La mayor fosa del franquismo comienza a hablar 87 años después: “Quiero saber lo que le pasó a mi familia”

Encarna Bernal tiene 100 años y lleva toda su vida buscando a su padre José. El tiempo le ha cansado la memoria y ya no es consciente de que, si su salud aguanta, podría estar a punto de conseguirlo. El 27 de octubre una excavadora empezaba a remover la tierra del cuadro de la Virgen de los Dolores del cementerio cordobés de La Salud, donde entre julio de 1936 y el 1937 se enterró a los represaliados por los sublevados. 87 años después, y tras múltiples retrasos en el inicio de las exhumaciones, por fin han comenzado los trabajos para localizar y tratar de identificar los restos de las 4.000 víctimas del franquismo que se calcula que yacen en ese camposanto y en el de San Rafael, ambos en la capital cordobesa.

“Ha pasado demasiado tiempo”, se lamenta Marga Moyano, la hija de Encarna, en conversación telefónica desde Barcelona, donde ambas residen. “Mi abuelo trabajaba en el Círculo Mercantil, y era el secretario del sindicato de camareros. Lo detuvieron allí el 28 o el 29 de julio y lo fusilaron el 5 de agosto del 36. No tenemos certificado, pero ese fue el día en el que le dijeron a mi abuela que no volviera más a visitarlo a la cárcel”, explica. Su madre tenía 12 años entonces y participaba como mascota y presentadora de eventos en el movimiento pioneros, organizaciones juveniles comunistas. “Ella siempre quiso saber y nunca nos ocultó lo que vivió en la guerra”, cuenta. Vivían cerca del cementerio . “Los tiros se oían desde casa de mi abuela, hasta es posible que escucharan los que asesinaron a su marido sin saberlo”, añade.

Las investigaciones apuntan a que bajo la tierra de los cementerios de La Salud y San Rafael se extienden las fosas con más represaliados del franquismo, muchos fusiladas en el arranque de la guerra y otros fallecidas después en la cárcel. “Hemos identificado a 2.203 víctimas, que son las que aparecen con nombres y apellidos en el archivo provincial. Ahora son los profesionales los que deben hacer su trabajo para saber quiénes fueron los otros 2.000″, explica Antonio Deza, presidente de la asociación memorialista Dejadnos llorar, una de las principales impulsoras de los trabajos de exhumación . La Salud y San Rafael no solo son notorios por el número de asesinados que albergan, sino por su procedencia. Además de toda la provincia de Córdoba y todo el territorio andaluz, también yacen cuerpos de otras 34 provincias de España, además de extranjeros de hasta 15 nacionalidades.

Las fosas encierran a víctimas asesinadas entre el inicio de la guerra y 1945. “Córdoba fue una de las provincias donde la represión fue más cruenta. La mayor parte del territorio cayó en manos de los sublevados muy pronto, pero en el norte se mantuvo un frente activo que fue el último en caer. Eso explica que haya fallecidos de tantas provincias, porque el ejército republicano se nutría de soldados que venían del resto de España”, explica Francisco Acosta, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba.

El presupuesto destinado a las exhumaciones asciende a 1,2 millones de euros, costeados a través de un convenio firmado en 2020 entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba cuya ejecución se ha ido demorando. “Que empiecen es muy importante para los familiares, también para los que han fallecido mientras esperaban a saber en estos años ¿Cómo puede ser que Córdoba pueda tener una de las mayores fosas comunes del mundo y que hayan pasado 87 años sin hacer nada?”, señala Deza.

Familias marcadas por la Guerra Civil

Es lo que le pasó al padre de Loli Ramírez. “Me voy a morir sin saber dónde está mi tío”, le dijo una semana antes de fallecer, en 2017, con 89 años. Justo una semana después localizó no uno, sino dos certificados de defunción de su tío abuelo Germán Ramírez. “Uno dice que lo fusilaron el 13 de junio del 39 y otro afirma que se lo encontraron asfixiado en la cárcel el 14 de junio de ese mismo año, un día después”, cuenta Ramírez. La Guerra Civil marcó a su familia. “A mi abuelo lo condenaron a muerte, pero lo eximieron después, a uno de sus hermanos lo soltaron cuando se dieron cuenta de que estaba enfermo del corazón ; otro saltó del camión, se hizo pasar por tonto y huyó a Marruecos. A mi tío Germán lo detuvieron con 25 años porque ‘tenía dudosas ideas marxistas’ y lo condenaron a la pena capital el 27 de abril del 39″, relata su sobrina-nieta, que tiene otra tía abuela por parte de madre enterrada en San Rafael. “También la están buscando sus nietas”, explica.

