Cruz Roja renuncia a trabajar en Barajas ante el caos con los solicitantes de asilo

La Cruz Roja ha renunciado a estar en el aeropuerto Madrid-Barajas para atender a solicitantes de asilo. La organización se marcha tras varias semanas en las que el alojamiento de cientos de personas que pidieron asilo en el aeródromo se ha convertido en un caos. El inusual volumen de peticiones de protección internacional que se vienen registrando en el aeropuerto no solo ha puesto en evidencia la falta de recursos para atenderlas, sino la incapacidad de ofrecer unas condiciones dignas de alojamiento. Desde octubre, se repiten las escenas de hacinamiento, suciedad, personas durmiendo en el suelo y chinches. “Las condiciones en las salas no nos permiten hacer nuestro trabajo. Hacemos asistencia psicosocial, identificamos perfiles vulnerables, y la cantidad de gente que hay no te permite saber ni cuántos son, mucho menos sus necesidades”, explica el director del Área de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa. “Venimos denunciando esta situación desde hace mucho tiempo. No nos vamos de un día para otro”, añade. La retirada de la organización será “temporal”, según Espinosa. Hasta que se solucione la situación.

Según fuentes presentes en el aeropuerto, este lunes había 400 personas en tres salas, con una capacidad total de unas 120 personas, esperando una respuesta a su solicitud.

La Cruz Roja, además de dedicar una primera atención a los que llegan, tenía subcontratado el servicio de limpieza. “Llegó un momento en el que no había espacio físico para hacer la limpieza”, mantiene Sánchez. La higiene ha sido uno de los problemas principales en Barajas, entre otras cosas porque los empleados se negaron a trabajar en la sala de la T4 cuando se supo que había chinches, a principios de diciembre.

La labor de la Cruz Roja en el aeropuerto está subvencionada por el Ministerio de Migraciones. “Es una retirada temporal hasta que se solucione”, mantiene Espinosa. Para Cruz Roja la solución a este problema es que se deje entrar en territorio a estas personas mientras se estudia su petición o que se habiliten otros espacios, pero “no se puede mantener unas salas habilitadas para un número limitado de personas para el volumen actual”, añade Sánchez.

El Ministerio del Interior no apoya la decisión de la organización. “El Ministerio del Interior respeta la decisión tomada por Cruz Roja en las responsabilidades que tiene atribuidas, pero no la compartimos. Desde el primer momento hemos defendido la colaboración institucional como la mejor forma de resolver las incidencias, que se afrontan con más garantías desde todos los planos y con el esfuerzo y la cooperación de todos los actores implicados”, ha explicado el ministerio a los medios en un comunicado.

El departamento de Grande-Marlaska mantiene que ha reforzado el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio, aunque no ha concretado el número. “Ante el incremento puntual de solicitudes, se ha reforzado la limpieza de las instalaciones y, en las últimas semanas, se han habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas, que se suman a las tres ya existentes, y se ha abierto una tercera sala para atender a los solicitantes”, añade la nota. El ministerio busca nuevas fórmulas para agilizar los trámites.

Tres jueces requirieron el 22 de diciembre al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adoptaran “con carácter urgente” medidas que pusieran fin al “hacinamiento” que entonces sufrían 250 solicitantes de asilo ―entre ellos 19 menores― que se encontraban retenidos en diferentes salas del aeropuerto de Barajas. Hasta hace muy poco, esta vía para pedir protección en España que consiste en aprovechar una escala en Madrid para pedir asilo se usaba de forma marginal. Sin embargo, en pocos meses se ha incrementado notablemente. Del 1 de diciembre hasta el 15 de enero se tramitaron en el aeropuerto madrileño 847 solicitudes de protección internacional.

Para aliviar la congestión, el Ministerio del Interior pidió autorización a un juez para trasladar a medio centenar de los solicitantes de asilo al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el lugar en el que se encierra a los inmigrantes antes de su devolución a sus países de origen. El juez aceptó el traslado el martes, pero la Fiscalía pidió la nulidad del auto judicial dos días después al entender que la condición de solicitantes de asilo no puede equipararse a la de extranjeros en situación irregular. El juez terminó revocando la decisión y se declaró sin competencias para decidir sobre las dependencias en las que deben de esperar los solicitantes de asilo hasta que se resuelve su solicitud.

Entre los solicitantes de asilo hay refugiados procedentes de países en descomposición, como Somalia, pero en las últimas semanas la brecha se ha abierto y han llegado decenas de marroquíes y senegaleses, cuyas situaciones no necesariamente cumplen las condiciones para recibir protección. En el caso de estas nacionalidades, la policía denuncia que habían destruido su documentación, lo que, por un lado, les permite simular otra nacionalidad con más posibilidades de recibir protección y, por otro, dificultan su expulsión una vez se rechace su petición. Al no tener pasaporte, las nacionalidades de los que están llegando son difíciles de confirmar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado de un “uso fraudulento de las escalas” aeroportuarias, mientras que fuentes policiales consideran que se está haciendo un “uso torticero del asilo”.