Despedido por denuncias de acoso laboral y sexual el número dos del organismo europeo de investigación LifeWatch

El organismo europeo de investigación LifeWatch ha despedido a su número dos y director técnico, Juan Miguel González, tras una investigación interna por acoso laboral y sexual en la que han participado medio centenar de científicos de dicha institución, creada por la Comisión Europea hace seis años y financiada por ocho países. El directivo fue destituido a principios de junio por “graves conductas indebidas”, según dicha institución, pero los testimonios de sus jefes de equipo y empleados subordinados elevan la gravedad de los hechos. “El detonante [de su despido] acabó siendo una baja laboral de una compañera que denunció acoso sexual y laboral. El abuso de autoridad y el acoso laboral eran muy evidentes, pero también su agresividad y comentarios sexistas. Le gustaba el escarnio público y su anterior secretaria pidió una baja voluntaria y se fue”, censura un investigador del centro, que pide anonimato.

La dirección de LifeWatch apartó de sus funciones a González el pasado abril y durante dos meses ha entrevistado a los 47 científicos que estaban a su mando, junto a una consultora externa que en paralelo también ha indagado sobre el comportamiento supuestamente tóxico del directivo. El resultado ha sido el cese del alto cargo hace tres semanas tras incumplir el código de conducta del organismo y la destitución de su esposa, Carmen Matamoros, gerente de proyectos, el pasado miércoles por “contratación indebida”, según la institución. El convenio colectivo de LifeWatch recoge el acuerdo marco europeo sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo, presuntamente infringido por González.

El presidente ejecutivo del ente, Christos Arvanitidis, que ha dirigido las pesquisas internas, aclara que el despido ha sido motivado por “graves conductas indebidas”. “Ha habido un procedimiento interno con muy malos resultados y asuntos muy sensibles. Hay reglas en esta organización”, ha añadido el dirigente griego, que rechaza ofrecer más detalles a la espera de la demanda por despido improcedente, que González presentará esta semana, según confirma su abogado, Carlos García-Quiles. El exdirectivo pidió a este diario el pasado viernes retrasar la publicación de esta noticia hasta finales de junio “por el Betis y por España”, y este lunes añadió: “Ha habido un procedimiento interno sin tribunales, no sé dónde está la noticia”. A continuación, colgó la llamada telefónica.

Los ingenieros, biólogos y matemáticos de esta infraestructura de investigación internacional, que gestiona una treintena de proyectos sobre biodiversidad y ecosistemas con miles de científicos universitarios colaboradores, soportaron las directrices de González hasta que hace unos meses varios cargos intermedios dijeron basta. “Este pasado invierno nos dijo a varios que había tenido un cáncer terminal y que por fin estaba curado. Ahí fue cuando muchos dijimos ‘hasta aquí hemos llegado’. Si le contaban algo, [González] lo contaba como si lo hubiera padecido él e inventaba historias. Como jefe, avasallaba y te hacía sentir mal. No echaba broncas en privado, sino que convocaba a todos los jefes para echarlas con testigos. El ataque frontal a la integridad de las personas era insoportable”, incide este investigador.

González, según las denuncias, prohibió a su equipo comunicarse con las oficinas centrales de LifeWatch, ubicadas en la Plaza de España sevillana, para así controlarles, y cuando la directora de recursos humanos del organismo, Elena Delgado, tomó posesión, González prohibió a sus 47 científicos relacionarse con ella. “Los mecanismos de control interno podrían revelar otras irregularidades”, añaden fuentes del organismo europeo, con unos tres millones de presupuesto anual.

Llueve sobre mojado. En 2010, una científica de la Estación Biológica de Doñana, el centro de investigación del CSIC, denunció en los tribunales a González por acoso laboral, pero la juez de lo Social desestimó la demanda por falta de testimonios en contra del directivo. González era entonces vicedirector técnico del centro público investigador, pero a pesar de que sus propios compañeros directivos le denunciaron internamente ante la cúpula del CSIC, este organismo no tomó medidas contra González.

