Jornada política del 16 de enero de 2024 | Abascal, sobre la abstención de Vox para la reforma de la Constitución: “No seremos cómplices de las propuestas del Gobierno”
Todos los grupos, salvo Vox, muestran su apoyo en el Congreso a la reforma de la Ley Fundamental para eliminar el término “disminuido” | El cambio se vota el jueves después de un plazo de 48 horas para presentar enmiendas
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Todos los partidos del Congreso, salvo Vox, han mostrado este martes su respaldo a la tercera reforma de la Constitución para eliminar de la Ley Fundamental el término “disminuido”. La votación definitiva tendrá lugar el jueves después de un plazo de 48 horas para presentar enmiendas. El cambio del artículo 49 supone sustituir el citado término por “personas con discapacidad”. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que su partido se ha abstenido porque no está dispuesto a alcanzar acuerdos con el Ejecutivo durante la legislatura. “No seremos cómplices del Gobierno ni de ninguna de sus propuestas”, ha afirmado Abascal. Tras este primer paso, el texto se enviará al Senado para su aprobación y su posterior publicación en el BOE. Por otra parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha prometido que el Ejecutivo llegará “hasta las últimas consecuencias” en la investigación sobre la guerra sucia contra el independentismo catalán entre 2012 y 2016, cuando gobernaba el PP. Alegría ha explicado que el Consejo de Ministros ha debatido las informaciones sobre hechos “muy graves” que publican estos días en La Vanguardia, Eldiario.es y ElNacional.cat e incluidos en los llamados audios de la corrupción publicados por EL PAÍS.
Los mensajes de este hilo están ordenados de forma cronológica, del más antiguo al más reciente
Arranca la jornada política de este martes
El pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de la iniciativa impulsada por el PP y el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término “disminuidos” para sustituirlo por “personas con discapacidad”. Para aprobar la que será la primera reforma social de la Carta Magna, reclamada durante décadas por las entidades de la discapacidad, se requiere el apoyo de una mayoría de al menos tres quintos de la cámara, que está garantizada por la representación de socialistas y populares, por lo que no se esperan sorpresas.
Al realizarse la reforma por tramitación directa y en lectura única, tras el debate del pleno se abrirá un plazo para presentar enmiendas —ya anunciadas al menos por PNV y Compromís— y está previsto su aprobación en el Congreso este jueves para su remisión al Senado. Compromís —integrado en Sumar— ha reclamado en una enmienda recuperar el Derecho Civil valenciano, mientras que el PNV va a pedir incluir en la Constitución el derecho a decidir de Euskadi. También ERC estudia presentar alguna propuesta, pero relativa al artículo 49.
No se espera que ninguna sea aceptada, ya que el PP y el PSOE pactaron que solo se aceptarían de común acuerdo y que, en cualquier caso, los cambios en la Carta Magna se ceñirían al artículo 49. Las entidades sociales han reclamado a los grupos que apoyen por unanimidad el cambio constitucional, que Vox ya ha desvelado que no va a apoyar.
Este martes también termina el plazo para presentar enmiendas al proyecto de la ley que amnistía a los encausados en el procés. Además, el Consejo de Ministros estudiará un informe que busca formas de proteger a los menores del acceso a la pornografía en Internet. Por otra parte, el Tribunal Constitucional estudia los recursos de amparo presentados por Arnaldo Otegi y el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.
El Gobierno y Junts tienen una interpretación diferente de lo que pactaron para que los independentistas se abstuvieran —en realidad no votaron, aunque el efecto es el mismo— la semana pasada en el pleno del Congreso celebrado en el Senado en dos decretos decisivos. El acuerdo se hizo en el último minuto, al borde del límite de la votación, que estaba marcado para las 15.30, y no hubo tiempo para detalles. Así que, en el asunto más importante y polémico, la transferencia a la Generalitat de la política de inmigración, el que hizo que Junts pasara del no a la abstención, solo se pactó un párrafo muy genérico cuya interpretación ahora discuten el PSOE y Junts. El texto que cerraron en el último momento los negociadores (Santos Cerdán, Félix Bolaños y María Jesús Montero por el PSOE y Jordi Turull y Miriam Nogueras por Junts) para evitar una derrota del Gobierno, es el siguiente, según un documento final al que ha tenido acceso EL PAÍS: “Se acuerda una ley orgánica de delegación de competencias y recursos para que Catalunya pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución”.
