El baile de cifras de los fallecidos en Valencia: preguntas y respuestas

Cifras de fallecidos que descienden en lugar de aumentar; números que se estancan mientras siguen localizándose o incluso ya recogiéndose cadáveres, falta de claridad, ausencia de explicaciones… El conteo de los fallecidos a causa de la dana del 29 de octubre en Valencia no solo ha estado en la mira de los generadores profesionales de bulos y conspiranoicos, sino que ha confundido también al conjunto de la población. Mientras los vecinos y los periodistas veían en el terreno cómo se localizaban nuevas víctimas mortales, el contador oficial de los fallecidos no aumentaba e incluso en algún momento descendía. ¿Cómo era posible?

La explicación es relativamente sencilla, aunque ninguna autoridad la ha dado públicamente. Tres fuentes oficiales distintas han estado ofreciendo cifras de fallecidos, cuando solo una, el Centro de Integración de Datos (CID), de ámbito nacional, es la que debe hacerlo, por ley. Este organismo, integrado por forenses y especialistas en identificación de cadáveres de la Policía Nacional y la Guardia Civil al servicio de la autoridad judicial. EL CID solo se había activado dos veces hasta ahora y no estaba en el radar ni de las autoridades autonómicas ni de las estatales: tuvieron que pasar diez días hasta que, por fin, fuesen sus cifras las que se impusiesen a partir del 9 de noviembre. Tras varios bailes de números, el balance se situó a las 20.00 de este martes 12 de noviembre en 215 víctimas mortales.

En el fragor de los primeros días, la lista de fallecidos se alimentó con la información de las fuerzas de seguridad sobre los cadáveres localizados o, simplemente, comunicados, un criterio que acabó creando confusión. Las comunicaciones podían ser inexactas, o en ocasiones se localizaban cuerpos que no era posible rescatar hasta días después: el desfase estaba garantizado. Una fuente desplegada para el levantamiento y la identificación de cadáveres da algunos ejemplos. “Había casos en los que un policía local comunicaba que había cuatro cuerpos en un garaje. En un primer momento, esa información pasaba a ser parte del contador de fallecidos, pero cuando nos dirigíamos allí no necesariamente estaban los cuatro. A uno podía haberlo arrastrado la corriente y encontrarse finalmente en otro sitio. En otros casos, un familiar podía alertar de que su padre había fallecido en el garaje y se computaba, pero el hombre no estaba ahí y acababa siendo localizado [más tarde] en un barranco”, explica.

Con la entrada del CID en escena, el pasado 31 de octubre, el criterio pasó a exigir el levantamiento del cadáver y la asignación de un código alfanumérico para empezar a contar. “Nosotros siempre lo hemos tenido claro. Las cifras del CID siempre han sido fiables. El sistema ha funcionado perfectamente, a pesar de que la dimensión de la tragedia ha superado con creces lo que pensábamos en un primer momento”, dice esta fuente.

¿Cuál ha sido la evolución de las cifras?

Los primeros datos, los del órgano autonómico. El Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado, de la Generalitat valenciana) fue el primer organismo que dio cifras de fallecidos, desde primera hora del día siguiente de los hechos: 51 muertos. Durante casi tres días, hasta el 1 de noviembre, el organismo autonómico fue la única fuente oficial de cifras.

El Centro de Integración de Datos publica sus primeras cifras. Aquel 1 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia comienza a difundir los balances del CID: 162 autopsias realizadas. En esos primeros días, los comunicados hablaban de autopsias realizadas porque, según fuentes del centro, eran equiparable al de los fallecidos que entraban en el Instituto Anatómico Forense instalado en la Feria de Valencia. Con el paso de los días, la llegada de más cuerpos hizo imposible que se les practicara la autopsia a todos en un mismo día, y el número de fallecidos y de autopsias pasó a comunicarse de forma separada.

Disparidades desde el principio. Ya desde la primera cifra dada por el CID —los 162 fallecidos comunicados el 1 de noviembre— hay un desfase con el balance del Cecopi, que en ese momento es de 202 muertos. Las disparidades se mantienen el 3 y el 4 de noviembre: esos días, mientras que para el Cecopi ya son 211 los fallecidos, el CID los rebaja a 190. Fue el inicio de los cuestionamientos sobre el rigor y la veracidad del cómputo, dando pie así a multitud de bulos que acusaban a las autoridades de esconder las dimensiones de la tragedia.

El Gobierno empieza a comunicar sus números. El 5 de noviembre, el comité de crisis del Gobierno central comienza a comunicar también sus números: 211 muertos, la misma cifra que el Cecopi había dado la víspera. Aunque los medios de comunicación informaban del hallazgo de nuevos cuerpos, el Ejecutivo mantuvo inmóvil esa cifra durante tres días más, lo que de nuevo suscitó dudas y críticas sobre cómo se estaba haciendo el balance: porque en aquellos días, entre el 5 y el 8 de noviembre, los números del CID continuaron su evolución y pasaron de 195 a 212.

El ministro Óscar Puente tuitea cifras. A la confusión contribuyó incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, tras admitir que dar cifras no era su competencia, publicó en varias ocasiones en su cuenta de la red social X números que coincidían con los del comité de crisis del Gobierno, diferentes a los del CID. Fuentes de Transportes alegan que los datos que utiliza el ministro corresponden a la información que maneja en cada momento y que, en cualquier caso, terminarán todos ajustados a los del comité de crisis de La Moncloa.