“Dentro de lo problemático que puede ser, yo lo llevé a la Estación Biológica y le saqué una plaza porque me parecía brillante. Tiene una excepcional valía, pero en equipo generaba problemas y mete la pata continuamente. Le dije al ministerio ‘os lleváis un gran tipo, pero que trabaje solo”, admite el exdirector de la Estación Biológica de Doñana en 2010, Fernando Hiraldo. “Yo no le di una patada hacia arriba. Loco puede estar, pero no es mala persona”, añade sobre su traslado a la sede madrileña del Ministerio de Ciencia e Innovación, tras sentarse González en el banquillo.

¿Cómo ha podido ostentar cargos de responsabilidad en el ministerio y el CSIC durante tantos años? “La única explicación que le doy es que sobreviviera por pesado. Es hiperactivo, con mucha iniciativa y en efervescencia permanente, pero sin ninguna profundidad y una sexualidad no centrada, sin serenidad ni sensatez. No es científicamente brillante, pero encontró una mina en los proyectos europeos”, reflexiona un ex alto cargo del ministerio que lo conoció bien y que pide preservar su identidad.

La asamblea general de la infraestructura de investigación LifeWatch, de la que forman parte sus países financiadores —España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Eslovenia y Portugal—, tiene previsto reunirse en breve y en dicho encuentro Arvanitidis ofrecerá detalles sobre la destitución de su ex número dos. Sevilla ostenta la sede principal de LifeWatch —junto a Ámsterdam y Lecce (Italia)—. Este lunes González se ha incorporado al Ministerio de Ciencia e Innovación, dado que tiene plaza como funcionario, según confirma su abogado y fuentes del CSIC.

Inacción desde el CSIC

La denuncia de una bióloga contra González en 2010 por acoso laboral no prosperó por falta de testimonios probatorios, y la queja interna ante la cúpula del CSIC por “estrés o acoso”, elevada por tres mandos de la Estación Biológica de Doñana el 19 de mayo de 2011, también cayó en saco roto.

Los tres cargos denunciaron ante la dirección del CSIC que González habló a su subordinada “reiteradamente con gritos, amenazas de despido, intimidaciones y coacciones”, además de “atribuirle errores no cometidos”. Juan José Negro, entonces director en funciones, era uno de los mandos denunciantes que cargaron contra el vicedirector técnico, pero en el juicio cambió de opinión y testificó a favor de González. Poco después, Negro sería nombrado director de la Estación Biológica de Doñana.

Como resultado de la denuncia interna, se desplazaron desde Madrid a Sevilla la jefa coordinadora de los servicios de prevención del CSIC, María Concepción Azuara, y el director del servicio de prevención de riesgos laborales, Joaquín Jesús Quirós. Ambos se reunieron con los responsables de la Estación Biológica en la capital andaluza y concluyeron que todo se había limitado a “una dinámica de comunicación incorrecta y a una falta de adaptación a nuevas situaciones laborales”, según refleja la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Sevilla, fechada en 2013. El informe absolutorio final sobre González no fue comunicado a la trabajadora denunciante.

La sentencia describió a González, ingeniero de telecomunicaciones, como una persona “carente de diplomacia dentro del trato, con una comunicación incorrecta y agresiva”. El fallo narra las tensas discusiones laborales en la sede científica: “Una situación de enfrentamiento y reproches, con escasa cortesía, falta de educación, concluyendo con una frase inapropiada, incorrecta y de una falta de respeto a las normas básicas de convivencia”, reprocha sobre el papel de González como jefe.

El CSIC, la mayor institución científica del país y que cuenta con más de 13.000 investigadores en 124 institutos, aprobó en 2009 su propio protocolo de actuación frente al acoso laboral. Sobre la eficacia de las denuncias internas, fuentes de una de las comisiones de igualdad con los que cuenta el organismo en sus centros, critican: “El CSIC no tiene un proceder limpio y transparente. Cuando comunicas un caso de acoso al CSIC y al ministerio, siempre con nombre y apellidos, luego ellos no informan del proceso. Muchas mujeres no dan el salto al ámbito penal porque es un proceso largo y costoso”.