Junts per Catalunya trata de postularse como la herramienta que hará posible el control de la inmigración en Cataluña y presenta los pasos que da en ese propósito como un logro político “de gran calado”. Así lo expuso este lunes el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista donde reconoció que tras el anuncio hecho la semana pasada de un pacto con el PSOE para transferir a la Generalitat las competencias “integrales” sobre la gestión de la migración, subyace la necesidad de redactar una ley orgánica que desarrolle y concrete qué materias asume la administración autonómica. “Lo que pactamos es que se tome la decisión política para que, a través de una ley orgánica, se deleguen las competencias a la Generalitat para una gestión integral de la inmigración en Cataluña”, puntualizó Turull en TV3.
Sumar: “Las competencias de control de fronteras son del Estado”
Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de Sumar, ha valorado en Las mañanas de TVE el pacto de la semana pasada entre el PSOE y Junts para la transferencia a la Generalitat de ciertos aspectos de la política de inmigración. Santiago ha defendido, en la línea en la que lo ha hecho el PSOE, que en ningún caso Cataluña tendrá la potestad de expulsar a migrantes en situación irregular o de controlar las fronteras, ya que son competencias estatales. “Somos partidarios siempre de la delegación de competencias que se pueden delegar, según el artículo 150 de la Constitución, y creemos que las comunidades autónomas tienen que tener competencias para la correcta integración de las personas”, ha dicho. “No podemos estar de acuerdo en la utilización del discurso migratorio con tintes xenófobos propio de la extrema derecha”, ha criticado el líder del PCE. “En ningún caso lo que son competencias del Estado en materias de fronteras pueden delegarse”, ha añadido. Y ha insistido: “Las competencias de control de fronteras son del Estado”.
El diputado de Sumar ha celebrado que este martes el Congreso vaya a iniciar la reforma constitucional para eliminar el término “disminuidos” de la Carta Magna. “Nosotros estamos muy satisfechos por la reforma del artículo 49”, ha dicho Santiago, que ha aprovechado para criticar al PP por su negativa a acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. “Nos llama la atención el empecinamiento del PP en incumplir la Constitución y negarse a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva cinco años caducado”, ha apuntado. Y ha añadido: “Lo que está haciendo el PP es asfixiar el funcionamiento cotidiano de la administración de la justicia”.
Patxi López admite no sentirse cómodo con las declaraciones de “algunos dirigentes de Junts sobre inmigración”
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que no se siente cómodo con las declaraciones de algunos dirigentes de Junts sobre inmigración tras el pacto de los socialistas con el partido independentista catalán para ceder a Cataluña ciertas competencias en política migratoria. “Me siento cómodo con que las comunidades autónomas hagan frente, desde sus competencias, a las políticas que tienen que ver con la ordenación e integración de la inmigración, pero con algunas de las declaraciones de algunos dirigentes de Junts no me siento cómodo”, ha precisado en una entrevista en Radiocable.
Preguntado si el pacto del PSOE con Junts supone una cesión total o parcial de las competencias, López se ha remitido a lo dicho por el presidente Pedro Sánchez, que señaló que hay ámbitos de la política migratoria que van a seguir en manos del Gobierno. Porque son “exclusivas”, como la expulsión de migrantes, el tráfico de fronteras o el control de la inmigración irregular, ha enumerado. “Todo eso corresponde al Estado y seguirá en manos del Estado, pero todo lo que tiene que ver con la ordenación de la migración, todo lo que tiene que ver con la integración social, que son políticas transversales que abarcan desde educación, vivienda o servicios sociales, eso, que está residenciado ya de por sí en las comunidades autónomas, será el objeto de esa transferencia”, ha explicado.
El portavoz socialista ha indicado que será con la ley orgánica que se tramite donde se aclararán qué competencias asumen las comunidades autónomas y cuáles permanecen en manos del Gobierno porque no se pueden transferir, al fijar la Constitución que son exclusivas del Estado.
