La narcoeconomía de la marihuana y el crimen de Cataluña

”Esto no será nunca México”, reconoce una fuente policial sobre la violencia aparejada al mercado de la droga. Pero sí advierte del peligro del arraigo del cultivo de marihuana en España, y sobre todo, en Cataluña, el lugar donde más marihuana se interviene: 12.398 kilos, seguida de 9.565 de Andalucía y 4.694 de la Comunidad Valenciana, según datos de 2018 del Ministerio del Interior. Un informe de los Mossos de marzo, de 72 páginas, avisa del peligro de que la droga se consolide, como un parásito, y se cree en Cataluña un “sistema paralelo”. Dibuja una futura “narcoeconomía” enraizada, con una “exclusión voluntaria del sistema legal” de quienes se beneficien de la marihuana, y la “creación de una cultura e identidad del cannabis”. Cita como ejemplos el Campo de Gibraltar o los Países Bajos.

El informe, basado en datos policiales y estudios españoles y europeos, parte de una afirmación categórica: “Cataluña es el epicentro del mercado ilegal de marihuana en Europa”. No hay operación policial, del tipo que sea, en la que no se encuentre también marihuana. Entre 2013 y 2017, las incautaciones de plantas de cannabis crecieron un 538% (de 176.165 a 1.124.674), colocando a España en el primer país europeo productor de esta droga. En Cataluña, hace ocho años que la marihuana es la droga más intervenida. Solo en 2019, los Mossos desmantelaron 368 plantaciones.

Una de las consecuencias es la corrupción. “Cada vez hay más funcionarios policiales apareciendo en investigaciones”, lamentan fuentes policiales. En parte, indican, por la aceptación social de esta droga, considerada blanda. “El delincuente no siempre proviene del ámbito clásico de la droga, hay menos resistencias, y supone mucho dinero”, añaden.

También condiciona la industria legal que rodea la marihuana, que ve incrementar sus beneficios y que dedica parte de ellos a innovar para mejorar el cultivo. Una plantación interior (el 65% de las detectadas por los Mossos), que suelen ser las más profesionalizadas, se vale de fertilizantes, aceleradores de crecimiento, reguladores de intensidad de luz, sistemas de riego automático, sistemas de ventilación... Los Mossos han encontrado focos con motores eléctricos que se mueven para aumentar la superficie iluminada, cultivos domotizados que se controlan por ordenador, cultivos con sustrato de coco, o mil formas para evitar los olores: como semillas inodoras, paredes, filtros o sistemas para congelar la marihuana ya cultivada...

Incluso han detectado la presencia de ingenieros y electricistas en el montaje de plantaciones en Girona. En una investigación en Tarragona, localizaron inmobiliarias que ofrecen locales para el cultivo interior de marihuana. A todo ello se suman los growshops, que venden de manera legal semillas y fertilizantes (en 2016, los Mossos descubrieron 122 tiendas activas), y las asociaciones cannábicas, que en ocasiones usan los grupos criminales para traficar.

El perfil del cultivador es variado, desde el no especializado al crimen organizado, porque la producción abastece la demanda. Pero los Mossos advierten del peligro de que con el incremento de la demanda el crimen organizado intente controlar el mercado, la calidad y el precio de la droga, que en España es de los más bajos de Europa (5,66 euros el gramo en Barcelona mientras que la media europea está entre 7 y 13 euros). “Eso solo se consigue con violencia”, avisan fuentes policiales.

Una violencia que ya existe. La semana pasada dos personas fueron asesinadas en Lloret de Mar (Girona) y Flix (Tarragona) en conflictos relacionados con la marihuana. Los homicidios se suman a los nueve acumulados desde 2016. La mayoría se cometen en narcoasaltos de traficantes que quieren robar las cosechas ya cultivadas. Hay quien se vale de drones para localizarlas antes de dar el vuelco. Los cultivadores se arman para evitar ser atracados, lo que degenera en más violencia. En marzo, la Guardia Civil fue recibida a tiros en Riudoms (Tarragona) cuando intentaba registrar una nave donde se cultivaba.

En seis años, los Mossos han desmantelado 150 grupos criminales que traficaba con esta droga, pero solo en cuatro casos pudieron aplicarles blanqueo de capitales. La policía catalana denuncia en su informe falta de medios para hacer investigaciones en profundidad para demostrar el origen sucio del dinero. Los elevados beneficios suelen destinarse a inmuebles y, las redes más sofisticadas, a inversiones mediante empresas en hostelería y productos financieros.