Archivado el expediente disciplinario contra dos guardias civiles por un comunicado en el que se llamaba a “derramar” la sangre por la amnistía

Varapalo jurídico al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. La asesoría jurídica del instituto armado ha acordado archivar el expediente disciplinario que el propio Marcos ordenó abril el pasado 13 de noviembre contra dos agentes por la difusión en la página web de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) a la que pertenecían de un comunicado en el que se cargaba contra las negociaciones entre PSOE y Junts por la amnistía y el posterior acuerdo para investir presidente a Pedro Sánchez. El documento acusaba a los dirigentes políticos de haber vaciado de contenido “la misión constitucional” que tienen las fuerzas de seguridad al permitir la “impunidad” de los líderes del procés. En el texto, sus autores se mostraban dispuestos “a derramar hasta la última gota” de su sangre “en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”.

La resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que si bien uno de ellos era el presidente y el otro el secretario de Aprogc, ha quedado acreditado que ninguno fue el autor del texto ni autorizaron su difusión. La investigación interna ha concluido que el texto fue redactado por un abogado que asesora a la asociación y que fue la auxiliar administrativo de Aprogc quien lo subió sin consultarlo “siguiendo el procedimiento habitual”. Los agentes, que fueron suspendidos cautelarmente de sus funciones (y con ello perdieron parte de sus retribuciones) durante tres meses, se enfrentaban a una falta muy grave, que les podía haber acarreado la pérdida de destino e, incluso, la expulsión del cuerpo.

El archivo ha provocado un enorme malestar al máximo responsable del instituto armado, como revela el contenido de la resolución en la que este se da por enterado de la conclusión de la asesoría jurídica y ordena poner punto final al expediente. En este escrito, Marcos aprovecha para volver a cargar contra el contenido del comunicado ―cuya redacción tilda de “un tanto exasperada y alejada de la neutralidad política”― y acusa a los dos guardias civiles de haber maniobrado para trasladar la autoría del texto “a un tercero ajeno a la institución, en concreto, a un bufete de abogados, eludiendo así cualquier responsabilidad”.

El expediente se inició tres días después de que Aprogc ―asociación que defiende el carácter militar de la institución y que en las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, de octubre de 2021, solo obtuvo 865 votos, la mayoría en la escala de mandos, entre los más de 82.000 agentes― colgase en su página web el comunicado. Entonces, el máximo responsable de la Guardia Civil consideró que su contenido vulneraba el artículo 7.2 del régimen disciplinario por suponer presuntamente una “violación de la neutralidad política [a la que están obligados los miembros de las fuerzas de seguridad] en el desarrollo de la actuación profesional”.

Hasta entonces, el Ministerio del Interior había mantenido una política de permisividad hacia este tipo de pronunciamientos públicos, pero solo unos días antes había dado un giro a la misma. De hecho, dos semanas antes había expedientado al dirigente de otra asociación, en este caso de Justicia para la Guardia Civil (Jucil, la mayoritaria entre los agentes) por un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que se criticaba a Pedro Sánchez por la defensa de la amnistía a los encausados del procés. Entonces, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ordenó a los equipos jurídicos del instituto armado estudiar si el autor de aquella crítica incurría en algún tipo de responsabilidad disciplinaria o, incluso, penal. Idéntica medida adoptó cuando se conoció el comunicado de Aprogc. Al dirigente de Jucil se le abrió posteriormente otro expediente por una intervención realizada durante un acto público en Madrid. Ninguno de estos dos han sido concluidos aún, según fuentes de su asociación

Fuentes de Interior explicaron entonces que el cambio de postura ante este tipo de pronunciamientos se había adoptado al considerar que los representantes de los agentes estaban superando con sus manifestaciones públicas los límites de la defensa de los derechos laborales de sus afiliados para intentar ser lo que calificaban como “una suerte de actores políticos”, papel que consideraban que no les correspondía. Los pronunciamientos de los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil contra la ley de amnistía fueron múltiples aquellos días. De hecho, la práctica totalidad de las organizaciones de agentes de ambos cuerpos se sumaron a la ofensiva contra este proyecto que habían iniciado los partidos de la derecha y otros colectivos profesionales, como la judicatura.