Sobre la falta de detalles tras darse a conocer el acuerdo, López ha alegado que lo que se conoce es todo “lo que hay” y “no hay más”, ya que la negociación fue “de urgencia” la semana pasada en el Senado para conseguir que Junts, con su abstención, permitiera la convalidación de varios decretos del Ejecutivo de Sánchez. “El papel estaba redactado de aquella manera y por eso existen estas interpretaciones que tenemos unos y otros, pero las interpretaciones nunca se pueden salir ni de lo que marca la Constitución como competencias exclusivas ni de lo que marca el propio Estatut de Cataluña, que son competencias transferibles a la Generalitat. Y en esos dos parámetros nos movemos los socialistas cada vez que negociamos todo”, ha asegurado. (Agencias)
Ayuso afirma que “el relato de ETA va ganando” y acusa al Gobierno de “comprar” las elecciones catalanas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este martes de que “el relato de ETA va ganando” con las últimas cesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que también ha acusado de “comprar con el dinero de todos” las elecciones catalanas por sus concesiones a Junts y ERC. Así se ha pronunciado Ayuso desde un desayuno informativo de Europa Press sobre cesiones realizadas por Pedro Sánchez a Bildu y Junts, denunciando que España “está siendo extorsionada por las minorías nacionalistas”
Ayuso ha advertido de que el relato de ETA “va ganando” porque, según ha dicho, la banda terrorista buscaba “independencia, expulsión del molesto, dinero público para vivir de lo público desde lo público, poder y Navarra”: “Y van en muy buen camino”.
En cuanto a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, Ayuso ha denunciado que los líderes independentistas se beneficiarán con la ley de amnistía “a cambio de impuestos”, por lo que ha acusado a Sánchez de “comprar las próximas elecciones catalanes con el dinero de todos”. (Europa Press)
Los ministros Óscar Puente, Elma Saiz, Jordi Hereu y Ana Redondo se incorporarán a la dirección del PSOE
La Comisión Ejecutiva Federal propondrá el ingreso de cuatro de los nuevos ministros a la dirección del PSOE. Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible —ya fue portavoz de la ejecutiva tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias de 2017—; Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Jordi Hereu, ministro de Industria y Comercio; y Ana Redondo, ministra de Igualdad. El nombre que falta conocer es el de la persona que sustituirá a Pilar Alegría como portavoz de la dirección socialista. El comité federal, máximo órgano del partido entre congresos, deberá ratificar la propuesta en la reunión que celebrará el próximo domingo en A Coruña, en el marco de la Convención Política que el PSOE celebrará en la ciudad gallega como antesala de la campaña del 18-F.
Feijóo: “Las minorías independentistas son los verdaderos protagonistas de la vida política nacional”
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presidido este martes la reunión plenaria de los grupos parlamentarios de la formación conservadora en el Congreso y el Senado. El líder del Partido Popular ha pedido a los diputados y senadores de su formación que trabajen más ante el contexto político nacional. “La debilidad del Gobierno ha conllevado la necesidad de estar trabajando con absoluta intensidad en este mes de enero”, ha dicho Feijóo. “Nuestra responsabilidad es mayor porque es mayor la amenaza que supone este Gobierno a los intereses de los españoles”, ha añadido. El líder del Partido Popular ha sacado a colación la debilidad del Gobierno, que la semana pasada vio cómo el Congreso rechazaba el decreto ley que reformaba el subsidio de desempleo: “La mayoría en el Congreso no puede gobernar, el Gobierno no tiene mayoría, y, en consecuencia, las minorías, y las minorías independentistas, son los verdaderos protagonistas de la vida política nacional”.
Feijóo ha recordado que el PP se seguirá movilizando estos meses contra la amnistía a los encausados por el procés, una medida acordada por el PSOE con Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. “Les anunciamos a los españoles que vamos a activar una ofensiva política, institucional y social para defender la Constitución española, la igualdad de los ciudadanos y la integridad de nuestro país”, ha dicho. La próxima gran manifestación tendrá lugar en Madrid el próximo 28 de enero.
Feijóo ha proyectado una legislatura en la que el Gobierno va a estar muy condicionado por las minorías nacionalistas e independentistas. “Esta va a ser la tónica de una legislatura que se ha iniciado quebrantando la igualdad y la libertad de los españoles”, ha dicho, y ha añadido al Ejecutivo de estar “negociando con la igualdad ante la ley de los ciudadanos, la soberanía nacional y con el futuro de la nación”.
