PSOE y PP cierran la renovación del Poder Judicial en Bruselas tras más de cinco años de bloqueo

Por fin hay acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pacto se ha retrasado más de cinco años y ha exigido la asistencia de la Comisión Europea para que se cumpliera con el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces. La fumata blanca ha llegado en Bruselas, donde el ministro de Justicia, Félix Bolaños, negociador por el PSOE, y el eurodiputado electo Esteban González Pons, designado por el PP, han sellado el acuerdo tutelados por la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Vera Jourová. El pacto ha sido posible tras varios intentos frustrados y cinco días antes de que concluyera el ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace unas semanas advirtió de que, si antes de acabar junio no había solución, reformaría la ley para quitarle al CGPJ la competencia de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo o los presidentes de tribunales superiores y audiencias provinciales.

“Con este acuerdo ponemos fin a una anomalía democrática”, ha lanzado Bolaños tras firmar el documento. Y pese a ese hito, los dos negociadores han salido a dar cuentas por separado y, en ambos casos, acompañados por la checa Jourová. El acuerdo, según han explicado ambos partidos, comienza por la “renovación inmediata” de los miembros de CGPJ ya en julio con una lista elaborada de forma conjunta, con 10 miembros propuestos por cada formación. También en el mismo mes habrá una proposición de ley que reforzará “la independencia del Poder Judicial” estableciendo límites para que los jueces y fiscales que entren en política tengan límites a su vuelta a la carrera judicial. El pacto se basa en el documento que estaba prácticamente cerrado hace un año y medio, cuando el PP decidió echarse atrás en el último momento. Así que ahora estaba todo muy avanzado, aunque haya precisado la tutoría —“no es mi papel arbitrar”, ha explicado la vicepresidencia Jourová—, y así queda de manifiesto en el acuerdo final, que en el punto decisivo ha vuelto a 2022: se renovará el CGPJ con la ley actual y se registrará una proposición de ley conjunta entre el PSOE y el PP, muy parecida a la que se había pactado en ese momento.

En concreto, según el texto pactado, se instará a que, “en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación”. González Pons ha defendido que el pacto garantiza que la justicia sea “más independiente” e inicie “un camino alejada de la política y de los políticos”. Bolaños, por su parte, ha considerado que el CGPJ podrá empezar a trabajar en julio “con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión”.

A pesar de que mucho trabajo estaba avanzado, han sido necesarios casi seis meses desde que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió para volver a las negociaciones la participación de la Comisión Europea como garante del potencial acuerdo. “El acuerdo ha sido garantizado por la Comisión Europea y eso para el PP es muy importante. Sin esta garantía, no habríamos firmado”, ha señalado González Pons, dando a entender la falta de confianza en el Gobierno. Sin embargo, Bruselas está mediando desde enero y no ha sido hasta hace unos días que ha comenzado a tocarse el pacto, un plazo que coincide con el ultimátum del presidente del Gobierno. También ha coincidido con el mensaje que se emitía desde el equipo de Jourová, que señalaban que la checa no iba a aceptar una nueva reunión (hubo varias con el comisario belga Didier Reynders, ahora en excedencia, pero con la vicepresidenta solo esta, la última) si no había avances concretos sobre la mesa.

Reforzando el papel de la Comisión, este martes ambos negociadores han hecho hincapié en que la base del acuerdo eran los informes del Estado de derecho de 2022 y 2023, en los que el Ejecutivo de la Unión analiza la situación de la justicia en cada Estado miembro. En esos documentos, se plantea que España tenía que renovar rápidamente el CGPJ, para cubrir las vacantes que hay en el Tribunal Supremo y que la justicia vuelva a funcionar con normalidad para después proceder a reformar el método en que se hace de acuerdo a los criterios de la Comisión de Venecia, para reforzar la independencia judicial respecto de otros poderes del Estado.

Para cerrar el pacto ha sido importante el compromiso de trabajar en una reforma posterior del mecanismo de elección de los jueces, algo que comenzará con un informe elaborado por el nuevo CGPJ en el plazo de seis meses y que pasará después al Legislativo (Congreso y Senado). El acuerdo de 2022 ya tenía una redacción muy similar de esta propuesta. El PP insistía en que quería que el PSOE asumiera que los jueces eligieran a los jueces, pero los socialistas rechazaban esa idea y solo asumían esta, que el CGPJ haga una propuesta para el futuro. Finalmente los populares aceptaron esta vía intermedia, que ya estaba en 2022, y que entonces le valía a Alberto Núñez Feijóo y ahora también vuelve a hacerlo, pese a las críticas internas de los sectores más duros que le exigían algo más rotundo.

Ambos partidos han convenido también esta tarde cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ. El ministro Bolaños ha aclarado que este acuerdo se limita al ámbito judicial y que no llegaría a otros organismos ya pendientes de renovación o en un futuro próximo (Banco de España, CNMC, RTVE o CNMV).

Se pone así fin al bloqueo que afecta desde hace cinco años y medio al CGPJ y decae el ultimátum que lanzó la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PSOE anunció que si el PP no pactaba antes del 30 de junio, el PSOE y sus socios reformarían la ley para que el CGPJ deje de nombrar de forma arbitraria a los jueces del Tribunal Supremo y se haga con criterios objetivos. Un tercio de los magistrados del Supremo están sin renovar, y con este desbloqueo empezarían a hacerlo con un CGPJ completamente diferente al de los últimos 10 años en los que el dominio conservador fue muy claro. De hecho, el consejo actual responde a un Congreso de los diputados de 2013, con mayoría absoluta del PP.

Los nuevos vocales de procedencia judicial del Congreso serán Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (juez de lo Mercantil de Barcelona), José María Páez (juez decano de Málaga) y José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño). Los del Senado son José Antonio Montero (magistrado del Tribunal Supremo), José Eduardo Martínez Mediavilla (presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo (presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal (Audiencia Nacional) y Lucía Avilés (juez de lo penal de Mataró).

Los vocales juristas del Congreso son José Luis Costa Pillado (presidente del Consello Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal), Pilar Jiménez (fiscal superior de Cantabria) y Argelia Queralt (profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional). Finalmente, los vocales juristas del Senado incluyen a Ricardo Bodas (magistrado jubilado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (letrado de la Administración de Justicia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (letrada de Cortes).