Sánchez da por seguro el pacto de investidura: “Habrá un Gobierno progresista, claro que lo va a haber”

La negociación entre el PSOE y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez —una vez que fracase, como es previsible, la del popular Alberto Núñez Feijóo el 27 de septiembre— aún está en fase embrionaria, según fuentes del Ejecutivo. Pero el líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está convencido de que saldrá adelante. “Los españoles han hablado y habrá un Gobierno progresista, claro que lo va a haber”, ha dicho Sánchez este domingo durante un mitin en Oroso (A Coruña). ¿Cómo lograrlo? “Vamos a hacer lo que prometimos en campaña: dije que buscaría votos hasta debajo de las piedras para seguir haciendo políticas progresistas, garantizando la igualdad y la concordia entre los pueblos de España, y es lo que vamos a hacer”, ha añadido. El socialista no ha hecho ninguna mención a la posibilidad de aprobar, como parte de ese acuerdo, una ley de amnistía a los encausados del procés independentista, que es la principal exigencia de Junts y que el PSOE siempre rechazó de plano hasta las elecciones del 23-J, pero ahora está dispuesto a negociar.

“Pedro, haz lo que tengas que hacer. Este partido sabe pasar página”, había dicho entre aplausos el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín Formoso, al dar paso a Sánchez en el mitin. El presidente del Gobierno en funciones no ha aludido a los detalles o condiciones de esa negociación, pero la ha dado por hecha. “Feijóo será el jefe de la oposición porque habrá un Gobierno progresista. Eso es lo que va a pasar. El PSOE seguirá gobernando cuatro años más”, ha insistido. Y ha vuelto a reprochar al líder popular la “descomunal pérdida de tiempo” de su intento de investidura, ironizando sobre las críticas del PP a la negociación de Sánchez con los independentistas: “Lo que se rompe no es España, es el PP”.

El Gobierno sostiene que la negociación a fondo con Junts no arrancará hasta después de la sesión de investidura de Feijóo. Pero los contactos previos ya se han producido, según admiten fuentes de todas las partes. La amnistía es el elemento central de esa negociación. Y el hecho de que Junts la exija mientras, al mismo tiempo, amenaza con guardarse para el futuro la carta de la “unilateralidad” —esto es, la posibilidad de poner en marcha otro procés si lo considera necesario para lograr sus objetivos— es uno de los escollos fundamentales. Este domingo, en una entrevista en La Vanguardia, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha apuntado que renunciar a la unilateralidad, es decir, comprometerse a que no habrá otro desafío a la legalidad como en 2017, es un requisito previo para hablar. Es la primera vez que Díaz pone esa condición.

“El acuerdo debe ser amplio. Y en ese acuerdo no cabe la unilateralidad […] Donde hay un acuerdo no caben unilateralidades”, afirma Díaz. En ese mismo empeño está el PSOE, que trata de convencer al partido secesionista de que entierre la amenaza unilateral para facilitar la negociación, según fuentes socialistas. El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido esta tarde en redes sociales avisando tanto al PSOE como a Sumar de que Junts no aceptará que le pongan condiciones en las conversaciones para la investidura, y sugiriendo que no renunciará a la unilateralidad. “No somos nosotros los que necesitamos apoyos para ir a la investidura. Las condiciones no las pone quien pide ayuda. Esto es al revés”. El expresidente de la Generalitat, huido de la justicia desde 2017, ya anunció a principios de mes que era requisito indispensable, para investir a Sánchez, una ley de amnistía y advirtió que no renunciaría a la unilateralidad. El pasado lunes, en la Diada, el secretario general de Junts, Jordi Turull, advirtió también de que “renunciar a la unilateralidad sería renunciar a la nación”. Y el sábado, tras la reunión del consejo nacional de Junts, la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, avisó: “No cederemos ni un milímetro. No aflojaremos. No rebajaremos nuestras demandas”.

La víspera de que Puigdemont hiciera esas declaraciones desde Bruselas, Díaz fue a visitarlo y se reunió con él durante casi tres horas, devolviéndole la pátina de legitimidad y el protagonismo que durante casi seis años había perdido. Junts y Sumar se comprometieron entonces a “explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político” en Cataluña. Al día siguiente, Puigdemont planteó sus “condiciones previas” para apoyar una investidura: una ley de amnistía que ponga fin de forma “permanente” a la “vía judicial” contra “los independentistas”; un “mecanismo de mediación y verificación” de los acuerdos, y un compromiso para que el único límite al pacto sean “los tratados internacionales” (es decir, no la Constitución). Y avisó de que en todo caso, aunque el pacto prosperase, Junts seguiría guardándose la carta de la “unilateralidad”.

Díaz se muestra en la entrevista partidaria de aprobar la amnistía. “La amnistía no es una ley, sino que acaba en una ley. Hay un conflicto político que puede ser objeto de un acuerdo político y social. Un conflicto al que nunca debimos haber llegado. ¿Y por qué hablo de acuerdo político y social? Porque en ese acuerdo también deberían estar los empresarios y los sindicatos, la sociedad civil… Un amplio acuerdo que culminaría con una ley orgánica. Este es el proceso al que podemos ir”, afirma. Y añade: “El acuerdo debe ser amplio y me van a permitir que les diga que en ese acuerdo no cabe la unilateralidad. Donde hay un acuerdo no caben unilateralidades. Cuando una parte se sienta a negociar ya está renunciando a la unilateralidad”.