Interior moviliza 1.600 policías para la investidura de Sánchez, uno de los mayores dispositivos de seguridad en Madrid

El Ministerio del Interior desplegará el miércoles y el jueves en Madrid a más de 1.600 policías nacionales y guardias civiles en el operativo que debe dar seguridad a la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, según ha informado este martes el departamento de Fernando Grande-Marlaska. El dispositivo será uno de los mayores desplegados en la capital para blindar un acto público. En los últimos años, solo lo superan el puesto en marcha para la coronación de Felipe VI, en junio de 2014 (en el que intervinieron cerca de 7.000 agentes de ambos cuerpos), y el activado en diciembre de 2018 por la disputa en Madrid de la final de la Copa Libertadores de fútbol entre los equipos argentinos de Boca Juniors y River Plate (2.054 policías nacionales). En el dispositivo de seguridad para la reciente jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor participaron menos agentes: 900. España se encuentra, desde 2015, en el nivel cuatro (riesgo alto) sobre cinco de alerta antiterrorista, que se reforzó el pasado 17 de octubre tras los atentados yihadistas de Francia y Bélgica tras estallar el conflicto de Gaza.

El dispositivo policial tendrá como epicentro el Congreso y el barrio de las Cortes donde está enclavado, y buscará garantizar, en primer lugar, la seguridad de los diputados tanto a su llegada como a su salida, ya que muchos lo hacen a pie, señalan fuentes policiales. El segundo es permitir que la sesión en el hemiciclo se desarrolle sin verse alterada por lo que pueda ocurrir en el exterior. En los últimos días, los expertos policiales han localizado en redes sociales llamamientos realizados por autodenominados “grupos patriotas” para “rodear el Congreso” de manera “permanente” durante las dos jornadas que dura la investidura. Su objetivo es boicotear la investidura impidiendo que los parlamentarios abandonen el edificio: “Que duerman en el Congreso”.

Junto a la cifra de los policías y guardias civiles que participarán, Interior ha facilitado este martes datos de otros despliegues realizados en Madrid para dimensionar el de la investidura de Sánchez. Entre ellos, ha detallado que durante la investidura de Mariano Rajoy, en octubre de 2016, fueron movilizados un millar de policías de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios). En aquella ocasión, 6.000 manifestantes convocados por colectivos de izquierdas marcharon por las inmediaciones del Congreso de los Diputados en contra de la sesión para nombrar presidente del Gobierno al entonces líder del PP.

El ministerio también ha detallado el número de agentes de los operativos de dos recientes partidos de la Champions League disputados en Madrid y que fueron catalogados por la Comisión Antiviolencia de alto riesgo. En concreto, los celebrados el 7 de noviembre en el estadio Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el club escocés Celtic de Glasgow, y, un día más tarde, en el Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y el Sporting Club de Braga portugués. Según informó entonces la Delegación del Gobierno en Madrid, se movilizaron, respectivamente, 1.300 y 1.700 agentes, aunque en esas cifras se incluían también a agentes de la Policía Nacional, componentes del SAMUR-Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, y empleados de seguridad de los clubes.

En estos dos últimos casos, los operativos coincidieron con los que la Policía Nacional está realizando diariamente en la calle de Ferraz de Madrid para garantizar la seguridad de la sede federal del PSOE ante las manifestaciones, en algunos casos violentas, convocadas en protesta por la ley de amnistía. En este dispositivo se despliegan a diario cerca de 350 antidisturbios en previsión de que tengan que hacer frente a altercados protagonizados algunos días por grupos ultras. Hasta ahora, estos incidentes se han saldado con 48 detenidos y 43 policías heridos. Los dos días que durará la investidura de Sánchez se mantendrá este operativo junto a la sede socialista.

“Total normalidad”

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha mostrado este martes, tras el último Consejo de Ministros antes de la remodelación del Ejecutivo de Sánchez, su confianza en que “la sesión de investidura se desarrolle con total normalidad”. Rodríguez ha querido diferenciar, por un lado, el derecho de manifestación, que ha calificado de “un derecho legítimo de la ciudadanía, un derecho por el que lucharon quienes nos precedieron en nuestro país, que lo conquistaron y lo tenemos ahí para disfrutarlo y para hacer uso de él cada vez que consideremos oportuno”; y, por otro, la necesidad de que en su ejercicio se excluya “todo tipo de violencia. Cuando se produce la violencia, lo que se espera de los demócratas es su condena”, ha recalcado Rodríguez, que ha hecho un llamamiento a la calma y la tranquilidad después de 10 días de protestas ante las sedes del PSOE de toda España.

Dirigentes de la derecha tradicional y de la extrema derecha han afirmado durante los últimos días que el Gobierno será resultado “de un fraude electoral”, como dijo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, o que España se encamina a “una dictadura”, según la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En las protestas de este lunes en Ferraz estuvo el presidente de Vox, Santiago Abascal, que asegura que el Ejecutivo será “golpista” e “ilegal”, acompañado de Tucker Carlson, el presentador ultra de EE UU despedido por Fox News tras mentir durante años sobre la pandemia, el asalto al Capitolio y el cambio climático.

En este contexto, Rodríguez se ha referido a “la escalada verbal y también violenta que se está sufriendo especialmente en las sedes del PSOE” ante la negativa de partidos como Vox de condenarlas de forma expresa. Un paso que el PP dio a mediados de la semana pasada tras los graves disturbios que se produjeron en Ferraz. “Yo creo que lo que ha pasado desde el día de ayer es que una vez que se conoce el texto legal [de la amnistía], a muchos se les han acabado los argumentos. El problema es que ya no es una ley que a todas luces es impecable desde el punto de vista jurídico, perfectamente enmarcada en nuestra Constitución, sino que el problema que tiene es que no aceptan la mayoría parlamentaria que la respalde. Y esto no es ni más ni menos que la democracia. A menos argumentos, más insultos, a más frustración, más violencia, más decibelios. Pero la responsabilidad de los que creemos en la democracia es apostar por el diálogo y condenar la violencia”, ha concluido.