Feijóo avisa de que el pacto para quitar de la Constitución el término “disminuidos” “será una rareza esta legislatura”
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presidido este martes la reunión plenaria de los grupos parlamentarios de la formación conservadora en el Congreso y el Senado. El líder del Partido Popular ha celebrado que este martes el Congreso vaya a iniciar la reforma constitucional para eliminar el término “disminuidos” de la Ley Fundamental, reclamada durante décadas por las entidades de la discapacidad. “Hoy es un buen día para la política”, ha dicho. “Esta reforma es el fruto de la buena política”, ha añadido.
Para esta reforma —que sustituirá el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”— se requiere el apoyo de una mayoría de al menos tres quintos de la cámara, que está garantizada por el apoyo de socialistas y populares. Sin embargo, Feijóo ha afirmado que el acuerdo para quitar el término “disminuidos” de la Constitución será una excepción: “El debate de hoy será una rareza en esta legislatura”.
Se trata de la tercera reforma de la Constitución de 1978. El pleno en el que se iniciará la modificación comenzará a las 15.00 de este martes.
Feijóo anuncia que el PP amplía de dos a tres los plenos mensuales en el Senado
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes en la reunión plenaria de los grupos parlamentarios de la formación conservadora en el Congreso y el Senado que la mayoría absoluta del Partido Popular en al Cámara alta ampliará de dos a tres los plenos mensuales en el Senado. “Vamos a proteger las Cortes Generales. Una vez que hemos visto que el Congreso de los Diputados el Gobierno se lo ha entregado a las minorías, y que se ha convertido en un foro de inestabilidad y de chantaje, vamos a asumir la responsabilidad, y os lo agradezco, de celebrar tres plenos al mes en el Senado para devolver a las Cortes Generales el protagonismo de la vida política parlamentaria de nuestro país. Vamos a contrarrestar la humillación que se vive en el Congreso, donde las minorías mandan”, ha dicho Feijóo, que no es senador, sino diputado en la Cámara baja.
Análisis exprés | El PP usa el Senado a su antojo para hacer oposición
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este martes que la Cámara Alta pasará a celebrar a partir de ahora tres Plenos al mes en lugar de dos “para contrarrestar la humillación que se vive en el Congreso, donde las minorías mandan”, según ha afirmado en un discurso ante los diputados y senadores del PP. El líder del PP ha hecho este anuncio que afecta al calendario de actividad del Senado, sin esperar a que sea bien el presidente de la Cámara (Pedro Rollán, del PP) o la propia Mesa del Senado las que informen y estudien ese cambio. Corresponde a la Mesa, según el artículo 36 del reglamento del Senado, determinar el calendario de actividades del Pleno. El PP hace uso de su mayoría absoluta en la Cámara alta para alterar a su antojo sus usos y costumbres y utilizarla como ariete contra el Gobierno. Los populares ya han modificado el Reglamento del Senado para retrasar la tramitación de la ley de amnistía, una reforma que el PSOE ha llevado al Tribunal Constitucional.
El Consejo de Ministros ha decidido este martes desclasificar la documentación relativa a la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el programa espía israelí Pegasus, según fuentes gubernamentales. La desclasificación debe producirse antes de que la exdirectora del servicio secreto, con rango de secretaria de Estado, Paz Esteban declare el 26 de este mes como investigada (antiguamente imputada) ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona, por una denuncia del propio Aragonès.
El Gobierno, sobre la guerra sucia policial contra el independentismo catalán: “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este mediodía que el Consejo de Ministros ha tratado y debatido las informaciones que ayer y hoy han publicado La Vanguardia, Eldiario.es y ElNacional.cat sobre las actividades policiales contra el independentismo catalán que impulsó el exministro Jorge Fernández Díaz entre 2012 y 2016. “Los hechos que estamos conociendo son muy graves y, sobre todo, nos trasladan absolutas conductas bochornosas y vergonzantes. Y, sobre todo, conductas que evidencian el uso que realizó la anterior administración del PP de los distintos resortes del Estado de derecho para espiar a sus adversarios políticos”, ha dicho Alegría. “Son hechos de extrema gravedad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, analizando hasta el más mínimo detalle de toda la documentación. Es fundamental que se conozca todo”, ha añadido.