A partir del 9 de noviembre, diez días después de las riadas, las cifras empiezan a coincidir.

¿Quién tiene potestad para computar y comunicar los fallecidos?

El Real Decreto 32/2009, impulsado hace tres lustros por el Gobierno central, determina que, en casos de suceso o catástrofe con gran número de víctimas, debe activarse un Centro de Integración de Datos (CID) para coordinar las actividades de identificación de fallecidos. El CID se constituye en cada desastre y tiene poco rodaje. Se puso en marcha tras el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela en julio de 2013 —donde murieron 80 personas)— y también después del siniestro aéreo ocurrido en la base de los Llanos (Albacete) en enero de 2015, con 11 fallecidos. Esta es la tercera vez que se activa; se constituyó el segundo día tras las riadas, ante la evidencia del alto volumen de víctimas mortales.

Al tratarse de muertes accidentales, que son competencia de los juzgados, la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia que corresponda es la responsable de ofrecer y canalizar toda la información relativa a las autopsias, las identificaciones y otros aspectos relacionados con las víctimas mortales.

¿Cuál ha sido el origen de la confusión?

Parte del problema es que tanto la Generalitat valenciana como el Gobierno han ido dando información sobre los fallecidos por la dana, a pesar de que la ley designa “un responsable de información único”, en este caso el jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El resultado de esas comunicaciones, no siempre coincidentes, sugiere que ni unos ni otros se habían coordinado con el CID que, cuando se pone a trabajar, empieza el cómputo teniendo solo en cuenta los cadáveres recuperados.

Una portavoz de emergencias de la Generalitat incide en que el Gobierno autonómico “no tiene la competencia” en esa materia y que la información que ha transmitido el Cecopi se basaba en la que “reportaban cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. El problema es que esta información, al principio, no consideraba los levantamientos de cadáveres, sino su mera “localización, posible localización o incluso falsas alarmas”, según explica una fuente presente desde el primer día en esta tarea.

Lo mismo ocurrió con las comunicaciones de La Moncloa. En este caso, fuentes del Ministerio del Interior reconocen que el cómputo de cadáveres fue a más velocidad de la que los jueces eran capaces de registrar. “En un primer momento, los cuerpos localizados por Policía y Guardia Civil eran muchos más de los que conseguían levantar los jueces. El Poder Judicial tuvo que nombrar jueces de refuerzo para poder dedicarse al levantamiento en unos momentos donde había muchos y además muchas dificultades para moverse”, explican. En esos primeros días, un dron podía sobrevolar una zona e identificar varios cadáveres que pasaban al cómputo oficial, algo que ahora no ocurriría hasta que efectivamente se pudiesen recoger y registrar esos cuerpos. Fuentes del CID matizan la afirmación de Interior: en realidad no se reforzó con más jueces, sino con más forenses en quienes los jueces delegaron los levantamientos.

El cómputo prematuro explicaría por qué en un primer momento se dispararon las cifras de fallecidos, para luego estancarse: los cadáveres que fueron levantándose, según fue posible acceder a ellos, ya se habían contabilizado inicialmente.

Hay otras cuestiones, ajenas a las autoridades, que han alimentado la confusión. Un ejemplo se vio el pasado domingo, cuando se publicó la noticia del hallazgo de los cuerpos de tres conocidos empresarios que estaban desaparecidos. Ese día el contador de fallecidos no se movió de 214, pero la explicación es sencilla: esos cuerpos habían sido levantados hace unos días, no cuando trascendió, y ya estaban contabilizados.

En la evolución del número de fallecidos se observa que los organismos que dieron las cifras más altas terminaron por congelarlas, hasta que las del CID, más conservadoras y que avanzaban poco a poco, iban alcanzándolas.

¿Cómo se contabiliza a un desaparecido?

El primer balance de desaparecidos no se ofreció hasta una semana después de las riadas, el martes 5 de noviembre: lo hizo el CID, y la cifra estaba entonces en 89 personas. Al día siguiente la cifra subió a 93, y desde entonces ha ido en descenso, hasta las 23 que quedaban registradas como desaparecidas el lunes 11 de noviembre. Una explicación de ese aumento inicial es que aquel 5 de noviembre se habilitaron oficinas, denominadas antemortem, en tres localidades afectadas para denunciar formalmente las desapariciones de familiares. Hasta entonces, las denuncias solo se podían presentar en la jefatura de Policía Nacional y la comandancia de Patraix de la Guardia Civil, ambas en Valencia capital, adonde muchos de los afectados tenían muy difícil llegar.

Esas cifras, también aportadas por el CID, son las únicas válidas. Durante los primeros días se llegaron a contabilizar como desaparecidas a personas a las que sus familiares, telefónicamente, daban por no localizadas —aunque las autoridades se guardaron de publicar ese dato impreciso—. Pero, con el avance de los días y para que legalmente pudieran considerarse desaparecidos, el criterio se fijó en que solo sería válida la denuncia interpuesta en persona por un familiar en las oficinas antemortem. La bajada paulatina de la cifra, día a día, se explica porque, conforme se han ido identificando los cadáveres que permanecían en la morgue, se ha comprobado que algunos correspondían a personas no localizadas.