Comienza el juicio al exalcalde de Linares por asignarse una paga adicional a la de regidor
El proceso contra el antiguo primer edil socialista es la antesala a la moción de censura de este viernes contra el gobierno local de Cs y PP, en una ciudad hastiada por los problemas sociales y políticos
Hace ahora un año, Linares (Jaén, 56.525 habitantes) acaparó los focos y la atención nacional por el estallido social en el municipio. La chispa que encendió la ira vecinal fue la brutal agresión sufrida por un padre y su hija por parte de dos agentes de la Policía Nacional. Unos hechos que no hicieron más que encubrir el polvorín social que vive esta ciudad doblemente golpeada por la crisis.
Ahora, un año después la crisis social se ha amortiguado y ha dado paso a una crisis política que amenaza con paralizar de nuevo a la ciudad. Este lunes ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Jaén el que, durante dos décadas y hasta 2019, fue alcalde de Linares, el socialista Juan Fernández, acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos por haberse atribuido, al margen de su sueldo como alcalde, una asignación mensual de 1.700 euros. Ese dinero, según la Fiscalía no se podía destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo y Fernández “se apropió” de ellas “sin estar legalmente autorizado”. El juicio, que ha arrancado con escenas de tensión por la presencia de varias decenas de simpatizantes de Fernández, llega en la antesala del pleno del próximo viernes donde se debatirá la moción de censura que PSOE, IU y el grupo independiente Cilu han presentado contra el actual gobierno de Ciudadanos y PP.
“No he sustraído nada, a mí la política me ha costado mucho dinero”, ha señalado Juan Fernández durante su declaración ante el tribunal con jurado que lo juzga. El exregidor linarense ha añadido que los 1.700 euros mensuales que recibió entre 2011 y 2017 como portavoz municipal del PSOE respondían a un acuerdo con el partido como forma de compensar los gastos que tenía al margen de su labor como alcalde, por la que ya percibía otra asignación. Y ha apuntado directamente a su compañera de grupo Pilar Parra, actual vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén, como la persona que planteó que ejerciera la portavocía y habría defendido esa asignación adicional para “compensar” los gastos que tenía. Parra, en su declaración posterior, ha negado que fuera ella la que planteara pagar ese suplemento económico a Fernández.
La Fiscalía pide para él cuatro años de prisión por el delito continuado de malversación de caudales públicos y 10 años de inhabilitación absoluta. Por su parte, el PSOE, que es quien ejerce la acusación particular por la querella interpuesta en 2018, eleva la petición de penas hasta los ocho años de cárcel.
Fernández ha sido recibido a las puertas de la Audiencia Provincial por varias decenas de simpatizantes que han lanzado gritos de “justicia” y “traidores” al PSOE. Antes del inicio del juicio ha mostrado, en declaraciones ante los periodistas, su convencimiento de que se trata de un juicio político. “Responde a una manipulación política porque al PSOE no se le puede llevar la contraria”, ha indicado. El exalcalde linarense, que es ahora concejal del Ayuntamiento por la formación Linares Primero, creada por él mismo, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra la jueza instructora de su caso por un presunto delito de prevaricación.
Un año de inestabilidad política
Fernández fue desalojado de la Alcaldía de Linares, adonde llegó en 1999, en las elecciones municipales de 2019 merced a un pacto tripartito entre PP, Cs y los independientes de Cilu. Sin embargo, esta última formación rompió el año pasado su alianza con Cs y PP y desde entonces Linares ha vivido en un clima de inestabilidad política. Como consecuencia de ello, el PSOE, que fue el partido más votado en 2019, ha presentado una moción de censura contra el alcalde, Raúl Caro, de Cs, con el apoyo de IU y Cilu. El motivo esgrimido para la censura es la situación de ingobernabilidad del Ayuntamiento, algo que rechazan de plano los ediles de Cs y del PP.
La semana pasada, en vísperas de la presentación de la moción de censura, Linares vivió otra jornada de protestas que, de alguna manera, evocaron a los disturbios de hace un año. Centenares de personas se concentraron frente al Ayuntamiento para exigir la paralización de la moción de censura, una protesta en la que participaron los principales cargos locales y provinciales del PP y de Cs. Precisamente, ambos partidos han acudido a la justicia para intentar frenar la moción de censura. En concreto, han recurrido a la vía contenciosa-administrativa y demandan medidas cautelares para suspender el pleno y hacer efectiva la ejecución de una sentencia que condena a uno de los concejales socialistas, Daniel Campos —anterior secretario local— a seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo por un delito electoral. Sin su voto, la moción no saldría adelante. “Creemos que hay argumentos jurídicos más que suficientes para suspender la moción de censura”, exclamó el presidente provincial del PP, Erik Domínguez.
