García-Castellón reprocha al fiscal que “trate de impedir” que investigue la conexión entre Tsunami y los policías heridos en las protestas
El jefe de la Fiscalía del Tribunal Supremo enviará su informe sobre Puigdemont sin compartirlo con el resto de fiscales para evitar filtraciones
La batalla que mantienen el juez del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y el fiscal asignado a la causa en ese tribunal, Miguel Ángel Carballo, suma un nuevo episodio. En un auto firmado este lunes por el magistrado, García-Castellón reprocha a Carballo que “trate” de boicotear su intento de indagar la “conexión” entre Tsunami y los agentes heridos en las movilizaciones convocadas en 2019 para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés, varias de ellas impulsadas por la plataforma secesionista. Es más, el magistrado instructor ha reiterado que, como ya le dijo en otro escrito firmado en enero, se debe “reflexionar” sobre el “hecho singular” de que sea él quien tenga que insistir a la Fiscalía para que se investiguen los indicios que apuntan a Tsunami, pese a que el ministerio público es el “órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”.
El juez y el fiscal defienden posturas diametralmente opuestas: García-Castellón aprecia indicios de que Tsunami Democràtic fue una “organización” terrorista, detrás de la cual ve la mano del expresidente catalán Carles Puigdemont. Carballo sostiene, en cambio, que no existen indicios del delito de terrorismo y que no constan en la causa pruebas que apunten al exjefe de la Generalitat. Y, con en este contexto como telón de fondo, según consta en el auto firmado este lunes, García-Castellón critica al fiscal por sumarse al recurso de una defensa que pedía expulsar de la causa a un antiguo policía que resultó herido durante las protestas posteriores a la sentencia de 2019 contra los líderes del procés.
Este agente se ha personado en el sumario como acusación particular, pero Carballo defiende que no existen indicios para achacar a los investigados la inducción o cooperación de actos violentos. “El fiscal reprocha la falta de conexión entre las lesiones graves sufridas por el exagente y los hechos objeto de enjuiciamiento. Ello, a la vez que trata de impedir a este instructor investigar estos mismos hechos, y concretar si existió tal conexión, como parece deducirse de los indicios iniciales”, le afea García-Castellón. El magistrado ya aceptó la personación de otros dos policías heridos, a lo que también se opuso el ministerio público y otras defensas, que alegaron que habían sufrido lesiones en protestas convocadas por otros colectivos.
Como avanzó EL PAÍS, el fiscal Carballo ya acusó al magistrado de cometer “flagrantes contradicciones” en su instrucción y de evidenciar una “significativa falta de argumentos” para concretar qué acciones de “matiz terrorista” se atribuirían a los sospechosos. El fiscal también considera “totalmente injustificada e inmotivada” la exposición razonada enviada al Supremo para que asuma la causa.
Esta tensión entre García-Castellón y Carballo se está reproduciendo en las últimas semanas en la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, que el pasado martes se pronunció, por 11 votos a cuatro, a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami, en contra también del criterio del fiscal del alto tribunal que había estudiado el caso, Álvaro Redondo.
Ahora, el jefe de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, tiene que enviar a la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, el informe que ha reclamado con las razones en las que se basó la junta de fiscales para adoptar esa posición, pero lo hará sin compartirlo antes con el resto de fiscales. La decisión se ha tomado así, según coinciden varias fuentes consultadas, para evitar filtraciones, después de que la semana pasada se difundiera un borrador del informe del fiscal Redondo en el que llegaba a una conclusión opuesta que la que finalmente defendió en el escrito que presentó ante la junta (no imputar al expresidente catalán ni investigar Tsunami como terrorismo).
La junta de fiscales ha vuelto a reunirse este martes, pero la sesión ha sido, según fuentes presentes, bastante menos tensa que la de la semana pasada. Estaba previsto que el fiscal Fidel Cadena presentara el informe que va a enviar a la teniente fiscal, que es quien fijará la postura definitiva de la Fiscalía en el caso Tsunami. Pero, según las fuentes consultadas, Cadena se ha limitado a dar cuenta a la junta de que Sánchez Conde ha reclamado por escrito los argumentos jurídicos a favor de investigar al expresidente catalán y a resumir por dónde va a ir su escrito. No se ha entregado ningún texto a los fiscales. Ni, según ha adelantado Cadena, se les va a distribuir, al menos hasta que no lo tenga Sánchez Conde.
Filtración del borrador
Algunos fiscales consideran “extraño” que no se les haga partícipe del contenido de ese texto, pero admiten que hay razones para hacerlo así. La filtración del borrador elaborado por Redondo, en el que sí veía originariamente indicios de terrorismo contra el expresidente catalán (posición que después modificó tras estudiar más a fondo la causa), ha causado estupor en un sector de la Fiscalía. Fuentes fiscales señalan que el propio Redondo amagó la semana pasada con exigir que se investigaran los hechos porque consideraba que alguien podía haber accedido a su correo personal. Él solo se lo había mandado a Cadena, pero este lo reenvió a los tres fiscales que, junto a él, han llevado el caso del procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno), según detallan fuentes del ministerio público.
Cadena no ha concretado si el escrito que se envíe a Sánchez Conde lo redactará solo él o con alguno de sus compañeros. Ante la junta de este martes, ha expuesto un resumen de los argumentos que defendieron la semana pasada los partidarios de investigar a Puigdemont, como que concurren los requisitos para investigar los hechos como terrorismo y que, en la exposición razonada enviada al Supremo por García-Castellón, hay indicios de que el expresidente catalán tuvo un papel clave en las movilizaciones posteriores a la sentencia del Supremo de octubre de 2019.
