Al Gobierno se le pasa el año para crear la oficina estatal anticorrupción que quiere llevar fuera de Madrid

La corrupción ha retornado a la agenda y la disputa política estos días con el caso Koldo y uno de los instrumentos previstos para su combate, la ley aprobada hace justo un año para regular la protección de las personas que informen sobre ese tipo de infracciones y la creación de una oficina estatal con una autoridad independiente para investigar esa denuncias, sigue sin aplicarse. El plazo para nombrar al presidente de esa entidad, de reconocido prestigio y con mandato improrrogable de cinco años, se cumple este miércoles y será superado, según fuentes gubernamentales implicadas en el proceso. El Gobierno aún busca en este ambiente de confrontación política permanente a la personalidad que supere el examen parlamentario que se requiere con mayoría absoluta y persigue, además, que la oficina estatal anticorrupción se instale fuera de Madrid en su política de descentralizar este tipo de instituciones.

La primera propuesta para impulsar una Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes partió, en 2016, de Ciudadanos, cuando aún tenía representación en el Parlamento. Entonces el grupo parlamentario socialista la frenó en 2017 con más de 30 enmiendas porque quería extender la protección de los denunciantes de corrupción más allá de los altos cargos, funcionarios y personal al servicio del sector público. Hace un año, el 20 de febrero de 2023, se aprobó finalmente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, unos días después se publicó en el BOE y entró en vigor oficialmente el 13 de marzo de ese año, pero una de sus medidas fundamentales permanece parada a la búsqueda de soluciones.

En su exposición de motivos, la norma destacaba la importancia de la colaboración ciudadana como algo indispensable para la eficacia del Derecho, pero ya advertía: “Esos loables comportamientos cívicos han generado consecuencias penosas para quienes han comunicado tales prácticas corruptas y otras infracciones, como son las presiones por parte de los denunciados”. Y concluía: “Resulta indispensable que el ordenamiento jurídico proteja a la ciudadanía cuando muestra una conducta valiente de clara utilidad pública”. Y abogaba por “asentar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la ley y que no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos”. La finalidad de la ley era y es “proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional”. En el mundo anglosajón, donde está muy implantado ese concepto, se les conoce como “whistleblowers” (quien usa el silbato para dar alerta), por lo que la ley, que es la transposición obligatoria de una directiva europea, también se conoce como la ley Whistleblowers.

En España se empezó a implantar parcialmente en algunas autonomías (Cataluña, Comunidad valenciana, Baleares, Navarra, Asturias o Andalucía) y desde 2018 funciona también en el Ayuntamiento de Madrid, que nominó para ese cargo independiente al exFiscal General del Estado, Carlos Granados, jubilado, que sigue en ejercicio en ese puesto. Los gobiernos autonómicos de la Comunidad valenciana y Baleares, surgidos de acuerdos entre el PP y Vox tras las últimas elecciones locales de mayo pasado, le han puesto la proa a esas oficinas con recortes pese a ser territorios en los que durante muchos años campó a sus anchas la corrupción. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que preside Miguel Ángel Gimeno, sigue en funcionamiento y ha realizado varias denuncias de calado.

La ley estatal ya en vigor para la protección de los llamados “alertadores” o “informantes” y establecer las normas mínimas de los canales de información en todo el Estado y que podría afectar a cualquier administración se estructura en 68 artículos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y doce disposiciones finales. Uno de sus artículos fundamentales es el que establece la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, “con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actuará con plena autonomía e independencia orgánica y funcional respecto del Gobierno, de las entidades integrantes del sector público y de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones”.

En el artículo 53 se fija que esa persona titular de la Presidencia de esa autoridad tendrá rango de subsecretario, será nombrada por real decreto en el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, por un período de cinco años no renovable, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso”, donde deberá ser acordada por mayoría absoluta.

La norma preveía en una de sus disposiciones (la undécima) que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, es decir este 13 de marzo de 2024, el Consejo de Ministros debía aprobar mediante real decreto, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, el Estatuto de esa Autoridad Independiente de Protección del Informante con su organización, estructura y todos los aspectos para su buen funcionamiento. Ese límite no se ha cumplido.

El Gobierno aún está en la búsqueda del perfil de la personalidad que pueda ostentar esa representación y ese trabajo y concite el consenso de la mayoría absoluta de la Cámara, pero fuentes implicadas en esa selección adelantan que no solo no renuncian a aplicar la ley sino que están en las últimas semanas para culminar ese proceso. En el Ejecutivo, según las mismas fuentes, quieren también que esa autoridad no esté radicada en Madrid, como la mayoría de las instituciones, y se asiente fuera de la capital, en línea con la política de descentralización de otros organismos que se quiere llevar a cabo en este mandato.