De estados mayores y de democracia

La semana pasada se conocieron las detenciones (y las puestas en libertad con cargos) de una serie de personajes relevantes del mundo independentista, especialmente empresarios, en el marco de una investigación que comprende elementos tan dispares como el origen y el funcionamiento de Tsunami Democràtic, la financiación de la estancia de Puigdemont en Bélgica y, de forma más prosaica, desviaciones de fondos públicos y tráfico de influencias.

Vaya por delante un escrupuloso respeto de la presunción de inocencia, el asombro mayúsculo por el crédito dado por el juez a las palabras de uno de los encausados —Víctor Terradellas— y a sus fantasiosas teorías sobre las posibles intervenciones militares rusas, y la condena más firme para quienes desde las Fuerzas de Seguridad del Estado flirtearon con referencias nominales a batallas que la División Azul combatió nada menos que al lado de los soldados de Hitler, y que solo por esta razón deberían ser objeto de un expediente disciplinario.

A tenor de las informaciones de las que se dispone hoy, pues, no es posible saber si la parte más decisiva de la investigación (la desviación de las subvenciones procedentes de la Diputación de Barcelona, así como un posible tráfico de influencias con finalidades de lucro personal) que ve como protagonistas destacados a David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler, sea cierta. Quienes delinquen acostumbran a no dejar rastro y el derecho penal es muy garantista.

Sin embargo, y como consecuencia de las detenciones, por primera vez en mucho tiempo han sido objeto de la atención de los medios de comunicación tres personajes clave de lo que ha pasado al conocimiento de la opinión pública como el “estado mayor” del procés, del cual mucho se ha hablado y muy poco se ha sabido.

Los tres emprendedores decidieron no contestar a las preguntas de los investigadores. David Madí tampoco atendió a los medios de comunicación. En cambio, sí que hicieron, y de manera extensa —a través de las cadenas de radio y de televisión de la Generalitat—, tanto Soler como Vendrell.

Los dos defendieron que la causa se inscribe en la represión judicial sufrida por el independentismo, y los dos aseguraron —sin entrar en detalles, como es lógico, dada su posición procesal— que ninguna de las acciones por las cuales se les imputa se sitúan fuera de la legalidad.

Sin embargo, y más allá de la posible relevancia penal, tanto las conversaciones intervenidas como sus propias manifestaciones en los medios devuelven una imagen sobre la cual valdría la pena reflexionar, en la medida en que explica algunos de los mecanismos fundamentales de funcionamiento de los gobiernos del procés.

Lo que emerge es una influencia decididamente relevante de estos actores sobre las decisiones que han tomado los diferentes ejecutivos independentistas a lo largo del tiempo. Se trata de personas que no han tenido ni tienen ninguna legitimidad democrática: no ostentaban cargo público alguno ni por elección ni por designación en el momento en que decidían sobre aspectos clave del cómo debía operar el ejecutivo en una coyuntura clave para las instituciones catalanas.

Nadie es ingenuo y todas conocemos la importancia que han adquirido los llamados “asesores”, que atesoran un poder informal muy grande. Lo que en este caso sorprende es la defensa que ellos mismos hicieron de su función: Soler se retrató a sí mismo en la televisión pública como un emprendedor de una pretendida estirpe de empresarios-activistas, al parecer más catalana que la sardana; mientras que Vendrell, como un militante independentista al cual su larga trayectoria le proporcionaría la legitimidad de operar y decidir en las deliberaciones políticas. Los dos justificaron su protagonismo en función del servicio a la causa de un país en que la iniciativa individual y colectiva —y no las subvenciones— es lo que lo mueve todo. Sobre este último punto solo haría falta mirar el catálogo de ayudas que concede la Generalitat: Cataluña es, como en muchos otros aspectos, un país normal.

Su manera de explicar las cosas trasluce una cierta convicción. Quieren decidir, porque se saben entregados e inteligentes. Una clase dirigente paralela, que no pasa por las urnas. Sinceramente parece creer que no lo necesita, porque la justicia de su causa permite ser poco escrupulosos con los mecanismos democráticos. Esto ha sido y es ciertamente un problema para el conjunto de la ciudadanía catalana, en la medida en que distorsiona el funcionamiento de las instituciones. Pero visto más de cerca, también es un problema para los propios dirigentes de los partidos independentistas, que tuvieron que esforzarse para conquistar el consenso de la gente. Y, aun así, en más de una ocasión descubrieron que nunca tendrían galones suficientes para formar parte de ningún estado mayor.