El juez vuelve a investigar a la exalcaldesa de Maracena y a su concejal de Urbanismo por el secuestro de una edil

El juez de instrucción número 5 de Granada, que instruye el caso del secuestro de una concejal socialista de Maracena (Granada) peerpetrado en febrero de este año, ha abierto este martes una pieza separada para investigar a quien era entonces alcaldesa de la localidad, Berta Linares, y a su concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva. Esta investigación es una consecuencia inevitable de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, hace dos semanas, rechazó asumir el caso —que el juez instructor le había derivado por existir un tercer acusado con condición de aforado— al entender que en la investigación original faltaban “diligencias imprescindibles” para encontrar “indicios claros” de la participación de los tres políticos maraceneros salpicados por las pesquisas. Estos son Linares, Leyva y quien entonces era número tres del PSOE andaluz, el diputado autonómico Noel López. Linares acabó dimitiendo por el caso, López renunció a su cargo orgánico en el partido y García Leyva perdió su cartera de Urbanismo (aunque sigue siendo concejal) al ser derrotados los socialistas en las elecciones municipales del 28-M. Lo que hace ahora el juez instructor es completar esas diligencias no realizadas antes y, según lo que se desprenda de ellas, el caso volverá o no al Tribunal Superior de Justicia andaluz.

El juzgado de instrucción tiene competencias para investigar en esta pieza separada a la exalcaldesa y al exconcejal de Urbanismo, pero no al parlamentario andaluz. En caso de encontrar alguna relación de Linares y García Leyva con el presunto secuestrador —Pedro Gómez, que está en prisión provisional y en el momento de los hechos era pareja sentimental de la alcaldesa—, deberá también explicar al TSJA qué indicios le llevan a pensar que Noel López está implicado y, a partir de ahí, sería el TSJA quien asumiera la investigación. Si el juez de instrucción no halla ningún vínculo con Noel López, la causa seguiría adelante en ese juzgado de primera instancia.

Los hechos investigados ocurrieron el 21 de febrero pasado, cuando Vanessa Romero, entonces concejal socialista en el Ayuntamiento de Maracena, fue secuestrada durante unas horas por Pedro Gómez, pareja en ese momento de Berta Linares. Romero consiguió liberarse aprovechando un despiste de Gómez, que poco después fue detenido. En sus declaraciones al juez, el presunto agresor dijo que la idea de ese secuestro había surgido durante una cena en una taberna, unas semanas antes, a instancias de los tres políticos —Linares, García Leyva y López—, que presuntamente dejaron caer que sería bueno darle un susto a Vanessa Romero para que dejara de amenazar a la alcaldesa con hacer públicos ciertos documentos sobre lo que ella consideraba irregularidades urbanísticas. Durante la instrucción, sin embargo, el responsable de la taberna negó que esa reunión hubiera tenido lugar.

Entre las carencias de la investigación que el TSJA advirtió en su auto de hace dos semanas estaba justamente que no se había ordenado un careo entre Berta Linares y García Leyva con el secuestrador, algo que podía haber hecho el juez instructor, pero no hizo, en los tres meses que el caso estuvo bajo secreto de sumario.

Berta Linares ha recibido con satisfacción la decisión del juez de reabrir la investigación con nuevas pesquisas. “Por fin tengo la oportunidad de declarar para demostrar que sus acusaciones [las del presunto autor del secuestro] son un burdo intento para atenuar el horrible y absurdo hecho que cometió”, ha dicho al recibir el auto. “Durante cuatro meses he sido juzgada públicamente sin posibilidad de defensa, puesto que sus acusaciones no han sido contrastadas con una simple declaración, acusaciones que incluso han sido despojadas de credibilidad ante las pruebas ya practicadas”, ha añadido la exalcaldesa. “Ahora, con la posibilidad de declarar y dejar expuesta la realidad, por fin quedará clara mi inocencia”.

La exalcaldesa ha lamentado todo el revuelo mediático que ensombreció a tres días de las elecciones toda su trayectoria política “de manera injusta, provocando un juicio mediático sin posibilidades de defensa, que la oposición del PP aprovechó de manera miserable y sin ningún rubor para su interés”, según sus palabras. Ahora, tras la decisión del TSJA de devolver al juzgado de instrucción la causa, instando a encontrar algún indicio razonable y concluir con las declaraciones de los señalados por el acusado, Berta Linares dice encontrarse más tranquila; “creo en el sistema de Justicia, y que quedará perfectamente claro este terrible episodio que ha golpeado mi vida y la de mi familia de manera tan injusta y dolorosa”.

Por otro lado, según ha informado el gabinete de comunicación del TSJA, el juez instructor se ha dirigido a la oficina en Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que aclare si el presunto autor del secuestro pudo llevar a cabo un consumo “puntual” de cocaína el día 21 de febrero antes de cometer el delito. El juez insiste en este punto tras haber recibido un informe previo de ese organismo que indica que el detenido no era un consumidor habitual de cocaína o de otras sustancias estupefacientes y que no había consumido drogas en los tres meses anteriores a los hechos. Sí tomaba medicación para un problema de salud mental que sufría.