Pilar Alegría ha querido “lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía”. “Decirles que estas actuaciones vergonzantes y bochornosas acabaron en julio de 2018, cuando Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno”, ha dicho. La portavoz del Ejecutivo ha criticado lo que considera el “silencio clamoroso” del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sobre el tema, y ha cargado contra el Partido Popular: “Cuando está en el Gobierno utiliza todos los resortes del Estado de derecho para perseguir a sus oponentes políticos, y cuando está en la oposición plantea ilegalizar a los oponentes políticos que piensan distinto a él”.
Las palabras de Alegría llegan después de que estos medios de comunicación publicaran ayer lunes que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió, según distintas fuentes, informes sobre las operaciones ilegales del independentismo en sobres cerrados que le remitía su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Esas actividades, sin amparo judicial, consistieron en la fabricación de informes que se filtraban a determinados medios de comunicación donde se vertían acusaciones de corrupción muy graves, la mayoría falsas, contra dirigentes independentistas catalanes. Algunas de esas operaciones fueron judicializadas por la propia policía o por el Ministerio del Interior pero acabaron mayoritariamente en nada porque los jueces decidieron archivarlas dado que las pruebas utilizadas eran falsas.
Esas maniobras ilegales contra el independentismo catalán, acreditadas en numerosos sumarios abiertos en la Audiencia Nacional y en otros tribunales, siguen impunes. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor del caso Tándem —que investiga la mafia policial que dirigió durante casi 20 años el comisario José Manuel Villarejo— tiene todavía abierta una investigación —la pieza 34— donde se incluyen los denominados audios de la corrupción publicados por EL PAÍS donde se acumulan numerosas pruebas de las maniobras de dirigentes del PP y de la cúpula policial del ministerio del Interior contra el independentismo catalán. Más de un año y medio después de abierta esa investigación, el juez tan sólo ha tomado testimonio a los responsables de los medios que publicaron esos audios y ninguno de los políticos o policías implicados en los mismos ha sido imputado por esos hechos.
El presidente andaluz insta por carta a Sánchez a que convoque la Conferencia de Presidentes
El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque la Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar las necesidades de los dirigentes regionales tras el último acuerdo de derivación de competencias en materia migratoria con Junts. Lo ha hecho a través de una carta, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.
Con la misiva, Moreno pretende “abordar lo que interesa a las comunidades autónomas y recobrar el sentido común para que quien gobierne en España sea el Gobierno de España y no un prófugo de la justicia”, según ha dicho el portavoz de la Junta, quien se ha referido a las declaraciones del viernes pasado de la vicepresidenta María Jesús Montero de que los acuerdos firmados con Junts eran extensibles al resto de comunidades. “¿Por qué no nos dan lo que nos corresponde por el sistema de financiación y le dan a Cataluña lo que pide?”, ha recalcado, posteriormente, Carolina España, la consejera de Economía y Hacienda.
Empieza la sesión plenaria para eliminar el término “disminuido” de la Constitución
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, acaba de dar inicio al pleno del Congreso en el que se aprobará la reforma del artículo 49 la Constitución para sustituir el término “disminuido” por “persona con discapacidad”.
Tras el debate en el Congreso, se abre un plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas y se votará en pleno el jueves. En caso de superar la votación, como es previsible, el texto se enviaría ese mismo día al Senado, donde se espera que se apruebe, probablemente, a mediados de febrero. El último paso será su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Feijóo llega al Pleno acompañado de Mar Galcerán, la primera diputada con síndrome de Down de España. / David Mudarra
Feijóo: “Estamos dispuestos a recurrir al acuerdo cuando responde a una demanda real y justa”
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subido a la tribuna del Congreso para intervenir en primer lugar durante el debate para la reforma de la Constitución. Ha recordado que se trata de un acuerdo “entre los dos grandes partidos al que invitamos al resto”, ha alabado la “negociación honesta” y ha señalado que “este es el camino para grandes reformas y consensos”. “Estoy convencido de que si mantuviéramos esta voluntad durante más tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación”, ha dicho el líder de la oposición. “Cuando finalice esta tramitación parlamentaria, nuestra Constitución será un poco mejor”, ha añadido.
¿Qué ahora dice el artículo 49 de la Constitución?
Artículo 49 de la Constitución Española. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
