El PP multiplica sus trabas en el “contrapoder” del Senado para boicotear la ley de amnistía

La ley de amnistía pasará este martes el trámite de su previsible aprobación en el pleno del Congreso y se derivará de inmediato a su debate en el Senado, donde espera el PP con el “contrapoder” de su mayoría absoluta para ponerle todas las trabas posibles y algunas todavía en fase de diseño. La estrategia del PP no se oculta: frenar la norma con todos los instrumentos y herramientas políticas y administrativas a su alcance, en la Mesa, la comisión correspondiente y cuando llegue a su pleno. La recién fichada letrada mayor y secretaria general del Senado, Sara Sieira Mucientes, experta en el procés independentista, acaba de fichar para su equipo en la Cámara alta a una de las letradas que suscribió en la Comisión de Justicia del Congreso el informe crítico contra la amnistía. Senado y Congreso están viviendo una inédita disputa de renuncias, dimisiones e intercambio de letrados.

Las Mesas del Congreso y del Senado se reunirán este martes, como hacen habitualmente todas las semanas, y en su agenda tienen previsto estudiar y aprobar una reordenación de sus respectivos equipos jurídicos, que no es nada ajena a la batalla política de la amnistía. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, nombrado en octubre pasado, acabará de ajustar algunos nombramientos en distintas direcciones generales y comisiones, como tiene previsto hacer en el Senado la nueva secretaria general, Sara Sieira Mucientes, que estaba destinada hasta hace apenas dos semanas como letrada en la Comisión de Igualdad en el Congreso. El presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán, la ha fichado para ese relevante cargo de confianza para sustituir al anterior letrado mayor, Manuel Cavero, que llevaba casi 25 años en el puesto, una salida que provocó la semana pasada la renuncia de sus dos adjuntos. Todos estos movimientos, y varios traslados más de componentes de ese cuerpo de élite de funcionarios, se interpretan políticamente con sus posiciones con respecto a la amnistía o de cercanía hacia Galindo o Sieira.

La batalla política y jurídica de la ley de amnistía, una vez superada esta fase en el Congreso, se ubicará ahora en el Senado, donde el PP se dispone a usar todo tipo de acciones reglamentarias para demorar la norma. La primera discusión, que parece por ahora poco probable, tiene que ver con la opción de que la Mesa del Senado, su órgano de gobierno, no aceptase siquiera tramitar la discusión de la ley. Es una alternativa que el PP dice que no baraja por ahora, ni siquiera aunque la nueva secretaria general de esa Cámara suscribiese un informe contra la constitucionalidad de la ley diferente al que sí asumió su homólogo en el Congreso, Fernando Galindo, cuando concluyó que el proyecto no tenía defectos formales.

Esa tesis favorable de Galindo, sin embargo, fue rebatida por los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso, que sí cuestionaron que la amnistía podría ser “contraria” a directivas europeas. Aquel informe, encabezado por la letrada Piedad García Escudero, estaba también suscrito por la letrada Isabel Revuelta de Rojas, ahora fichada por Rollán en el Senado. Tanto la letrada mayor, Sara Sieira, como su compañera Revuelta, son consideradas contrarias a la amnistía. Rollán y la Mesa que controla el PP lo que sí boicotearán será aceptar el trámite de urgencia que aprobó el Congreso y están barajando ubicar la discusión de enmiendas de la ley en el Senado en la Comisión de Justicia o mejor en la Constitucional, que preside Pío García Escudero, expresidente del PP en la Cámara y hermano de la letrada que impulsó el informe contrario en el Congreso.

La Presidencia de la Cámara alta, sin embargo, no contempla por ahora usar esos previsibles informes jurídicos en contra de la norma para no calificar ni aceptar la mera tramitación de la ley para su debate. Ese escenario, inédito, conduciría a un conflicto de competencias institucional de la mayor gravedad, que en su momento dilucidaría el Tribunal Constitucional. El PP sí tiene programado aceptar la tramitación, llevar el asunto a la comisión que más les interese, registrar enmiendas y pedir todo tipo de comparecencias para retrasar su aprobación y vuelta al Congreso al menos dos meses. Si el PP no quisiera hacer nada ni en la Mesa ni en la comisión del Senado con esa ley, el Congreso la daría por validada sin ningún retoque 21 días después de enviarla a esa Cámara y se publicaría en el BOE para su entrada en vigor.

Criterio del Constitucional

El Tribunal Constitucional, además, ya fijó criterio sobre cuáles son realmente las competencias del Senado sobre leyes aprobadas por el Congreso y las delimitó de manera muy diáfana en la sentencia 97/2002. Esa sentencia se refería a una ley del Gobierno socialista balear por la que se declaraba reserva natural las Salinas de Ibiza. El Senado se limitó a no aprobar la ley, sin vetarla ni introducir enmiendas, y el Congreso la remitió directa para que la sancionase el Rey. Y lo hizo así porque se concluyó que la Constitución especifica solo dos supuestos de discrepancia del Senado que dan lugar a una ulterior nueva lectura en el Congreso: vetarla y devolverla entera o con enmiendas.