Cambios en la certificación de bienestar animal tras el caso de maltrato en Burgos, con un 20% de inspecciones sorpresa
El Observatorio de Bienestar Animal califica de “papel mojado” las modificaciones anunciadas por AENOR e IRTA, tras la publicación de ‘La granja del terror’ en EL PAÍS
A partir del 1 de enero de 2024, el 20% de las inspecciones a las granjas que tengan el sello de bienestar animal Welfare se ejecutarán sin previo aviso a los responsables. La decisión la ha tomado la entidad pública catalana IRTA, dueña del protocolo de certificación, como consecuencia de la investigación del Observatorio de Bienestar Animal (OBA), publicada por EL PAÍS, sobre una granja porcina en Burgos plagada de ratas y larvas, en la que los cerdos sufrían hasta la muerte. La explotación ubicada en Quintanilla del Coco (Burgos) gozaba del sello de buenas prácticas de IRTA y AENOR, que retiraron tal distinción tras la publicación de las imágenes. Hasta ahora, ninguna de las inspecciones se ha ejecutado sin avisar antes al propietario, incluso con una semana de anticipación. Julia Elizalde, gerente de campañas del OBA y portavoz de la ONG, ha manifestado por teléfono: “Nos continúa pareciendo insuficiente un 20%. Esperábamos algo más”.
IRTA descarta que la totalidad de las revisiones sean espontáneas, ya que considera que informar con antelación a los granjeros no abre la posibilidad a que se escondan irregularidades antes de la revisión. “No tiene sentido que todas las auditoras sean no anunciadas, porque a lo mejor está una persona que cuida, y no el responsable, que debe comunicar a sus empleados las mejoras a implementar”, ha dicho una encargada de comunicaciones de la certificadora Walfare, dependiente de IRTA.
La entidad catalana ha subrayado que se reservará el derecho a realizar inspecciones sin previo aviso, ejecutadas por los equipos de IRTA, ya no a través de sus certificadoras como AENOR además de otra treintena más con las que trabaja. En caso de que una granja se niegue a una auditoría sorpresa, “sería expulsada de forma inmediata del sistema Welfare”, han precisado fuentes de IRTA. La empresa mantiene abierta una investigación por los hallazgos en la granja de Burgos y no descarta más cambios una vez se conozcan los resultados de las pesquisas.
Paralelamente, la empresa española AENOR, encargada de auditar el cumplimiento del protocolo de IRTA en las granjas, lanzó este martes un programa voluntario de auditorias para granjas animales con el objetivo de reforzar las inspecciones del sistema Welfare. La iniciativa busca enmendar el desprestigio que provocó la publicación de la granja de Burgos. Elizalde ha reprobado el carácter optativo de estas auditorías que define como “un auténtico papel mojado”, ya que, asume, “las empresas que estén infringiendo los requisitos del certificado, o incluso la ley vigente, no querrán asumirlas, lógicamente, y tendrán el mismo sello de bienestar animal”.
AENOR, que ha expedido 85.000 certificados de calidad en 82 países, ha defendido que su actuación se enmarca dentro los límites de sus funciones, ya que las reformas de los protocolos de bienestar animal solo pueden ser ejecutadas por IRTA, aunque reconoce la existencia de “casos puntuales” en los que “se incurre en la mala fe para superar las auditorías”, según se lee en el comunicado.
Las acusaciones de maltrato animal, estafa y delitos contra el medio ambiente que enfrenta la explotación de Domingo del Pozo en Quintanilla del Coco (Burgos) ha generado debate en los plenos de las Cortes de Castilla y León. Tras dos semanas de desacreditación a las imágenes grabadas por el OBA, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas (Vox), ha rectificado este martes al afirmar que hay “ciertas irregularidades” en la explotación. La bancada de Vox en la Comunidad ha pasado de decir que las imágenes eran “totalmente falsas” y que “se habían sacado de otra granja” a reconocer que “la granja inspeccionada es la misma”. Dueñas ha puntualizado que, “los veterinarios han detectado ciertas irregularidades en la eliminación de cadáveres al encontrar un depósito de cadáveres”, algo que había adelantado EL PAÍS, tras un recorrido por el bosque contiguo a la explotación, donde se aprecian un sinfín de restos óseos y orgánicos.
Días atrás se escucharon carcajadas en las Cortes cuando Dueñas, al ser interpelado por el escándalo de Quintanilla del Coco (57 habitantes), respondió “no sé a qué suceso se refiere usted”, antes de insistir en que las revisiones acreditaban que “no había ningún incumplimiento relativo al bienestar animal, estaban en buen estado, sin lesiones apreciables, sin cadáveres, roedores y gusanos”, lo cual sí reflejaban los vídeos. Un informe del Seprona, con fecha del 30 de noviembre, avala que “la granja inspeccionada y la presentada en el vídeo es la misma, al coincidir en la mayoría de los escenarios”. Dueñas afirmó hace unos meses, en plena polémica por la relajación de medidas sanitarias sobre enfermedades bovinas, que “quizá se ha llevado al extremo la salud pública”.
Una certificación más clara, en todas las escalas
El Observatorio de Bienestar Animal (OBA) ha insistido en la reforma del protocolo del sistema Welfare en un sistema que contemple diferentes escalas de bienestar animal. Hasta hoy en España ha imperado la metodología de sello único, que avala si un producto del supermercado ha obtenido el aval de buenas prácticas. La ONG pide que dentro el sello haya varios niveles que dimensionen en qué espectro del bienestar animal están trabajando las granjas y mataderos. Este mecanismo ya ha sido implementado en países como Francia, Alemania, Holanda o Dinamarca, donde los compradores pueden identificar en el etiquetado de los productos certificados si están en un nivel A, B, C o D. De esta forma se evita categorizar igual a una granja que ha superado con creces las inspecciones de otra que las ha pasado raspando.
Este sistema, además, permite medir “el bienestar animal durante todas las fases de vida del animal”, resalta OBA, desde el nacimiento hasta el sacrificio, incluyendo la cría y el transporte al matadero. La ONG puntualiza que este mecanismo “ofrecería una transparencia real al consumidor sobre las condiciones de cría de los animales destinados a consumo y sigue las recomendaciones del subgrupo de etiquetado de Bienestar Animal de la Comisión Europea”.
Esta nueva petición del Observatorio se une a las exigencias previas del cierre inmediato de la granja, así como la destitución de Domingo del Pozo, dueño de la explotación, como alcalde de Quintanilla del Coco por el Partido Popular. La granja ha sido retirada del sistema Welfare y despojada del sello de bienestar animal tras conocer irregularidades y la presencia del vertedero ilegal, advertidas por este diario.
