La Fiscalía ignora la petición de la ONU de acoger a un chico gambiano que asegura ser menor de edad

Más de una semana lleva Ibrahim, un chico de Gambia que llegó a Canarias en cayuco el pasado agosto, sin tener un lugar permanente en el que dormir. El joven fue sacado el 12 de febrero del centro de menores en el que estaba —una ONG había logrado que fuera acogido allí temporalmente— en cuanto la Fiscalía decretó que era mayor de edad. Ibrahim, que pide que no se revele su identidad, es para las autoridades españolas un adulto, a pesar de que él alega que tiene 14 años y aporta para demostrarlo un pasaporte, un acta de nacimiento, un certificado de autenticidad de su embajada y un informe policial que no ve indicios de falsificación. Ante el riesgo de que acabase en la calle, Fundación Raíces elevó su caso al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas que, sin entrar en el fondo del asunto, emitió el pasado día 14 un dictamen pidiendo a las autoridades españolas que readmitiesen a Ibrahim en un centro de menores mientras se resolvía el caso. Ocho días después, ni la Fiscalía, ni la Comunidad de Madrid han movido ficha y el chico sigue durmiendo en un espacio para personas sin hogar donde solo se le permite ir al anochecer y donde no sabe hasta cuándo podrá quedarse. Este jueves el Defensor del Pueblo ha pedido a ambas instituciones que realicen las “gestiones necesarias” para cumplir con la indicación de la ONU.

Ni el Comité de Derechos del Niño ni la Fiscalía ni la Comunidad de Madrid han respondido a las preguntas de EL PAÍS.

El caso de Ibrahim refleja la situación que están viviendo en España decenas de jóvenes procedentes de Gambia. Ante el presunto fraude de pasaportes de ciudadanos de esa nacionalidad, que supuestamente falsifican su edad para poder ser acogidos como menores, la policía ha activado todos sus radares y sospecha de cualquier documento que venga de ese país. La Policía Científica ha elaborado un informe técnico en el que se enumeran las razones para cuestionar la veracidad de los datos contenidos en los pasaportes gambianos. El documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, destaca que en el país africano conviven dos pasaportes: uno que contiene datos biométricos y más fiable y otro, más antiguo, que no solo no contiene las huellas del interesado sino que puede emitirse a través de un apoderado o un familiar.

La embajada de Gambia ha certificado la veracidad de los documentos de varios de estos chicos, incluido Ibrahim, pero eso no está siendo suficiente para que agentes y fiscales les crean. El resultado es que las fiscalías de menores están decretando la mayoría de edad y sacándolos de los centros de menores, a pesar de que los chicos (y los abogados que los representan) insisten en que tienen menos de 18 años. La diferencia entre ser considerado menor o adulto es enorme, porque los menores, por ley, deben ser acogidos por la administración y no pueden ser expulsados.

“Si se quiere cuestionar la validez de un pasaporte oficial expedido por un país al que España reconoce como Estado soberano, la única manera de hacerlo es impugnar de manera individual aquellos documentos sobre los que pesen indicios de falsedad”, explica una jurista familiarizada con estos casos. Así lo dictamina también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sentenció en 2020: “El valor acreditativo del menor de edad que resulta de la documentación oficial expedida por las autoridades competentes de los países de origen debe prevalecer sobre las dudas suscitadas en la Fiscalía acerca de la fiabilidad de la edad que consta en una documentación oficial que no ha sido invalidada ni desacreditada por las autoridades que la expidieron y que tampoco presenta indicios de manipulación”.

Ibrahim fue tratado como un adulto desde que desembarcó en Canarias, y pasó por centros de acogida en Granada y Barcelona hasta que acabó en Madrid y se quedó en la calle. Su caso llegó a manos de Fundación Raíces, que logró que ingresara en un centro de menores, pero semanas después la Fiscalía lo citó para someterlo al procedimiento de determinación de la edad. Por entonces, Ibrahim ya tenía con él su pasaporte original porque lo había solicitado en Gambia antes de subirse a un cayuco. El menor se negó entonces a que se hiciera unas pruebas forenses muy cuestionadas por su fiabilidad y que todas las autoridades competentes se han propuesto cambiar. Ante la negativa del chico, el fiscal pidió a la policía un informe pericial sobre el documento y, aunque esta no vio signos de falsedad, el ministerio público acabó decretando su mayoría de edad. Con el decreto del fiscal, Ibrahim tuvo que dejar el centro de menores el 12 de febrero.

Hay otros muchos casos como el de Ibrahim que están saliendo a la luz en los últimos días y casi todos siguen ese patrón en el que se aplica directamente la sospecha de las autoridades. La policía sigue creyendo que el fraude es mayoritario y continúa buscando fórmulas para evitar que supuestos adultos se hagan pasar por menores de edad que deben ser acogidos y que no pueden ser expulsados.

El último caso, revelado por EL PAÍS este jueves, surgió en Lleida hace ya cuatro meses. La Brigada de Extranjería había detectado un aumento de casos de jóvenes que habían permanecido tutelados en centros de la Generalitat, con cargo al erario público, y que, finalmente, han sido considerados adultos. Y pensó que abrir una investigación a esos jóvenes por fraude podía ser una forma de frenar esa tendencia. Así, la Brigada de Extranjería y Fronteras de Lleida remitió un escrito a la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo de la Generalitat que acoge a los menores, para solicitar información sobre cuánto dinero se había gastado en el “alojamiento, manutención, formación sanidad y asesoramiento jurídico” de un joven gambiano que permaneció en centros de acogida y que, según un decreto de la Fiscalía, acabó siendo considerado mayor de edad.

El objetivo era encausarle por un presunto delito de fraude en subvenciones, que castiga a quien obtenga “subvenciones o ayudas” de las administraciones “falseando las condiciones requeridas”, como la edad. Para la fiscalía de Lleida, sin embargo, esta línea de investigación “no tiene ningún sentido”. “Es una iniciativa de la policía que nos causa una gran extrañeza”, explicó a EL PAÍS el fiscal Jorge Lucía Morlans.