El 89% de los ayuntamientos andaluces incumple la ley al carecer de planes climáticos

El 89% de los ayuntamientos andaluces infringe la ley autonómica 8/2018 de cambio climático, que desde hace un año les obliga a contar con planes municipales de acción climática para frenar el calentamiento global. Son 696 Consistorios que incumplen la norma en la región más amenazada por la crisis climática, al ser la más meridional y contar con un extenso litoral de 853 kilómetros. Como aviso a navegantes, Ecologistas en Acción ha denunciado ante la justicia contencioso-administrativa a dos alcaldes, de los municipios de El Puerto de Santa María y Utrera, en Cádiz y Sevilla, para que respondan por su inacción desde que el 13 de octubre de 2022 finalizó el plazo límite para poner en marcha sus planes locales.

Solo 89 de los 785 municipios andaluces, según datos de la Junta a los que ha tenido acceso EL PAÍS, cumplen la ley, saben cómo deben mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero y cómo podrán sus vecinos adaptarse a las consecuencias de la emergencia climática en una comunidad donde las olas de calor azotan con cada vez más fuerza, verano tras verano.

“Los ayuntamientos incumplen de forma flagrante su compromiso ya no moral, sino legal, de proteger el bien jurídico del medio ambiente y la salud de las personas. Recurrimos a la judicatura porque hay desprotección y estos dos Consistorios son un ejemplo de tantos, que ni siquiera han dado respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, al contestar con un silencio administrativo. Ni han elaborado el plan, ni han hecho inventario de emisiones, ni han contado con la obligada participación ciudadana”, critica Daniel López, geólogo y responsable de energía, residuos y cambio climático de Ecologistas en Acción. Sobresale entre los municipios la capital andaluza, Sevilla, cuyo Ayuntamiento (PP) asegura que en 2024 registrará su plan para cumplir la ley.

Las ciudades y pueblos tienen muchas medidas a su alcance para mitigar la emergencia climática dadas sus competencias en movilidad, urbanismo y la gestión del agua y los residuos, entre otras. Esta ONG ha esperado un año para comprobar la evolución de los planes locales, pero la inacción de los alcaldes es patente y ha escogido esos dos Ayuntamientos para ejemplificar la nula respuesta ante la emergencia climática. El Consistorio de Utrera (PP) alega que sus servicios jurídicos y técnicos de la concejalía de Medio Ambiente “preparan los pliegos para contratar los servicios que elaboren el plan y los estudios necesarios”. Mientras, una portavoz del Consistorio portuense (PP), aduce que el plan se encuentra ahora “en redacción”, sin añadir más detalles.

María López, directora general de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta (PP), que actúa de paraguas de los municipios con su Plan Andaluz de Acción por el Clima, discrepa de la iniciativa de los conservacionistas: “No creo que la judicial sea la vía, no por eso los Ayuntamientos tendrán más recursos económicos”, opina, antes de manifestarse “optimista” sobre los planes locales, pese a su lento ritmo de ejecución. “Los Ayuntamientos, con todo lo que tienen encima, se interesan y percibo interés. Espero que los planes estén ejecutados al 100% en 2025, pero es una competencia municipal”, alega. Con un retraso de cuatro años desde que se aprobó la ley, la Junta licitó el pasado enero una consultoría por 3,5 millones para ayudar a la redacción de los planes a los Ayuntamientos pequeños, pero 10 meses después aún no se ha cerrado.

Como ejemplo para resaltar las dificultades de la gestión municipal, el alcalde de Gójar (6.300 habitantes, Granada), Joaquín Prieto (PSOE), alega carecer de recursos económicos: “No tenemos capacidad técnica para abordar el plan, ni siquiera propuesta, siempre vamos al borde del precipicio, con los presupuestos siempre en estrés. Aunque creemos en el tema medioambiental, nuestro presupuesto llega hasta donde llega y nadie nos ha facilitado nada”, defiende.

