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Puigdemont exhibe las concesiones de Sánchez para acallar las críticas internas a su giro pactista

El expresidente catalán reivindica como logros propios la amnistía, el uso institucional del catalán, la legitimación de su persona y la figura del verificador

Carles Puigdemont y Toni Comín
Carles Puigdemont saluda al eurodiputado Toni Comín, tras su conferencia en Bruselas, este jueves.Delmi Álvarez
Marc Rovira

El acuerdo cerrado este jueves en Bruselas entre Junts per Catalunya y el PSOE se presentó como una recompensa que llega tras haber disputado, ambas partes, un largo partido con prórroga y penaltis. Más allá del impacto que tenga sobre la legislatura, de inicio el pacto refuerza internamente a los líderes de los dos equipos: Pedro Sánchez ve cómo los siete votos de Junts le allanan el camino para la reelección y Carles Puigdemont luce un trofeo que le permite reivindicar sus dotes como negociador. La ley de amnistía es el premio gordo, pero el jefe de Junts reivindica como propios una pedrea de logros que han sido clave para frenar los ataques del independentismo más exaltado por el giro pactista que ha pilotado quien fue un estratega de la confrontación con los poderes del Estado. “Nosotros no hemos tenido que pasar página ni pedir perdón. Mantenemos la posición”, afirmó este jueves.

El expresident exigió, tras las elecciones del 23-J, ser tratado como un interlocutor legítimo, y lo consiguió: a principios de septiembre lo visitó en el Parlamento Europeo la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y a finales de octubre se reunió con él el número tres del PSOE, Santos Cerdán. El Ministerio del Interior también movió ficha para que la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) elimine de su informe las “alusiones” que vinculan al secesionismo con el terrorismo.

Puigdemont reclamó el reconocimiento institucional del catalán: se ha validado su uso en el Congreso de los Diputados y España defiende que sea oficial en las instituciones de la Unión Europea. Además, pese a que los independentistas no reunían los requisitos mínimos de representación para tener grupo propio en el Congreso, el PSOE y Sumar maniobraron para dar a Junts y a ERC grupos parlamentarios propios. Por último, la figura de un verificador internacional que vaya dando cuenta de si se cumplen los acuerdos sellados con el PSOE es otro punto que Puigdemont reivindica para su marcador. “Se condiciona la estabilidad de la legislatura a los avances y cumplimiento de los acuerdos cerrados con el PSOE”, presumió este jueves el expresident, anunciando la importancia de haber logrado la luz verde para “un mecanismo independiente” que funcione como órgano de verificación del trato.

Puigdemont compareció ante la cúpula de su partido con la idea de transmitir que el acuerdo con los socialistas implica más ganancias que renuncias. La escenificación llegaba después de que, durante tres meses, el expresident haya diseñado personalmente la estrategia negociadora de un partido en el que no tiene asignado ningún cargo oficial. Varias voces de la formación han manifestado en las últimas semanas que el hermetismo que ha impuesto Puigdemont sobre el avance de las negociaciones con el PSOE ha sido igual de sólido de puertas para adentro. Las bases deberán ratificar el acuerdo este fin de semana en una votación telemática.

El líder independentista defiende así que ha logrado dictar el relato del acuerdo, pese a que algunas de sus exigencias para avalar a Sánchez hayan quedado, de momento, en el alero. El 5 de septiembre, durante su anterior conferencia en Bruselas, planteó que la ley de amnistía tenía que ser de “amplio espectro”. Fuentes de la negociación aseguran, sin embargo, que la norma será muy puntillosa y delimitará claramente qué entra y qué no, para blindarse ante el previsible alud de recursos en contra. Igualmente, Puigdemont exigió entonces que los “únicos límites” a cualquier pacto fueran los establecidos por los “tratados internacionales”, sin alusión a la Constitución. El acuerdo recoge que en la mesa de partidos Junts reclamará un referéndum, pero dentro de la Constitución, amparado por el artículo 92.

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Hace dos semanas, Puigdemont hizo oídos sordos a la mayoría de los afiliados del Consell de la República, la entidad privada independentista que él maneja. El 74,9% de las bases votó a favor de bloquear la investidura, pero Puigdemont, negociador de Junts, no tuvo en cuenta el resultado.

El 23 de julio, el escrutinio de las elecciones generales dejó a Junts en una posición determinante para configurar mayorías en el Congreso. Pese a perder un diputado con respecto a 2019, los siete votos del grupo que comanda Míriam Nogueras se convirtieron en decisivos para posibilitar una reelección del Gobierno progresista o dejar pista libre al PP y Vox. Se abría una oportunidad de oro para Puigdemont, que se marchó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado. Antes de las elecciones, Pedro Sánchez definió a Puigdemont como “una anécdota”. Cien días más tarde, Puigdemont logró entrevistarse con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Sánchez, bajo una explícita foto del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. “Quero agradecer al PSOE que haya admitido las dificultades de donde partíamos y las que nos vamos a encontrar, para que nadie se pueda llamar a engaño. Tenemos mucho trabajo por hacer, y poco tiempo para hacerlo”, subrayó Puigdemont este jueves en su comparecencia.

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