Los Mossos desalojan al centenar de asistentes a la ‘rave’ de Llinars tras 40 horas de fiesta ilegal

La Generalitat toleró que la rave ilegal que aglutinó a casi 300 personas en una nave abandonada de Llinars del Vallès (Barcelona) se prolongara durante 40 horas. Pese a la emergencia sanitaria y las restricciones impuestas por las autoridades, los Mossos d’Esquadra no desalojaron la fiesta —que comenzó en nochevieja— hasta el mediodía de este sábado. La tardía respuesta policial desencadenó un alud de críticas y de reproches cruzados entre los socios del Govern: el Departamento de Salud, en manos de ERC, y el de Interior, controlado por Junts, se acusaron mutuamente de la demora.

“¡Estamos escuchando música, tenemos todo el derecho, no somos ilegales, tenemos alma, no hay peleas!”, gritaba a mediodía una joven, desnuda de cintura para arriba, frente a la línea policial de los antidisturbios recién desplegada en la antigua fábrica de Llinars. Pasaban pocos minutos de las 12.00 y los Mossos ponían fin a 40 horas de música electrónica.

La policía local de Llinars había contactado antes con el conductor de una excavadora que, en cuestión de segundos, retiró las rocas que los asistentes habían colocado en la entrada de la nave para impedir el acceso a los agentes. Las furgonetas de los antidisturbios accedían al recinto, desconectaban la música y rodeaban a los asistentes. Comenzaba así una tarde en la que los agentes se dedicaron a identificar y sancionar a más de 200 jóvenes venidos de diferentes puntos de Europa.

La policía autonómica detuvo a dos de los organizadores de la rave —una holandesa de 29 años y un vecino de Tarragona de 22— e imputaron a un holandés, dos franceses y dos italianos por su vinculación a la logística del evento. Además, identificaron a 215 personas entre las que se encontraban 100 españoles, 35 franceses, 10 italianos, tres andorranos y otros participantes procedentes de Australia, Países Bajos y Luxemburgo. El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, admitió que no pudieron identificar a todos los asistentes —unos 300— porque algunos de ellos han huido “campo a través”.

Antes de que los agentes pusieran fin a la fiesta ilegal que desafió todas las medidas contra el coronavirus, los reproches políticos entre los socios del Govern ya habían acabado.

El viernes por la mañana el consejero de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), anunciaba la celebración de la fiesta ilegal en una rueda de prensa en la que calificó como “tranquila” la noche de fin de año. Los Mossos optaron por no intervenir e intentaron mediar con una organización clandestina que había trasladado camiones y equipos de música hasta la nave. De nada sirvió. No encontraron interlocutor mientras decenas de vehículos y caravanas seguían concentradas en el exterior de la nave.

La mediación no acabó de agradar a la consejera de Salud, Alba Vergés (ERC), que pidió —el mismo viernes— a Sàmper que pusiera fin de manera inmediata a la rave. Los vecinos y alcaldes de los municipios cercanos se unieron a la protesta lamentando que la fiesta siguiera pese a que los Mossos tenían conocimiento del panorama. El comisario de la policía autonómica David Boneta aseguró entonces que los agentes actuarían bajo los criterios de “oportunidad y proporcionalidad” para “no provocar daños mayores”.

En un principio, los Mossos optaron por dar margen a los ocupantes para abandonar la nave de forma voluntaria. Pese a que ya era un secreto a voces que los Mossos habían detectado la fiesta, muy pocos participantes se marcharon de la nave. La presión política aumentó y la opción del desalojo era inevitable.

Al mediodía de este sábado, los agentes accedieron al recinto. Salvo algún incidente aislado, los participantes de la rave no opusieron resistencia. Con la situación controlada, el director de los Mossos, Pere Ferrer, se personó en la nave donde los agentes contabilizaron más de 300 personas. “De aquí se irán todos sancionados”, presumió Ferrer. El director general de los Mossos informó de que los asistentes se les sancionará con multas de hasta 3.000 euros y a los organizadores con sanciones de hasta 600.000 euros. Llegaba el momento de justificar por qué no habían intervenido los Mossos desde el primer momento. Ferrer admitió que la policía autonómica no tenía suficientes efectivos para afrontar el desalojo la noche del 31 de diciembre: “Había 3.000 agentes en toda Cataluña que se dedicaron a garantizar la seguridad de los 7,5 millones de habitantes”. Unos ciudadanos que no podían estar en la vía pública más allá de la 1 de la madrugada, según el toque de queda impuesto por la Generalitat. “Lo que es evidente es que una actuación precipitada pocas horas después de un dispositivo de fin de año, con la magnitud de hoy de 200 agentes, ayer no se habría podido producir con garantías”, admitió Ferre.

Sàmper, acompañado de Trapero, justificó por la tarde que el dispositivo era de “alta complejidad”. Trapero advirtió de que antes de intervenir necesitaba conocer el criterio del Departamento de Salud para ver si tenían que aislar a los asistentes o someterles a alguna prueba. “Salud nos dijo que lo único que teníamos que hacer era identificar a estas personas para ver si algunos resultan positivos”, dijo Sàmper, que intentó así pasar de nuevo la patata caliente a la republicana Alba Vergés.

Antes de las explicaciones públicas de los jefes políticos de los Mossos, el vicepresidente de la Generalitat con funciones de presidente, Pere Aragonès (ERC), había criticado la lentitud de la actuación: “Revisaremos con Interior cómo se han desarrollado los hechos para evitar que vuelva a pasar una situación de estas características y las actuaciones sean más rápidas”.

La candidata de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, pese a ser del mismo partido que el consejero de Interior, calificó de “inaceptable e indignante” que se haya tardado tanto en desmontar la fiesta ilegal. “Hay que tener los protocolos actualizados para que se pueda actuar sin demoras”, advirtió en un nuevo dardo a Salud.