Sumar, Podemos y Bildu se distancian del PSOE en temas de gasto militar y vivienda

El socio principal del PSOE en el Gobierno de coalición, Sumar, y otros aliados habituales en el Parlamento, como Podemos y EH Bildu, quisieron este miércoles mostrar sus discrepancias en varios asuntos de calado, como la inversión en Defensa o las soluciones al problema de la vivienda. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tuvo que reconocer en la sesión de control del Congreso sus diferencias evidentes con el PSOE en cuanto a dotar ahora de más presupuesto a Defensa. Unas críticas que más tarde suscribieron desde Podemos y también el portavoz en el debate de EH Bildu con la ministra de Defensa, Margarita Robles. La tensión del bloque progresista se mostró con toda contundencia entre la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, y su excompañera, la exministra Ione Belarra, líder de Podemos. El PP no desaprovechó ese escenario para exigir varias dimisiones.

El PP, en su estrategia de horadar la unidad de la coalición en el Gobierno y de volcarse en sus diferencias de criterio, eligió este miércoles profundizar en la sesión de control del Congreso en las discrepancias entre el PSOE y Sumar, que afectan a otras formaciones aliadas, sobre el gasto en Defensa y la reciente decisión de dotar con más de 1.129 millones a ese Ministerio ante las necesidades que plantean las guerras en Ucrania y la crisis en Oriente Medio.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, agarró ese tema con distancias tan cruciales entre los miembros de la coalición para cuestionar que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar permanezca en el Ejecutivo, no dimita ante la “incoherencia” de esa posición y para cuestionarla porque observa que en los últimos tiempos está “en horas bajísimas”, es decir fuera de foco tras varios fracasos electorales y con poca actividad institucional excepto para “la guerra de guerrillas con Podemos”. También le preguntó sobre si mantiene que quien miente en política debe dimitir, algo que la vicepresidenta reafirmó.

Yolanda Díaz se molestó ante esas atribuciones sobre su disminuida presencia política, pero admitió sin ambages que en la inversión extraordinaria aprobada por el Consejo de Ministros hace apenas dos semanas hubo posiciones encontradas, por otra parte no muy novedosas. “Sí, quien miente debe dimitir y no compartimos el incremento en gasto militar y así está suscitado en el acuerdo de gobierno”, reconoció Díaz. Y aludió así tanto al debate interno en el Gabinete como al acuerdo de investidura que firmaron el 24 de octubre pasado, al inicio de la legislatura, y en el que el PSOE y Sumar se comprometían a trabajar por las soluciones diplomáticas ante todos esos conflictos internacionales. La máxima dirigente de Sumar no quiso incidir más en esa evidente discrepancia con el PSOE, que refrendan también otros socios como Podemos, EH Bildu o el BNG.

Tanto Jon Iñarritu, de EH Bildu, como Javier Sánchez Serna, de Podemos, usaron sus preguntas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para poner en cuestión que España tenga que aumentar los gastos en ese departamento para llegar hasta el 2% como exige EE UU a los socios de la OTAN, pero, sobre todo, para poner en duda que un gobierno progresista como el español tenga esa meta entre sus prioridades cuando en el país hay otras notables carencias.

Otro diputado del PP, Esteban González Pons, utilizó esas desavenencias para reclamar también la dimisión de Robles en Defensa, pero la ministra apenas se dio por aludida ahí y sí rescató la falta de inversión en su área durante los gobiernos del popular Mariano Rajoy para acusar a ese partido, ahora en la oposición, de provocar con “aquellos polvos estos lodos”. Robles, además, defendió ante las invectivas de algunos de sus socios que el gasto en Defensa es inversión en un 90% en cientos de empresas españolas del sector, menor en cualquier caso al que hacen otras naciones europeas de nuestro entorno y argumentó que el Gobierno de Sánchez es pacifista. Y ahí aportó algunos datos: “La industria de Defensa española ha aportado 17.300 millones, el 1,31% al PIB y ha creado más de 210.000 empleos directos e indirectos de alta cualificación”. Luego animó a esos diputados a visitar Ferrol, Asturias, Sevilla, Zamora o Cartagena. Robles remachó: “No hagamos demagogia en estos temas. Ojalá autócratas como Putin oyeran sus mensajes de paz, pero me temo que no lo oyen, y precisamente por eso tenemos que seguir apostando por la paz, por la democracia y por los valores, que es lo que está haciendo el Gobierno de España”.

El debate de fondo pero sosegado entre Robles y Sánchez Serna o Iñarritu se encrespó más ante el tono agrio y el asunto suscitado por la líder de Podemos, Ione Belarra, exministra de la Agenda 2030 de este mismo Gobierno hasta hace apenas unos meses. Belarra arremetió contra el Ejecutivo de Sánchez por su inoperancia en uno de los problemas que más está afectando a los jóvenes, sobre todo en algunas ciudades: “Cómo es posible que un gobierno del PSOE pueda aprobar una ley de amnistía y sea incapaz de congelar los alquileres o sea incapaz de intervenir el mercado del alquiler para bajar de una vez los precios”.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y excompañera de Belarra, intentó explicar que el problema que le compete es “muy complejo” y requiere de la colaboración de muchos sectores, tanto públicos como privados, de varias administraciones y hasta mostró esa disposición a trabajar con las comunidades autónomas, en su mayoría en manos del PP. Belarra no aceptó esa explicación y menos aún la cooperación con el sector privado y ofreció a cambio el modelo de Podemos para solucionar la crisis de la vivienda: prohibir la compra de vivienda que no sea para residir; una moratoria inmediata de pisos turísticos y la regulación urgente del alquiler de temporada; obligar a los grandes propietarios a que pongan la mitad de sus viviendas al servicio de las administraciones públicas para el alquiler social; crear un fondo de compensación para todas aquellas familias que han visto cómo su hipoteca de tipo variable se disparaba en el último año y congelar todos los alquileres durante toda la legislatura.