Vox propone discriminar a los inmigrantes originarios de países de cultura musulmana

La Mesa del Congreso debatirá en los próximos días si admite a trámite una iniciativa de Vox que propone discriminar a los inmigrantes originarios de países de cultura musulmana, algo que todos los juristas consultados por EL PAÍS consideran inconstitucional y contrario a los pactos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España. En concreto, la proposición no de ley registrada el pasado martes en la Cámara baja, al socaire del conflicto entre Israel y Hamás, pide “suspender los expedientes de adquisición de la nacionalidad española, las autorizaciones de estancia y residencia y prohibir la entrada en España de inmigrantes procedentes de países de cultura islámica, en tanto no se pueda asegurar su correcta y pacífica integración en nuestro territorio”.

Manuel Ollé, expresidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España, considera que la iniciativa es abiertamente xenófoba y contraria a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos sociales y culturales de Naciones Unidas de 1966, por lo que España podría ser denunciada ante la ONU si la aprobara. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, advierte de que discriminar a una persona por ser originaria de un país de cultura musulmana va en contra del artículo 16 de la Constitución, que consagra el derecho a la libertad religiosa. Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, añade que una medida de este género vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incorporado a la legislación española.

Ruiz Robledo no se pronuncia sobre la admisión a trámite de la propuesta, aunque recuerda que la Mesa del Congreso puede rechazar aquellas iniciativas que sean “palmariamente inconstitucionales”; mientras que López Garrido, letrado de las Cortes, lo tiene claro: “No se puede admitir a trámite. Es de cajón”. La izquierda tiene mayoría en el órgano de Gobierno de la Cámara baja, pero sus miembros, incluidos los representantes del PP, socios del partido ultra, tendrán que pronunciarse; y Vox podría reconducir su iniciativa al Senado, donde los populares gozan de mayoría absoluta.

En el preámbulo de su proposición, Vox mezcla a los ciudadanos originarios de los países de religión musulmana con el terrorismo yihadista; y añade que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), “la nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que adquirieron la nacionalidad española en 2022 fue la de Marruecos, con 55.453 casos”, el 30,5% del total.

Este dato ha sido profusamente difundido de manera alarmista en redes sociales por la extrema derecha, omitiendo, sin embargo, el resto de información que aporta el INE. Por ejemplo, que el mayor colectivo de extranjeros que adquirió la nacionalidad española en 2002 fue el latinoamericano, con 62.832 casos, el 34,6% del total. La diferencia real es mucho mayor, pues el INE solo incluye a los extranjeros residentes en España y no a los latinoamericanos que viven en sus países de origen y adquirieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Vox también omite que el 42% (23.335) de las personas de origen marroquí que obtuvieron la nacionalidad española el año pasado habían nacido en España, mientras que el resto llevaba viviendo en este país al menos 15 años (en realidad más, ya que ese es el tiempo medio de residencia del conjunto de extranjeros, y los latinoamericanos tienen una vía rápida para obtener la nacionalidad).

Los marroquíes no solo integran la colonia extranjera más voluminosa en España (más de 880.000 personas), lo que explica que sean también los más numerosos entre quienes acceden a la nacionalidad, sino que Marruecos se ha convertido en el primer destino de las exportaciones españolas fuera de Europa y Estados Unidos, con un total de 11.750 millones de euros el pasado año, lo que ha consolidado a España como su primer socio comercial.

Aunque Vox presenta la suspensión generalizada de los expedientes de nacionalidad y la no renovación de los permisos de residencia (lo que generaría de inmediato una gran bolsa de inmigrantes ilegales) como una medida preventiva para evitar la infiltración de elementos yihadistas, la ley ya permite denegar la nacionalidad o el permiso de residencia a cualquier extranjero por razones de seguridad nacional o de orden público, mientras que existe un filtro para la entrada de ciudadanos de estos países con el régimen de visados. Respecto a las garantías de integración, el acceso a la nacionalidad requiere la superación de dos exámenes: uno de español y otro de conocimientos constitucionales y socioculturales, que realiza el Instituto Cervantes. Se da la paradoja de que, si la propuesta de Vox prosperase, se discriminaría a un ciudadano marroquí de religión judía o a un iraquí de religión cristiana porque en sus países de origen la confesión dominante es la musulmana.

En paralelo a la proposición no de ley, el partido ultra ha presentado una batería de preguntas al Ministerio de Justicia para saber, por ejemplo, qué porcentaje de los marroquíes que obtuvieron la nacionalidad española en 2022 había llegado ilegalmente a España o había cometido algún delito en España o en otros países antes de la concesión. Se da la circunstancia de que, para iniciar el expediente de nacionalización, es preciso haber residido legal e ininterrumpidamente en España durante 10 años —salvo los latinoamericanos, a los que les basta con dos— y a los solicitantes se les exige aportar un certificado de antecedentes penales.

Además, Vox pregunta al Gobierno si va a adoptar medidas “para impedir la adquisición fraudulenta o abusiva de la nacionalidad española”. En los últimos días, el número dos del partido ultra, Jorge Buxadé, ha denunciado un supuesto fraude en los expedientes de nacionalidad sin que hasta ahora haya aportado ninguna prueba.

No es la primera vez que Vox intenta poner trabas al acceso de los inmigrantes marroquíes a la ciudadanía. En noviembre de 2021, propuso modificar el Código Civil para elevar de 10 a 15 años el tiempo mínimo de residencia legal para poder acceder a la nacionalidad, pero excluyó a los hispanoamericanos, un colectivo en el que ha empezado a cosechar cada vez más votos.