Los Ayuntamientos y las Comunidades autónomas son responsables de las emisiones difusas, mientras que las fijas corresponden a las grandes industrias y centrales, competencia del Gobierno central. Muchos ciudadanos ven aún la batalla por la crisis climática como una cuestión lejana de los Gobiernos y un acuerdo mundial, por eso las medidas cercanas de los municipios tienen tanta relevancia: pueden completar la electrificación de sus autobuses urbanos, multiplicar los carriles bici, implantar más puestos de recarga para coches eléctricos, planificar espacios para huertos solares o molinos eólicos en suelos industriales sin valor ecológico, o fomentar las comunidades energéticas, entre otras medidas, destaca Sara Pizzinato, coordinadora de clima, energía y movilidad en Greenpeace. “Hay grandes declaraciones de las ciudades para lograr las emisiones cero en 2030, pero en la práctica no hay desarrollo normativo y las medidas son insuficientes, necesitamos concreciones”, censura.

Málaga por ejemplo aprobó en 2020 su plan municipal denominado Alicia, pero la oposición censura que el cumplimiento de sus medidas es muy escaso. “El plan marcaba objetivos muy claros para reducir el tráfico y las emisiones de CO₂, pero no hay un interés por parte del equipo de gobierno”, critica Begoña Medina, viceportavoz socialista en esta ciudad. “Tras 28 años de gobiernos del PP y tres desde que se aprobó el plan, han pedido incluso una prórroga para la zona de bajas emisiones. Al fracaso de la movilidad para reducir los vehículos privados, se le suma la escasez de zonas verdes”, añade.

La ley andaluza contra el cambio climático establece que los Ayuntamientos deben elaborar cada dos años un informe sobre el grado de cumplimiento de sus planes locales, obligación que se omite a menudo, según los expertos consultados. Tras el pico de emisiones difusas alcanzado en la región en 2007 con 35 millones de toneladas de CO₂, estas bajaron hasta los 25 millones en 2021, según cifras oficiales. El 50% provienen del transporte y la movilidad, el 23% de la agricultura, la ganadería y la pesca, y el 11% de los residuos.

En la constitución hace 10 días del Consejo Andaluz del Clima, Ecologistas en Acción reclamó a la Junta que eleve su compromiso de reducción de gases de efecto invernadero del 41% al 55% respecto a los niveles de 1990, para así contribuir a mantener la subida de la temperatura mundial por debajo de los 1,5 grados en 2030. El efecto real de las medidas del Gobierno andaluz y los 785 Ayuntamientos es muy limitado para esta ONG. “La política climática en Andalucía se desarrolla a ritmo muy lento, con ambición limitada y, hasta la fecha, con una menguada participación ciudadana”, criticó la organización conservacionista.

Ante el ritmo actual de las emisiones de gases y el progresivo calentamiento global, el futuro de la región a finales de siglo es oscuro. El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático de la Junta dibujó en 2011 un escenario muy vulnerable a los impactos previstos, con sequías cada vez más extremas, reducción de recursos hídricos, incremento de incendios forestales y desaparición de playas. Para el año 2100, el cálculo sobre el aumento de temperaturas en la comunidad fijaba una horquilla entre los 4 grados y los 5,4 grados y un descenso de las lluvias entre el 10% y el 18%. La proyección a finales de siglo situaba el tope de calor en el municipio de Iznalloz (Granada), con una subida de 5,9 grados más, y un descenso máximo de las lluvias en Algamitas (Sevilla), con un 25% menos.

En España, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) carecen de datos sobre cuántos de los 8.131 pueblos y ciudades cuentan con plan local de acción por el clima. De las 17 comunidades solo seis obligan a sus municipios mediante leyes a elaborar planes de acción local, aunque Galicia y País Vasco tramitan ahora normas para dicha imposición, según un recuento del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA). En paralelo, cinco ciudades -Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza- han sido seleccionadas por la Comisión Europea para concederles la “etiqueta misión”, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática y las cero emisiones en 2030. Barcelona y Sevilla están en periodo de evaluación, precisa el Ministerio de Ciencia e Innovación.