José López Tejero también tiene enterrado a su abuelo en La Salud y a su tío en San Rafael. Otra familia a la que la Guerra Civil trastocó la vida. “El 41 fue un año nefasto porque fue cuando murieron los dos”, explica. A su abuelo, Juan López Guisado, lo detuvieron en Posadas simplemente por ser el padre de hijos comunistas. “Fue al comienzo de la guerra, luego lo soltaron y después volvieron a meterlo en la cárcel, donde murió por neumonía sin ser juzgado”, explica. Su tío, también Juan, era comisario político del PCE y fue detenido en Chinchilla (Albacete) en el 39. “Su consejo de guerra duró bastante porque lo confundieron con otro que se llamaba igual. Falleció también en la cárcel, pero no sabemos por qué o de qué porque aparece tachado en el certificado”, explica. “Mi abuelo estuvo en un campo de concentración tras la Batalla del Ebro”, cuenta. Otro de sus tíos escapó a Francia y el cuarto fue liberado por tener problemas de salud. “Lo que quiero es saber qué le pasó a mi familia”, pide Tejero.

Esa es la tarea que ahora le corresponde a Daniel García Quiroga, doctor en Arqueología de la Universidad de Granada y coordinador de los trabajos de exhumación en el cementerio de La Salud. “La primera fase del trabajo es delimitar la fosa para después establecer la cronología, buscar los restos y tratar de cotejarlos con los testimonios orales e investigaciones, además de las muestras de ADN, para tratar de darles identidad”, explica García Quiroga. “Entre el 36 y el 37 tenemos unas 1.000 víctimas con nombres y apellidos, pero la base de la represión era el ocultamiento por lo que puede haber muchos más”, abunda el arqueólogo.

Su colega Carmen Romero va a estar al cargo de los trabajos en San Rafael, de menor envergadura. “Las transformaciones en el cementerio hacen que vayamos a encontrar restos posteriores a 1939. Estamos hablando de una fosa común de grandes dimensiones con restos pertenecientes a personas que tuvieron un juicio sumarísimo y fueron condenados a morir fusilados y los que murieron en prisión. Esos serán los más difíciles de identificar”, indica. Romero no quiere avanzar cuántas víctimas pueden hallar porque no hay documentación específica: “Sería aventurar”.

Pico Reja como ejemplo

Ramírez y Tejero asistieron el domingo 22 de octubre al homenaje de las asociaciones memorialistas a las víctimas en el cementerio de La Salud. Un acto simbólico para poner un punto y final a su larga labor de impulso para abrir las fosas. Pero van a estar vigilantes para que los trabajos no solo se ciñan a la exhumación, sino que permitan arrojar luz sobre cómo fue la represión. “Si esto solo se limita a un trabajo de exhumación, la verdad no va a conocerse por completo. Lo que aquí pasó forma parte del patrimonio cordobés, es una herramienta para evitar que se cometan errores del pasado”, afirma Mar Téllez, portavoz del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía.

El ejemplo está en Pico Reja, la fosa del cementerio de San Fernando en Sevilla que ha permitido certificar la crueldad de los sublevados sobre la población. Entre las asociaciones memorialistas hay cierto recelo sobre la relevancia histórica y social que el Ayuntamiento cordobés, gobernado por el PP, vaya a darle a las exhumaciones de La Salud y San Rafael.En la reunión que mantuvieron con el consistorio consiguieron arrancar el compromiso para la creación de una oficina de la memoria que intermedie con los familiares. “Si el Ayuntamiento no lo hace, nosotros elaboraremos nuestros folletos para explicar lo que pasó allí”, advierte Luis Naranjo, presidente del Foro por la Memoria Histórica. “La oficina debería estudiar cómo fue la represión y cómo murieron las víctimas”, sostiene Carmen Sánchez, presidenta de la plataforma Comisión de la Verdad.

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Ramírez y Tejero están esperando a que se confirme si se levantará un columbario para honrar a los represaliados, como en Pico Reja y decidir entonces qué hacer si encontraran a sus antepasados. Mayoral ha perdido la esperanza de localizar a su abuelo. “ Nos han engañado mucho”, sostiene, atendiendo a la demora en el arranque de las exhumaciones y en la tardanza en el cotejo de ADN en el caso de otras fosas. Deza piensa en el futuro: “Si con esto se aporta un granito de arena para la paz de las nuevas generaciones, el esfuerzo habrá merecido la pena”.