”, ha afirmado el responsable de Seguridad. Entre otras cuestiones, ha citado que la edad mínima para conducirlos es 16 años o que la velocidad máxima de fábrica es de 25 kilómetros por hora. Y que no pueden circular por aceras o zonas peatonales.
A partir de aquí, Batlle ha anunciado la inclusión de novedades en la ordenanza de circulación de personas y vehículos para “hacer cuatro cosas: introducir la obligatoriedad de elementos de seguridad como casco y luces en línea con la instrucción de la DGT sobre los VMP; impulsar la obligatoriedad de la póliza de responsabilidad civil para sus conductores; una campaña de difusión como hemos hecho en cada modificación de la normativa, e incremento por parte de la Guardia Urbana de vigilancia y sanciones”.
En 2020 la Urbana impuso 8.000 sanciones a conductores de patinete y este año, solo hasta marzo, ya van más de 4.000, ha indicado. En los últimos balances de siniestralidad vial, los conductores de patinete implicados en accidentes se han triplicado.
La concejal de Ciutadans que ha defendido la proposición, Luz Guilarte, ha argumentado la propuesta por la necesidad de “una mayor seguridad vial y jurídica en el uso de los vehículos de movilidad personal” y tras el anuncio de Batlle ha celebrado: “La actualización de la ordenanza vigente nos permitirá avanzar en una movilidad para Barcelona más sostenible, coherente y ordenada”.
Colau sobre las querellas y denuncias: “Si algún día hay caso, asumiremos responsabilidades políticas”
En el tramo de las preguntas al gobierno municipal, el líder del PP en el consistorio, Josep Bou, ha preguntado a la alcaldesa Ada Colau “si asumirá responsabilidades políticas si de las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas [sobre subvenciones a entidades] se desprende la comisión de algún tipo ilícito penal o falta administrativa”.
Colau ha respondido que a los políticos se les “tiene que pedir máxima transparencia y ejemplaridad, pero para asumir responsabilidades políticas tiene que haber caso”. La alcaldesa ha admitido que hay abiertas “una denuncia de Agbar y otra de Abogados Catalanes por la Constitución que cuestionan subvenciones a unas entidades que paran desahucios, evitan cortes de suministros y ayudan a la gente más vulnerable y que ya tenían subvenciones y convenios antes de que llegáramos al Ayuntamiento”. Pero ha señalado que durante el mandato y medio que llevan los comunes en el ejecutivo local han tenido al menos ocho querellas contra ediles de los comunes, todas archivadas o desestimadas: “Ocho querellas y denuncias muy vinculadas a ciertos temas porque luchamos contra la especulación inmobiliaria, para parar desahucios, cortes de suministros, creemos que es legítimo consultar sobre la gestión pública del agua cosa que no gusta a Agbar”.
“Cuando algunos se encuentran con un gobierno que defiende el interés general y toca privilegios, aparecen las denuncias”, ha dicho y ha zanjado: “Si algún día hay caso, asumiremos responsabilidades políticas, pero llevamos ocho denuncias y querellas y todas archivadas.
El ejecutivo ha retirado del pleno la votación para modificar el uso en el solar de las casas de la calle de Encarnació, compradas por el consistorio, para evitar la comparación con el gimnasio social Sant Pau.
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