El juez del ‘caso Koldo’ interviene los correos de una decena de altos cargos de Transportes e Interior
La Audiencia Nacional reclama información sobre responsables de ambos ministerios que participaron en las adjudicaciones bajo sospecha
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo de corrupción, ha ordenado a Puertos del Estado y Adif, entidades dependientes del Ministerio de Transportes; y a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, que le entreguen todos “los buzones y carpetas” asociados al correo electrónico corporativo de una decena de altos cargos. En concreto, el magistrado ha pedido los archivos del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020, cuando se produjeron las adjudicaciones bajo sospecha a la trama, encabezada por los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, que presuntamente pagaron comisiones irregulares e “influyeron” en “autoridades” y “funcionarios” para conseguir contratos de suministro de material sanitario en lo peor de la pandemia de coronavirus.
A través de un auto dictado este 19 de febrero, que consta en el sumario y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez acepta la petición de intervención planteada por la Guardia Civil, que quiere obtener este material en busca de “determinadas fuentes de prueba”. El instructor Moreno exige a estos organismos públicos que le entreguen los correos de Francisco Toledo, que ocupaba entonces la presidencia de Puertos del Estado, y de tres de sus subordinados (Álvaro Sánchez, secretario general de la entidad; Aránzazu de Miguel, jefa de área de Contratación y Gerencia de Riesgos; y Belén Caballero, jefa del Departamento Jurídico). A Adif le reclama las comunicaciones de Isabel Pardo de Vera, que ocupó la presidencia de este ente en aquella época, además de haber sido secretaria de Estado de Transportes; y de otros tres cargos (Martín José Navarro, director de Recursos Humanos; Jesús Ángel Díaz, subdirector de Prevención de Riesgos Laborales; y Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas, del que pide también los archivos del periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024).
Por su parte, según deja por escrito el magistrado, al departamento de Interior se le ordena entregar todos los emails de Daniel Belmar, quien fuera subdirector general de Planificación y Gestión de infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado. E, igualmente, se solicita al propio Ministerio de Transportes que facilite “todos los buzones y carpetas del correo electrónico” corporativo de Koldo García, quien fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, así como los archivos de cualquier otra cuenta que hubiera usado desde el 1 de enero de 2020 a la actualidad.
La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. El juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que Aldama y Cueto urdieron un plan para, a través de Koldo García, conseguir contratos millonarios con la Administración durante la pandemia a cambio del pago de comisiones irregulares. Esas adjudicaciones se cerraban a través de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S. L., una presunta compañía pantalla, que manejaban en la sombra. El magistrado Moreno calcula que estas operaciones reportaron a Cueto un beneficio de 9,6 millones de euros; y a Aldama, presidente del Zamora CF, de 5,5 millones. Por su parte, Koldo García experimentó un “incremento patrimonial” superior a los 1,5 millones.
Las pesquisas apuntan que Aldama, que había tejido una relación con Koldo García y que conocía al entonces ministro Ábalos, “gozaba de cierta prevalencia en Transportes”, donde tenía un “pase especial”. “Continuando con la capacidad de influencia de Koldo en lo relativo a estos contratos [bajo sospecha], ha sido detectada una relación personal y directa con dos personas que participaron en dos expedientes de contratación, en concreto el de Puertos del Estado y el de Adif”, puntualiza también el magistrado. Según argumenta el juez al ordenar la entrega de los correos, todos los mencionados participaron de alguna forma “en los contratos que en el año 2020 se adjudicaron a Soluciones de Gestión”. La Guardia Civil ha tomado declaración como testigos a varios de ellos. No ha transcendido que hayan sido imputados.
Por ejemplo, el juez especifica que Isabel Pardo de Vera “firmó documentos del contrato adjudicado por parte de Adif a Soluciones de Gestión”; y “Martín José Navarro firmó diversos documentos”. En el caso de Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas de Adif, el magistrado añade que las intervenciones han permitido vincular a este cargo con Koldo García: “Según los datos obtenidos, el hijo de Joseba, [hermano de Koldo], habría accedido a Adif recientemente a través de la intermediación de Koldo, quien habría contactado con Miranda”.
Las intervenciones telefónicas también han detectado conversaciones con Álvaro Sánchez, secretario general de Puertos del Estado. Sobre este cargo, el juez también escribía en otra resolución: “El interlocutor de Aldama con Puertos del Estado, fue Álvaro Sánchez, que participó en la adjudicación del contrato con número de expediente E/019/20 en calidad de secretario general de Puertos del Estado”.
La Guardia Civil encuentra nuevas conexiones de Aldama con un miembro del PSOE
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han encontrado nuevas conexiones de miembros del PSOE con Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y uno de los dos empresarios claves del caso Koldo. Los agentes han rastreado a los presuntos integrantes de la red societaria de Aldama y han establecido su vinculación con Cristian Abel Corvillo, que habría “ocupado cargos” en el partido en Córdoba; y con su hermano, que aparece como cabeza de lista de la formación en 2019 a las elecciones municipales en Villalobos (Zamora). Según consta en el sumario, al que tuvo acceso EL PAÍS, el instituto armado sospecha que Cristian Corvillo habría ejercido como testaferro del empresario, al intermediar para la compra de una casa en la urbanización de La Moraleja, en Alcobendas (Madrid); y, en el caso de su hermano, estaría vinculado a alguna de las compañías utilizadas por Aldama (entre otros fines, presuntamente para intentar ocultar los beneficios obtenidos a través de la trama).
Los hermanos son del municipio de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). Fuentes del PSOE provincial admiten que Cristian Corvillo forma parte del partido. Los medios locales publicaron, además, que era cercano a Ábalos y que fue el principal asesor de Carmen Victoria Campos en las disputadas primarias para elegir al candidato socialista a la alcaldía de Córdoba en 2023, que ganó Antonio Hurtado. Según estos medios, Corvillo era el responsable de la campaña interna de Campos, que perdió. EL PAÍS intentó ponerse en contacto sin éxito con Cristian Corvillo a través de varios miembros del PSOE de Córdoba, y del teléfono de sus empresas. En conversación con su hermano, que admitió conocer a Aldama, este negó cualquier irregularidad. Según cuenta este hermano, llegaron a constituir dos empresas, pero nunca tuvieron actividad. También añade que la Guardia Civil no se ha puesto en contacto con él, y que no tiene relación con el PSOE de Córdoba y que no sabe por qué su nombre sale en las listas de Villalobos (Zamora) de 2019.
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