El Gobierno retira la tramitación de la senda de estabilidad por falta de apoyos

El Congreso no votará el jueves la senda de estabilidad, es decir, el plan que fija los límites de déficit y deuda que deben respetar las administraciones públicas en los próximos tres años. Una votación que estaba condenada al fracaso por la falta de apoyo de Junts y que ha llevado al Gobierno a suspender este martes su tramitación in extremis para evitar un severísimo revés político. Fuentes del Ejecutivo confirman que la primera consecuencia de esta decisión será que el proyecto de Presupuestos para 2025 no podrá presentarse en el plazo legal (antes del 1 de octubre), aunque la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha rechazado la posibilidad de volver a prorrogar los de 2023.

A pesar de la manifiesta debilidad parlamentaria y del mensaje oficial de La Moncloa, cada vez son más los partidarios en las filas del Gobierno de prorrogar las cuentas públicas por segundo año consecutivo. Sería la sexta extensión presupuestaria en la última década. En todo caso, fuentes del Ejecutivo no tiran la toalla y aseguran que ven margen para seguir negociando con Junts su apoyo a la senda de déficit más adelante. “El Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, trasladan fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Otras fuentes gubernamentales reconocen que el Gobierno se ha abierto a modificar el reparto de los objetivos de estabilidad, como exige Junts, y que por eso se ha decidido a aplazar su debate en el Congreso. La sensación es que “hay agua en la piscina” y “hay margen para el acuerdo” en una negociación “en todos los frentes”, aunque en La Moncloa no entran en detalles.

Las negociaciones con Junts han provocado que el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Hacienda y Presidencia, haya acordado la retirada de los objetivos de estabilidad con el objetivo de ganar tiempo y tratar de reconducir la relación con el partido de Carles Puigdemont. Los siete diputados de Junts juegan un papel crucial en la aritmética del Congreso, como demostraron la semana pasada tumbando por sorpresa una proposición de ley para limitar los alquileres temporales tras haber anunciado que se abstendrían. Junts ya resultó decisivo en el rechazo a la senda de estabilidad votada en el pleno del 23 de julio, y todo apuntaba que la situación iba a repetirse, por mucho que el Gobierno lleve semanas concentrando la presión sobre el PP para tratar de lograr al menos su abstención.

El argumento empleado por La Moncloa, sin éxito, es que los presidentes autonómicos y alcaldes populares serían los más damnificados por el rechazo a la actualización de la senda de estabilidad, ya que ese rechazo supondría dejar de invertir casi 12.000 millones de euros en servicios públicos en 2025 y 2026. “Es una de las preguntas que más incomoda a los presidentes autonómicos del PP. Cuando se les requiere por la aprobación de la senda de estabilidad, saben que eso conlleva que pierdan fondos muy importantes para sus comunidades. No hay una lógica entre la acción y el voto de los consejeros de Hacienda de las comunidades donde gobierna el PP, que fue de no rechazar la senda de estabilidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque es lo que terminó haciendo el PP a finales de julio”, ha subrayado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Alegría ha incidido en ese comportamiento contradictorio del PP. “Pedimos, de nuevo, un ejercicio de responsabilidad al PP. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se abstuvo, porque sus presidentes saben que esos 12.000 millones de euros son beneficiosos para la ciudadanía que atienden. Sin embargo, una vez más se impuso una decisión irresponsable, errática, de ir siempre contra el Gobierno. Y en realidad el PP no vota en contra del Gobierno, vota en contra de la ciudadanía de este país”, ha recalcado.

Fuentes del Ejecutivo explican que el lunes comenzaron a explorar la posibilidad de aplazar la votación, tras constatar la falta de apoyos en el hemiciclo. “Si el PP vota en contra de la senda de déficit es probable que el Gobierno pierda la votación”, reconoció ese día la portavoz del PSOE, Esther Peña, culpando así a Alberto Núñez Feijóo de la previsible derrota parlamentaria y evitando la menor crítica a Junts. La premisa es clara: no enturbiar la ya de por sí compleja relación con el partido de Puigdemont.

El Gobierno defiende que ha presentado una senda avalada por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal, y que flexibiliza los objetivos de déficit para las autonomías y los ayuntamientos en 2025 y 2026, lo que les daría mayor capacidad de gasto. Ese mayor margen lo asumiría la Administración central, que sería quien haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit. Un argumento que, por ahora, no ha servido para amarrar los apoyos suficientes.

Truncar de nuevo la senda de estabilidad implicaría quitar más margen a los territorios durante los dos próximos años, sostienen desde el Gobierno. Estas fuentes aseguran que un informe de la Abogacía del Estado avala imponer la senda ahora vigente, más estricta con autonomías y entidades locales, en el caso de que la nueva propuesta no reciba luz verde. En ese caso, las comunidades perderían dos décimas de margen fiscal en 2025 y 2026, mientras que los ayuntamientos perderían una y dos décimas en el mismo periodo. Hacienda subraya, además, que las reglas fiscales comunitarias volverán a entrar en vigor tras la pandemia y la crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania. Y que, si la senda de estabilidad propuesta no sale, el Gobierno dispondrá de más margen para cumplir con los requisitos de la UE, en detrimento de las comunidades y ayuntamientos, a los que les pasaría justo lo contrario.

Pese a los números del Ejecutivo, el PP sigue enrocado en el no. Lo mismo que Junts. La reunión que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Puigdemont mantuvieron con sus equipos respectivos el viernes pasado en Suiza (el líder del partido independentista permanece huido de la justicia) no ha reconducido por el momento la relación con un socio que fue fundamental para la investidura de Pedro Sánchez y del que depende el Gobierno para poder aprobar su acción legislativa.

El Consejo de Ministros volvió a aprobar el pasado 10 de septiembre la senda fiscal que el PP y Junts ya habían derribado a finales de julio. Y ya entonces la vicepresidenta Montero acusó a Feijóo de las consecuencias que tendría que la actualización de los objetivos de estabilidad no saliera adelante. “La única pregunta que el PP tiene que responder es si quiere obligar a comunidades y ayuntamientos a realizar un ajuste presupuestario en dos años de 11.550 millones o les permite mayor capacidad de gasto. Cualquier otra cuestión son excusas y ruido. Espero que en el PP se instale un mínimo de sentido común, de cordura, para que no le den la espalda ni a presidentes autonómicos y alcaldes ni tampoco a los ciudadanos que viven en estos territorios”, sentenció. Tres de cada cuatro españoles viven en comunidades presididas por el PP.

Desde entonces, todos los intentos del Gobierno para convencer al PP han sido en vano. Sánchez puso el foco en los 5.000 millones de euros que quedaban en el aire para el ejercicio de 2025 en la reunión que celebró el lunes de la semana pasada con los diputados, senadores y eurodiputados del PSOE. Pero en privado todos los interlocutores socialistas y del Ejecutivo consultados reconocen que es Junts, y no el PP, de quien depende la senda de estabilidad y otras votaciones cruciales. Por eso el Gobierno ha decidido dotarse de más margen de tiempo, con la esperanza de lograr el voto favorable del partido independentista.