Monarquía, Convergència y corrupción

Noches temáticas en TV3, plenos monográficos del Parlament… La corrupción en la España borbónica es motivo de reflexión, crítica y análisis allí donde el independentismo es mayoritario. No es para menos. La partida del Rey emérito, los generosos regalos de la despótica monarquía saudí, las amistades peligrosas o las cuentas en Suiza con destino en paraíso fiscal dan para una serie o para un corto, según sea el Gobierno catalán o el central, respectivamente, el que actúe como guionista. Para algunos es una prueba más del corrupto e irreformable Régimen del 78, una muestra de que la democracia española precisa de una enmienda a la totalidad. Desde siempre, sin embargo, sucumbir a la corrupción es un pecado reservado a aquellos que han gestionado de una u otra forma el poder. La virtud de los sistemas democráticos consiste, o debería consistir, en ser capaces de llevar ante los tribunales a quienes quiebran las leyes ya sean del Rey o de su porquero.

ERC ha solicitado sin éxito que el Govern recupere en los tribunales hasta el último euro de comisiones en obra pública

El caso es que en esta convulsa semana, deslumbrados por el protagonismo nada menor de Juan Carlos I, Junts per Catalunya ha encontrado oportuno que el Parlament se reúna para condenar la Monarquía española, pero no ha visto prudente que la Generalitat se persone en la causa del 3%, que afecta a la corrupción sistémica de Convergència. Esquerra Republicana había solicitado sin éxito que el Govern —del que forma parte— tratara de recuperar en los tribunales hasta el último euro de esas comisiones en obra pública que supuestamente doparon los mecanismos de CDC y, probablemente, de rebote, beneficiaron a sus herederos. Según el juez, hay 227 millones de euros y 31 obras bajo sospecha de adjudicación irregular entre 2009 y 2015, con las correspondientes donaciones posteriores de las empresas al partido. Un total de 32 personas se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción: empresarios, cargos públicos de las administraciones de Artur Mas y cuatro ex responsables de CDC. Las obras salpicadas por la sospecha están repartidas por toda Cataluña: desde la barcelonesa Plaça de les Glòries Catalanes —durante el mandato de Xavier Trias— a un ambulatorio en Mataró, pasando por la estación ferroviaria del AVE en Girona… Los tesoreros de CDC Daniel Osàcar —condenado por el caso Palau— y su sucesor, Andreu Viloca, vendían supuestamente influencias en las adjudicaciones bajo la presunta dirección y centralización de Germà Gordó, que sucesivamente fue gerente del partido, secretario del Govern de Artur Mas y consejero de Justicia. Francesc Sánchez, ex jefe jurídico del CDC y hombre que debía dejar impoluto el nombre del PDeCAT tras la turbia herencia de Convergència, también está imputado.

Artur Mas —ha explicado Jesús García en este diario— se salva de momento del incendio. Las balas silban sobre la cabeza del expresident desde el caso Palau: 6,6 millones en comisiones a CDC. Pero Osàcar, el entonces tesorero del partido, no le acusó. Sin embargo, cuando la policía efectuó el registro en el Palau de la Música, era Mas quien llamaba insistentemente al teléfono móvil del condenado Fèlix Millet. Ahora un testigo protegido del caso 3% se refiere a una presunta reunión en el despacho de Mas junto a Germà Gordó. En aquellos tiempos era frecuente que el visitante que abordaba “temas delicados” fuera amablemente requerido a dejar el teléfono móvil a la entrada a las dependencias presidenciales de la Generalitat.

A estas alturas es ridículo hacer filigranas para encubrir actitudes y evitar llegar al fondo de la corrupción

Y es que también al independentismo hiperventilado posconvergente no cesa de perseguirle la sombra de ese Régimen del 78 con el que trata insistentemente de marcar distancias. CDC desde los años ochenta tuvo cierta querencia por decorados más bien propios de los países de socialismo real: Pujol era el gran guía; su familia y sus negocios eran indiscutibles; y el partido se engrasaba con comisiones procedentes de la obra pública. Cualquier crítica a ese caudillaje se interpretaba como una traición a la patria. Los años se han encargado de carcomer el vetusto decorado, pero aún queda mucho figurante con apego a las viejas formas. Exactamente igual ha sucedido con la Monarquía. Callar ante los desvaríos reales era considerado en los años ochenta y noventa una obligación patriótica para no desestabilizar la democracia española.

Ahora, con la tramoya a la vista, la prensa internacional ha descrito como nadie —y sin el papanatismo y prejuicios de la española— la desnudez del rey y de la Monarquía. A estas alturas es ridículo hacer filigranas para encubrir actitudes y evitar llegar al fondo de la corrupción y sus beneficiarios. Ventanas, pues, abiertas. Y puestos a republicanos —como aprobó el pasado día 7 el Parlament—, “nuestros expolios” deberían ser merecedores de al menos una noche temática en TV3.</CW>