La Fundación Franco intenta sortear la ilegalización con una leve mención a las víctimas en sus estatutos

La Fundación Francisco Franco asegura que ha cambiado sus estatutos para tratar de impedir su ilegalización, algo que el Gobierno ha confirmado que hará a corto plazo. La entidad privada defensora de la dictadura revela este cambio en sus normas de funcionamiento en un artículo publicado en su web y que lleva por título “Libertad de pensamiento: La Fundación Nacional Francisco Franco se blinda y evita su ilegalización”. En la frase introducida en sus estatutos, la fundación se compromete a actuar con el “máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977″. Y confía en que ese añadido suponga “un blindaje legal frente a la Ley de Memoria Democrática”.

El anuncio se produce después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmara el pasado viernes en la SER que, “si una fundación, espacio o lugar rememora, homenajea o vanagloria a alguien que fue represor, no tiene sentido dentro de la democracia”. “Nosotros no ilegalizamos la fundación, lo que hacemos es extinguirla”, añadió, al ser preguntado directamente por el futuro de la Fundación Francisco Franco. Y apuntó que esta organización privada está en sus “últimos días”, porque en aplicación de la Ley de Memoria Democrática no puede seguir funcionando ninguna asociación que haga apología expresa de la dictadura.

Fuentes del Gobierno aclararon, no obstante, que la ilegalización no es inminente porque aún tienen que producirse una serie de trámites. Primero, el Ministerio de Cultura tiene que modificar la ley de fundaciones y asociaciones para recoger específicamente, como causa de extinción, el “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” o la “incitación al odio”. Después, el protectorado de fundaciones, dependiente de ese ministerio, instaría judicialmente a la extinción de la Fundación Francisco Franco por concurrencia de la causa recogida en la ley de memoria. Y en ese momento el juzgado podría, de oficio o a instancia de parte, acordar la suspensión provisional de sus actividades hasta que se dictase sentencia.

El procedimiento está aún, por tanto, en una fase incipiente. Y el cambio en los estatutos anunciado por la fundación puede ser algo a tener en cuenta pero no tendría por qué ser determinante si, por ejemplo, los artículos que publica la entidad en su web o los actos que organiza siguen implicando una apología del franquismo.

En el último artículo publicado en la web y en el que anuncia el retoque en los estatutos, la Fundación Franco sostiene que en una democracia “prevalece la consideración de las ideas, vengan de donde vengan, en libertad y con respeto a quien piense de modo distinto”. Apunta la entidad que “el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez ya había restringido los esfuerzos del Ejecutivo por poner fin a la Fundación Francisco Franco”. Y añade que el fin de esta fundación no figura en el Plan Anual Normativo de 2024 del Gobierno, lo que, a su juicio, supone que “el Ejecutivo PSOE-Sumar ha reculado en la intención” de situarles fuera de la ley. Algo que el pasado viernes desmintió expresamente el ministro Torres.

En todo caso, la fundación entiende que para su “blindaje legal” ayudará también que, en sus estatutos, haya incluido que, “en el desarrollo de sus actividades, la fundación velará en todo caso por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España comprendido entre los años 1931 y 1977, evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares”. Añade que estos cambios en sus estatutos “han sido aprobados” por el Gobierno, puesto que a los mismos se les ha respondido con “silencio administrativo”.