El PSOE y la oposición reavivan la disputa en el Congreso sobre el control al Gobierno en funciones

El Congreso de los Diputados también está muy en funciones. Las Cortes se constituyeron hace dos meses, pero los sucesivos procesos de investidura, primero el fallido de Alberto Núñez Feijóo y ahora el en curso de Pedro Sánchez, han demorado la labor normal del poder legislativo y de control de un Gobierno que todavía no se ha formado. PP y Vox han presentado diferentes escritos y quejas, porque entienden que la presidenta de la Cámara baja, la socialista Armengol, actúa en favor de los intereses del aspirante socialista y, mientras este negocia, “ha secuestrado y parado el reloj de las Cortes”, según denunció este martes la portavoz popular. No se han formado aún las comisiones, ni la Diputación Permanente que opera en estos periodos inhábiles, la última Junta de Portavoces fue hace un mes y no se desarrollan sesiones de control al Gobierno desde el 26 de abril pasado, en la anterior legislatura. Armengol argumenta que su labor es dar tiempo para que alguna de las posibles investiduras prospere y haya un presidente del Gobierno en tiempo y forma.

PP y Vox llevan semanas cuestionando la función institucional y de arbitraje de la nueva presidenta de las Cortes. En el caso del PP esa tarea de acoso político contra Armengol se ha intensificado desde que fracasó el intento de investidura de Feijóo. Este martes, su secretaria general y portavoz en la Cámara baja, Cuca Gamarra, compareció expresamente para arremeter contra Armengol “por haber secuestrado el poder legislativo y parado el reloj de las Cortes” para entregárselo a Pedro Sánchez. Gamarra recordó que las elecciones se celebraron hace tres meses, que el Congreso se constituyó hace dos y que Armengol hace ya 15 días que recogió el mandato del jefe del Estado de encargar a Sánchez un intento de investidura.

Gamarra concluyó que Armengol “ha cerrado a cal y canto” el Congreso y obstruye así su funcionamiento normal y democrático. El PP registró a continuación una petición para que se fije cuanto antes una Junta de Portavoces (la anterior data del 19 de septiembre) para abordar asuntos que cree de relevancia y los enumeró: fijar una comparecencia en pleno del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ”sobre los atentados terroristas de Hamás en Israel”; aprobar una declaración institucional de toda la Cámara que el PP ha redactado sobre el mismo asunto; perfilar el calendario de este periodo de sesiones como el del Senado, que ya ha comenzado a trabajar; seleccionar a los miembros de la Diputación Permanente, que se reúne en este tipo de meses inhábiles y resolver escritos y resoluciones pendientes de la oposición. El PP aprovechó esa reclamación para demandar un debate sobre la crisis migratoria, una comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y otra del presidente, Pedro Sánchez, sobre los consejos europeos ya celebrados.

El debate sobre el control del poder legislativo a un gobierno en funciones no es nuevo, tampoco de esta incipiente XV legislatura. El PP ya lo llevó hace unas semanas a la Mesa del Congreso, sin mucho éxito. La presidenta de la Cámara baja argumenta que su principal labor, ahora, es facilitar al máximo que haya candidatos que puedan ser investidos como presidentes dentro de las reglas y calendarios legales y sostiene que es lo que consensuó en su momento con Feijóo y ahora con Sánchez. Rebate que se haya “parado ningún reloj” y razona al contrario que tras el debate de la investidura de Feijóo ese cronómetro está en marcha con el tope del 27 de noviembre para marcar una nueva votación antes de convocar automáticamente elecciones para el 14 de enero. Fuentes parlamentarias socialistas lamentan que el PP critique ahora que se consideren perdidas varias semanas o incluso meses cuando entienden que fueron los populares los que derrocharon gran parte de ese tiempo con la candidatura de Feijóo que sabían abocada al fracaso.

No es la primera vez que el Congreso está bloqueado tanto tiempo porque llegó a estar casi 10 meses sin actividad en 2016 cuando Mariano Rajoy se demoró con su Gobierno en funciones y sin presentar siquiera su candidatura. El PSOE denunció entonces aquella parálisis y esa crisis llegó incluso al Tribunal Constitucional al presentar el propio Congreso un conflicto de competencias. El PSOE entonces en la oposición pidió una comparecencia urgente del ministro de Defensa en funciones para informar sobre los asuntos y acuerdos tratados en una reunión de la OTAN celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2016 en Bruselas y el Gobierno de Rajoy la denegó.

El pleno del Constitucional, por unanimidad, sentenció en noviembre de 2018 que esa negativa no procedía: “El hecho de que el Gobierno esté en funciones no impide la función de control de las Cámaras, ya que en la medida en que el Gobierno sigue desarrollando actividad, esta no puede quedar exenta del control de las Cortes Generales”. Aunque también matizaba: “Sin perjuicio de que la función de control habrá de adecuarse a la propia situación del Gobierno en funciones”.

La Presidencia y la Mesa del Congreso, que controlan el PSOE y Sumar con cinco miembros frente a los cuatro del PP, se agarra a esa última interpretación de que no hay mucho que vigilar a un Gobierno en funciones para justificar no haber formado aún las comisiones (las no legislativas podrían ponerse en marcha la próxima semana), ni la Diputación Permanente o las sesiones de control. La última de esas mediáticas sesiones se desarrolló el pasado 26 de abril, en la anterior legislatura, antes de las dos sucesivas campañas electorales.