La oficialidad del catalán, en el limbo de la indiferencia europea

La campaña de las elecciones europeas de junio ha hecho retomar a Junts su demanda de que el catalán se convierta en lengua oficial de la UE. Pero esta “prioridad absoluta, total”, del independentismo, como la define el cabeza de lista del partido, Toni Comín, choca con la indiferencia de buena parte de los Estados miembros de la UE, que no tienen ninguna prisa por abordar la cuestión. La mayoría, según fuentes comunitarias, considera que ese asunto responde a un interés político netamente español y que no merece pasar a primera línea en un momento en el que la Unión afronta conflictos mucho más acuciantes y en el que, además, se está negociando una nueva ampliación del bloque, lo que implicará la entrada de nuevos idiomas a agregar a los 24 que ya son oficiales.

Pese a los argumentos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez —que aseguró que incorporar el catalán, el gallego y el euskera a la oficialidad de las instituciones de la UE no creará precedentes para otras lenguas minoritarias en Europa—, algunos países temen además que la iniciativa pueda reabrir conflictos nacionalistas o lingüísticos internos propios, que prefieren no atizar. Unas reticencias que han relegado la propuesta española, que requiere unanimidad para ser aprobada, a un limbo del que parece difícil que vaya a salir pronto.

El propio Gobierno español ha admitido en los últimos días que “no hay plazos” para debatir el tema en Bruselas. Durante el periodo en el que le tocó a España presidir el Consejo de la UE, el segundo semestre del año pasado, el Ejecutivo de Sánchez impulsó fuertemente la iniciativa, pero esta prácticamente ha desaparecido de la agenda durante la actual presidencia belga de turno; y a continuación vendrá el mandato húngaro, con menos visos aún de querer priorizar ese asunto, en un semestre además legislativamente muy paralizado puesto que será el momento de renovar las instituciones europeas tras los comicios del 9-J. Polonia, que asumirá tras Hungría la batuta europea en enero, lo hará bajo el gobierno de Donald Tusk, de la misma familia política que el PP, que se ha opuesto en la Eurocámara al avance del catalán en las instituciones europeas.

La última vez que la cuestión de los idiomas cooficiales españoles surgió en Bruselas fue en marzo, cuando el Gobierno —que lidera esa reivindicación desde 2023, fruto de los acuerdos parlamentarios con los partidos independentistas— envió un informe a los ministros de Exteriores argumentando que el catalán, el euskera y el gallego tienen reconocimiento constitucional en España y que eso les sitúa en una posición distinta a la de otros idiomas minoritarios. Desde entonces no ha habido nuevos gestos o señales. Incluso países a priori favorables a la inclusión de estos idiomas indican que les faltan datos y cifras concretos sobre las implicaciones de este paso antes de continuar la discusión. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha admitido que la discusión en Europa podría durar “años”.

Una respuesta que no le vale a Junts. “Hay un momento en el que las negociaciones de esta magnitud necesitan una implicación directa de los jefes de Gobierno. Es una carta que el Gobierno español tiene aún pendiente de utilizar. Y si tiene que utilizarla, la tendrá que utilizar”, dijo Comín el viernes. Y no dudó en lanzar una amenaza velada a Madrid: “El Gobierno español debe tener muy claro que vamos muy en serio con el tema y que le damos máxima prioridad en nuestra agenda, si quiere avanzar conjuntamente con una fuerza política como la nuestra”. Junts es uno de los aliados imprescindibles del Ejecutivo de Sánchez en el Congreso de los Diputados. ERC lleva también en su programa electoral para el 9-J que “el catalán sea una lengua oficial y de trabajo en la Unión Europea” y espera centrar sus esfuerzos en blindar su presencia en las plataformas de contenido audiovisual, una idea con la que cree que puede generar complicidades con otras lenguas minoritarias.

Las 24 lenguas que ahora sí son reconocidas como oficiales en las instituciones de la UE lo son también en el conjunto de sus respectivos Estados; el catalán, el euskera y el gallego, sin embargo, solo lo son en determinadas comunidades autónomas españolas, no en todo el Estado. Junts usó la bandera de la oficialidad del catalán hace casi un año para hacer campaña a las elecciones generales del 23-J, y también la enarboló Carles Puigdemont, el líder del partido, en su candidatura a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Ahora vuelve a estar en el centro de la campaña de la formación independentista para las europeas. Puigdemont ha reconocido que España “ha tenido que deshacer en muy poco tiempo una estrategia de bloqueo que venía de muy lejos y de muchos gobiernos, tanto del PP como del PSOE”.

Las prisas de los independentistas catalanes chocan de frente con el desinterés y hasta recelos de algunos socios comunitarios sin cuyo apoyo la propuesta está abocada al fracaso. El Gobierno, aun así, es optimista. Según el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, cada vez hay “más respuestas positivas de otros Estados miembros” en las consultas realizadas a través de los embajadores. “Es un asunto que España no va a interrumpir y va a seguir defendiendo”, aseguró en el último consejo de Asuntos Generales —el foro donde hasta ahora se ha tratado el tema de los idiomas—, el pasado martes, donde la cuestión del catalán volvió a estar ausente. Aunque todavía queda una nueva cita en este formato durante la presidencia belga, el 18 de junio, no hay perspectivas de que el asunto regrese a la mesa de discusiones. Para entonces, de todos modos, las elecciones europeas ya habrán pasado y, quizás, la cuestión vuelva a dejar de ser de nuevo tan imperiosa.