El PP retoma la senda del consenso con el PSOE para renovar el Consejo Consultivo

Todas las renovaciones de órganos de extracción parlamentaria en esta legislatura se han hecho con acuerdo entre todos los grupos. Faltaba la decisión sobre el Consejo Consultivo, el órgano de asesoramiento legal de la Junta de Andalucía y de las corporaciones locales, que debe informar de todas las leyes y decretos del Gobierno andaluz. El PP ha pactado con el PSOE las nuevas incorporaciones, retomando una senda de consenso que quebró sin avisar la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, han mantenido contactos para lograr la renovación de este órgano cinco años después de la última y polémica renovación. En enero de 2018, Díaz rompió una norma no escrita de consensuar con el principal partido de la oposición los nuevos nombramientos, una regla que se había seguido desde que se constituyó por primera vez en 1993. Aunque el Gobierno andaluz no está obligado por ley a pactar los nombres —no requiere de ninguna votación parlamentaria― y es una competencia que corresponde por decreto al Ejecutivo, lo habitual era que PSOE y PP lo pactaran respetando el peso parlamentario de cada cual. Díaz se olvidó de este compromiso informal que la entonces portavoz del grupo popular, Carmen Crespo, tachó de “cacicada”.

La situación en el Consejo Consultivo no es similar a la del Consejo del Poder Judicial, donde el PP mantiene su veto que impide la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Se necesita el voto favorable de 210 diputados que solo se alcanzan con la suma de los escaños del PSOE y el PP. En el caso del Consejo Consultivo, no existe la posibilidad de bloqueo de la oposición.

Al acuerdo al que han llegado y que aprobó este miércoles el Consejo de Gobierno supone la salida como miembro electivo de la comisión permanente del expresidente andaluz Rafael Escuredo, cuyo mandato está agotado al cumplir los 10 años en el cargo. Este puesto está retribuido con 68.149,92 euros anuales.

Según ha informado la Junta, para la Comisión Permanente han sido designados María Luisa Roca, Diego Martín Reyes, Luis García Navarro y María del Carmen Mingorance. Permanecen en el cargo Mar Moreno y Antonio Dorado. En cuanto al pleno del Consultivo, los nuevos componentes son Ana Pérez Vallejo, Miguel Olmedo, Eloísa Pérez de Andrés y Javier Lara. Permanecen en el cargo Eva Blanco y Juan Antonio Carrillo. El Gobierno autónomo asegura que “todos ellos son juristas con una dilatada experiencia y trayectoria acreditada”.

Entre las incorporaciones llama la atención la de Luis García Navarro, quien fue abogado del PP en el caso de los ERE. Mientras ejercía el peso de la acusación particular, García Navarro compatibilizaba su trabajo de letrado con el secretario adjunto del Consejo de Administración de Radio Televisión Andalucía (RTVA), puesto que requería exclusividad y por el que cobraba más de 65.000 euros al año, según informó el diario ‘Público’. Hasta hoy era alto cargo de la Junta al frente de la secretaría general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración de la Consejería de Justicia.

Entre los tres nombres propuestos por el PSOE, figura el abogado Diego Martín Reyes, quien presidió la comisión gestora que gobernó el Ayuntamiento de Marbella cuando fue disuelto en 2006 por una trama de corrupción urbanística. Los otros dos nombres que Espadas habló con Sanz, según fuentes socialistas, son Eva Blanco y Mar Moreno. La que fuera presidenta del Parlamento andaluz, vicesecretaria general del PSOE y consejera de la Presidencia, votó a favor del dictamen sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno andaluz al impuesto de las grandes fortunas. El Consultivo se dividió en dos y fue necesario el voto de calidad de su presidenta, María Jesús Gallardo, para deshacer el empate. La postura de Moreno chirrió en el PSOE.