El dentista, las consultas o las licencias para patinetes ¿Qué fue de estos proyectos del gobierno de Colau?

Las consultas ciudadanas, una de las promesas estrella de Colau, peligran sin un nuevo reglamento. También lo hace el dentista municipal a precios asequibles, una funeraria pública, la idea en estudio de implantar un peaje urbano para reducir la contaminación en la ciudad, de una tasa Amazon que grave a las grandes operadoras del comercio en línea, la concesión de licencias para patinetes de alquiler… Son proyectos del Gobierno municipal, algunos del primer mandato, anunciados en su día (varios en vísperas a las elecciones de 2019) y que lograron gran eco mediático, pero que no acaban de materializarse.

En algunos casos los proyectos han sido objeto de recursos judiciales pese al apoyo ciudadano; en otros, dependen de estudios que no llegan o se han encargado y terminado pero no se hacen públicos. La pandemia también lo ha retrasado todo… Estos son algunos de los proyectos pendientes.

Las consultas peligran de nuevo. Una de las promesas electorales de Barcelona en comú, en las dos últimas campañas, ha sido la celebración de consultas ciudadanas. En 2017 se anunció que se concentrarían cada año (salvo los electorales) en una semana de mayo. La pregunta estrella, impulsada por entidades ciudadanas, sería la municipalización del agua. El reglamento de las consultas fue recurrido por el Gobierno y empresas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las declaró nulas a finales de 2019. El Consistorio presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, pero no fue admitido a trámite. La idea del Ayuntamiento es redactar un nuevo reglamento adaptado a las sentencias que lo tumbaron, explican fuentes de la concejalía de Participación. La nueva norma tendrá que pasar por el pleno y el calendario aprieta si se quiere celebrar alguna consulta antes de fin de mandato. Este año está ya avanzado y 2023 es año electoral, con lo que probablemente la única oportunidad para el actual Gobierno es que esté todo a punto en mayo de 2022. El Consistorio se muestra “prudente sobre el calendario”. “Cuesta de entender que se pongan palos en las ruedas al hecho de dar a la ciudadanía más espacios de participación y decisión”, indican las mismas fuentes. Entidades como la Federación de Asociaciones Vecinales insisten al gobierno de Colau que redacte un nuevo reglamento que tenga cabida en la legislación.

El concurso de patinetes eléctricos compartidos. Tras sacar a concurso licencias para 7.000 motos eléctricas y bicicletas compartidas en la ciudad, el Consistorio anunció que el siguiente paso serían las licencias para patinetes de alquiler por minutos. El concurso lleva casi dos años de retraso, durante los que tres empresas han operado y otra veintena interesadas en hacer negocio en Barcelona han permanecido a la espera. Las alarmas saltaron en el sector cuando hace unos días, en un acto en línea, la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón, admitió los problemas que plantea el concurso y llegó a considerar la posibilidad de “no poderlo hacer”. Alarcón aludió a los retos que plantea el aparcamiento de los patinetes en el disputado espacio público y limitar el número de empresas que se podrán presentar. Parece difícil que el pliego salga antes del verano.

La tasa Amazon. Una tasa que grave a los gigantes del comercio electrónico plantea dudas jurídicas en varios frentes, han explicado varias veces los expertos en tributos, comercio o logística. La concejal de Hacienda, Montse Ballarín, admitía en verano pasado que no será fácil, ninguna otra ciudad lo ha hecho, y que su área trabajaba en un estudio jurídico para decidir el qué, quién, cuánto y cómo. La idea de partida era gravar a las empresas por el uso del espacio público y el tráfico y la contaminación que generan. El estudio, indican fuentes de su área, está hecho y apunta que la tasa se puede aplicar “con consistencia” en el marco “del plan de la última milla”. Pero, admiten, “no hay calendario”.

El peaje urbano. Hace más de un año, el concejal de Emergencia Climática explicaba, en vísperas a la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (que veta a los coches más contaminantes), que había encargado el estudio para decidir si el siguiente paso es un peaje urbano. El “estudio se está desarrollando, pero no está acabado”, indican desde su área. “Tiene distintas partes y una cuestión importante es analizar el impacto de la ZBE en la movilidad de la ciudad. Todavía tenemos moratorias en marcha y la movilidad no está normalizada a causa de la pandemia. Se sigue trabajando”, indican las mismas fuentes.

El dentista municipal. Hace dos años, poco antes de las elecciones, Colau anunciaba la creación de un dentista municipal con precios hasta un 40% más económicos que los del mercado. El servicio dependería de la empresa pública BSM, arrancaría con ocho consultas y, si todo iba bien, abriría la persiana a finales de 2019. La concejal de Salud, Gemma Tarafa, atribuía hace unas semanas el retraso, primero, a las medidas cautelares dictadas por el TSJC por un recurso del Colegio de Odontólogos (levantadas en febrero de 2020) y, después, a la pandemia. En cualquier caso, las novedades son pocas. En verano se licitó el estudio técnico para ubicar la clínica y el Consistorio hablaba de cerrarlo en otoño. Pero no hay más noticias. “En ningún caso hay retraso, los tempos son los que habíamos dicho debido a las cautelares”, dijo Tarafa sin concretar si finales de 2021 o ya 2022.

La funeraria pública. El proyecto de una funeraria pública con velatorios propios para abaratar los entierros no salió adelante en el pasado mandato por falta de apoyo político a los comunes. Hubo dos intentos. El segundo a tres meses de las elecciones se cerró sin apoyo entre acusaciones cruzadas de los grupos de actuar por electoralismo. Pero la idea figura en el programa de Barcelona en comú. Hace solo unos días al ser preguntado por la cuestión, el concejal Eloi Badia admitió, al dar cuenta del plan estratégico de la empresa municipal que gestiona los cementerios, que el tema no está sobre la mesa. Aunque explicó que no cierra la puerta al proyecto, que lo que necesita es consenso político.

El pienso anticonceptivo de las palomas. Hace cuatro años el Consistorio habilitó dispensadores automáticos con pienso anticonceptivo en parques y plazas de la ciudad para evitar matar palomas, una actividad ilegal con la normativa vigente. En el primer año y medio la población de palomas se redujo en un 51%, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, que estima que en 2021 la población habrá caído un 70%. Durante el primer semestre de 2022 el Consistorio decidirá, tras cinco años de tratamiento, cuál es el próximo paso, indican fuentes municipales.

Las motos en las aceras. No hay alcalde de Barcelona que en algún momento del mandato no prometa reducir la presencia de motos aparcadas en las aceras. Durante el pasado mandato hubo un par de intentos fallidos. En el actual, se anunció un plan que comenzaría por la Vila de Gràcia, donde la presencia, a base de multas, se ha reducido notablemente. Pero en el resto de la ciudad siguen tomando las aceras.