Muere Nené Barral, el exalcalde gallego investigado por contrabando de tabaco

José Ramón Barral, conocido como Nené, que fue alcalde de Ribadumia (Pontevedra) entre 1983 y 2001, ha muerto este jueves a los 79 años. Barral estaba bajo la lupa policial desde los años ochenta. Barral encadenó cuatro mayorías absolutas en su pueblo de 5.000 habitantes, pero también fue uno de los presuntos contrabandistas más investigados de Galicia y el que durante más tiempo ha logrado esquivar el acoso del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Barral fue uno de los regidores más influyentes en Galicia y había logrado emplear a más de un centenar de sus fieles votantes en la Diputación de Pontevedra, entonces gobernada por su partido, primero Alianza Popular y luego el PP. El regidor siempre negó los cargos que truncaron su cuarta mayoría absoluta y por los que tuvo que dimitir hace 22 años. Tenía una causa abierta en la Audiencia Provincial de Pontevedra por contrabando y otra en la Audiencia Nacional, derivada de la denominada Operación Cebra, por blanqueo de capitales y contrabando. Acusaba problemas de salud desde hacía tiempo, que su defensa esgrimió para justificar que no compareciera en las sesiones judiciales.

Las pesquisas contra Barral por contrabando se convirtieron en uno de los casos más antiguos de España. El año pasado echó a andar un juicio en Pontevedra, con 15 años de retraso sobre la causa juzgada y que después ha sufrido varias suspensiones, entre ellas por la delicada salud del exregidor del PP. La investigación comenzó con 43 imputados y quedó el número reducido a 12 —tras cuatro fallecimientos, al que ahora se suma el de Barral—, entre ellos un aduanero y un guardia civil. El asunto arrancó por un alijo de droga que nunca pudo acreditarse. Las comisiones rogatorias enviadas a Suiza, donde se esperaba encontrar una parte de la fortuna oculta del exalcalde, fracasaron completamente y dilataron el proceso durante años. La Sala de la Audiencia de Pontevedra el pasado febrero declaró nulos los pinchazos telefónicos que recogían las conversaciones que había mantenido Barral en el despacho de la alcaldía. La decisión judicial desmontó la acusación de que el regidor daba instrucciones a sus lacayos desde su oficina y de que controlaba tanto los supuestos desembarcos de tabaco como el pago a sus espías uniformados, esos que presuntamente le informaban de los movimientos de los aviones y barcos de Aduanas para poder evitar los abordajes por sorpresa.

La Fiscalía le atribuía a Barral la operativa de dos pesqueros y un buque mercante que introducían tabaco que llegaba en contenedores a Europa. El fiscal sostiene que en 1997 ya introdujo 1,17 millones de cajetillas desde Senegal, con un valor de 2,2 millones de euros, y que tenía conexiones en EEUU y Golfo Pérsico para el embarque de cargamentos. El ministerio público describió una doble vida de Barral salpicada de intrigas, traiciones y filtraciones, todas ellas reflejadas en una investigación que comenzó en 1996, un año después de morir su mentor, el empresario Vicente Otero, Terito, considerado el padre del contrabando gallego y también miembro destacado de PP. Barral daba órdenes supuestamente desde su teléfono de la alcaldía y recibía filtraciones desde la misma sede del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en A Coruña a cambio de suculentas cantidades de dinero. La información que estos funcionarios presuntamente facilitaban al exalcalde para garantizar el traslado de los alijos a Galicia llegó incluso a suspender dos operaciones programadas por la organización en los meses de febrero y octubre de 1999, sostiene la acusación. El ministerio público sostiene que Barral lidiaba con una extensa organización integrada por ciudadanos portugueses, holandeses, croatas, suizos, británicos, polacos y griegos, además de las conexiones que la red tenía en Norteamérica y el sultanato de Omán para el embarque y tránsito de los alijos.

Barral fue detenido en su chalé de Ribadumia la mañana del 14 de mayo de 2001 por agentes de Aduanas que llevaban desde la década de los años ochenta vigilando sus movimientos. Casi al mismo tiempo, también era detenido su hermano Feliciano, entonces presidente de la ejecutiva local del PP. La caída de los hermanos Barral sacudió los cimientos del partido en el que habían militado con las siglas de AP. Barral tuvo que dimitir, convencido de que lo habían traicionado desde La Moncloa, donde su paisano Mariano Rajoy ostentaba la vicepresidencia primera del Gobierno de Aznar.