Así se dio luz verde a 32 horas de registros en el ‘caso Koldo’

A las 08.00 en punto del pasado 20 de febrero, un letrado de la Administración de Justicia y dos agentes de la Guardia Civil irrumpieron en uno de los pisos que Koldo García compró supuestamente en primera línea de costa de Benidorm (Alicante) con las mordidas que cobró por facilitar el acceso a contratos de suministro de mascarillas de la Administración en lo peor de la pandemia. Allí se toparon con María Icíar Izaguirre, la madre del antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, ante la que se identificaron antes de comenzar a registrar el inmueble, donde apenas intervinieron dos móviles. Más jugosa sería la visita que hicieron a continuación a otra de las casas de la familia, en el mismo edificio: allí, tras hablar telefónicamente con otro de los implicados (Joseba García, hermano de Koldo), hallaron 5.000 euros (100 billetes de 50 euros) ocultos en un casco guardado en una estantería; y otros 850 (17 billetes de 50), dentro de la funda de una tableta electrónica. Sin embargo, “en el interior de la caja fuerte” de la vivienda no había “nada”, según resaltó el acta incorporado al sumario abierto en la Audiencia Nacional por el caso Koldo.

El martes y miércoles de la pasada semana fueron dos jornadas frenéticas. Tras meses de investigación en secreto, el 19 de febrero, el juez Ismael Moreno autorizó los registros de las casas, empresas y naves de los principales sospechosos. El magistrado dio luz verde a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, durante 32 horas (desde las 07.00 del 20 de febrero a las 15.00 del 21), buscaran todo tipo de documentación incriminatoria, teléfonos móviles, tarjetas de memoria, ordenadores, discos duros, agendas, cuadernos, fotografías, extractos bancarios...

Según consta en la documentación del sumario, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el juez autorizó entrar en casi una treintena de inmuebles de las provincias de Madrid, Alicante, Cáceres, León, Bizkaia, Zaragoza y Murcia. Entre otros, en la casa de Koldo García y su pareja de Polop de la Marina (Alicante); en los dos mencionados pisos de Benidorm que constan a nombre de Joseba García; en seis propiedades de Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF; en el domicilio de Madrid de Juan Carlos Cueto, otro de los empresarios clave de la presunta red corrupta; en la sede de Zaragoza de la compañía Soluciones de Gestión, epicentro de la trama; y en la vivienda de Getxo (Bizkaia) de Íñigo Rotaeche, apoderado de esta empresa.

A falta de analizar el contenido de la documentación y los dispositivos electrónicos incautados a los sospechosos —que pueden resultar clave para afianzar los indicios ya recabados con las intervenciones telefónica, en opinión de los investigadores—, los registros dejaron otras dos sorpresas. En una casa de Víctor de Aldama en San Sebastián de los Reyes (Madrid), los agentes encontraron un arma de fuego: una carabina del calibre 44 milímetros de la marca Tiger, de repetición manual. “La cual carece de documentación que ampare su posesión de manera legal”, explican los investigadores en un informe.

Durante el registro de la vivienda en Murcia de otro implicado, el empresario Rogelio Pujalte, se hallaron dos “armas prohibidas”: una defensa eléctrica (taser) y una defensa extensible.

La Fiscalía Anticorrupción explicó que, durante estos dos días, se produjeron una veintena de detenciones: entre ellas, las de Koldo García, su hermano Joseba y su mujer Patricia Uriz; la de Víctor de Aldama; y la de Íñigo Rotaeche.