Junts pide garantías en la ley de que Puigdemont y otros no irán a prisión provisional tras la amnistía

Junts per Catalunya y el PSOE aceleran los contactos para acordar un retoque en la ley de amnistía que pula las diferencias que separan a las dos partes. El escollo principal sigue estando en la redacción de la ley, que Junts quiere retocar para tener la absoluta garantía de que Carles Puigdemont, su líder, y otros implicados en distintos casos por terrorismo o alta traición, delitos que quedaría fuera de la amnistía, no son obligados a entrar en prisión preventiva una vez aprobada la amnistía. El Gobierno insiste en que eso ya está garantizado en la actual redacción de la ley, porque será imposible probar que Puigdemont y otros tuvieron la “intención directa” de matar, y creen además que el procedimiento por alta traición por la llamada trama rusa quedará en nada porque después de seis años y medio no parece haber pruebas sólidas. Junts presiona para retocar el delito de terrorismo, una línea roja aparentemente inamovible para el PSOE, pero también reclama explorar otras enmiendas suyas que en su opinión garantizaban que los jueces realmente aplican la amnistía nada más aprobarla y levantan cualquier medida cautelar, incluidas las euroórdenes contra Puigdemont o cualquier tentación de mandarlo a prisión preventiva si regresa a España.

El Ejecutivo insiste en que eso ya está en la ley, pero Junts ya registró varias enmiendas para rematar la redacción y en una de ellas llegaba a añadir este texto: “Así como cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. La discusión sigue y los socialistas insisten en que la ley está bien como está, y en esto tienen el apoyo de ERC, aunque aún quedan varios días para llegar a la primera fecha límite, que es el miércoles, y aún habría una segunda si se prorroga otros 15 días el plazo. Fuentes de Junts insisten en que hay que encontrar la manera de restringir el margen de discrecionalidad de los jueces. El empeño está puesto en incorporar una salida técnica que, hasta que la amnistía despliegue plenos efectos, evite la prisión provisional de los involucrados en alguna causa relacionada con el procés.

Durante la reunión que mantuvieron este miércoles en Barcelona el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, cada parte trató de marcar sus líneas rojas. Turull reconoció este jueves que “puede haber muchos” encuentros con el PSOE, pero no desveló cómo de maduro está el acuerdo. El método que aplica Junts en la negociación calca el pulso que planteó la misma formación en anteriores tratos parlamentarios, como la elección de la Mesa del Congreso o la tortuosa aprobación, el mes pasado, de dos decretos con medidas económicas. Sobre la amnistía, en Junts no se da nada por hecho, pero se admite que el apretón de manos puede estar cerca: “Hay un objetivo común, solo hace falta encontrar la manera para que una parte pueda considerar que la ley ya cubre a todo el mundo y la otra parte siga teniendo garantías de constitucionalidad”. Una idea que, de momento, se ha mostrado más factible en la teoría que en la práctica.

Junts trata de gestionar con hermetismo las negociaciones con el PSOE, pero cuando se pregunta si hay preocupación por si la ley de amnistía deja desprotegido a alguien en concreto, la respuesta es tajante: “la ley tiene que cubrir a toda la gente que necesita ser cubierta”. El alivio judicial para Puigdemont, fundador e ideólogo de Junts, está en entredicho tras las recientes diligencias judiciales llevadas a cabo por Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre, jueces instructores del caso Tsunami y del expediente Voloh, conocido como la trama rusa del procés. Si termina encausado por terrorismo o alta traición, su libertad puede enredarse, toda vez que son tipos penales que chocan con una amnistía.

Las conversaciones entre ambas formaciones avanzan condicionadas por la particularidad de tener en la misma mesa a un invitado centinela: Esquerra Republicana. Junts sostiene que el partido que manda en la Generalitat maniobra para boicotear los avances que puede incorporar el texto, porque cada vuelta de tuerca a la amnistía supone un rasguño a la fama negociadora de los republicanos. “Esquerra aprieta al PSOE para que no se mueva nada, porque una modificación implicaría dejar en evidencia que lo que quisieron aprobar en el Congreso no era un buen texto para todos los encausados”, afirma una fuente cercana al mando de Junts. “Esquerra no es un escollo porque queremos que se apruebe la ley, cuanto antes mejor”, replica una voz autorizada de ERC. “Lo que no vamos a aceptar es una ley tan toqueteada que luego no pase el filtro del Tribunal Constitucional. Si esto no sale adelante, que se lo coma Junts. Van tan perdidos que no saben ni lo que piden, y parecen no ser conscientes de hasta qué punto está tensando la cuerda”.

Desde Junts defienden que la negociación es ajena a intereses de tipo personal o político. Algo que, sostienen, no pasa en Esquerra: “Si ahora mejoramos la ley y queda claro que había una veintena de personas, diez del Tsunami y otras diez de Voloh, que quedaban descubiertas con el proyecto de ley que ERC validó en el Congreso, en qué posición queda su negociación?”, pregunta una persona con cargo y mando en Junts.

Esquerra tiene la teoría de que “ningún redactado será tan perfecto como para evitar las invectivas de algunos jueces”. El consejero de Acción Social de la Generalitat, Carles Campuzano, que antes de acercarse a ERC militó en Convergència, manifestó este jueves que Pedro Sánchez está “abierto” a indultar a quienes queden fuera de la amnistía y que dar rodeos con la tramitación parlamentaria es “una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia un centenar de personas que podrían beneficiarse de este texto legal”. Jordi Turull le dio réplica: “Siguiendo su criterio no se hubiera ni llegado a hacer el referéndum del 1-O”.

El interés que generan en el PSOE las elecciones gallegas de este domingo también entra en la ecuación, sostienen desde Junts: “Ellos tienen que decidir si el anuncio del acuerdo les interesa hacerlo antes o después de las elecciones gallegas. Nosotros en Galicia no nos jugamos nada”. Los socialistas, sin embargo, han aceptado una reunión negociadora en Barcelona en plena campaña de las gallegas, con lo que parece evidente que no están muy preocupados por la influencia que la amnistía pueda tener en estos comicios.