El delegado del Gobierno en el País Vasco encarga a una exdirigente del entorno de ETA un curso con policías sobre violencia machista

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, invitó por carta el pasado 10 de mayo a policías nacionales, guardias civiles y otros funcionarios de la Administración General del Estado destinados en esta comunidad a participar en un curso de concienciación sobre la violencia machista. En la misiva señalaba que las jornadas iban a ser impartidas por Aitziber Bañuelos Ganuza, una educadora social especializada que violencia de género que en los años noventa destacada integrante de Gestoras pro Amnistía, una organización de apoyo a los presos de ETA que fue ilegalizada en 2001 por su integración en la estructura “orgánica” de la banda terrorista, según ha denunciado este jueves el Sindicato Unificado de Policía (SUP). No obstante, Bañuelos nunca fue encausada en un sumario que terminó con la condena a una veintena de dirigentes de esta organización.

Horas después de la denuncia del sindicato policial, la Delegación ha hecho pública una nota en la que anunciaba que suspendía “la colaboración con Aitziber Bañuelos” tras admitir que no había “escrutado el historial de carácter político de la persona que se nos recomendó” por la Universidad del País Vasco, donde esta es asesora de la Dirección para la Igualdad. En ese momento, la exdirigente de Gestoras había impartido ya las dos jornadas programadas en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Bilbao. Una, el pasado lunes y la segunda, este mismo jueves. Quedaban por celebrar otras cuatro ―dos en la subdelegación de San Sebastián y otras dos en la de Vitoria, todas ellas en junio― que ahora “se impartirán con otros formadores”, añadía la misma nota.

En la misiva de mayo en la que se alentaba la participación de agentes y funcionarios, adelantada por El Correo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el delegado del Gobierno justificaba el curso en que “la violencia contra la mujer constituye una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres” y supone “una manifestación de la discriminación de la mujer por el hombre por razones de género” que se produce en “diferentes contextos” y con “diferentes expresiones y tipologías”. El texto insistía en que “corresponde a los poderes públicos la prevención, detección, atención y erradicación de este tipo (y cualquier otro) de violencia así como la adopción de medidas para hacer efectivos y reales esos derechos fundamentales”.

Por ello, y tras recordar que el año pasado ya se hizo un curso similar “con un resultado muy positivo”, Itxaso destacaba que los participantes podrían adquirir en esas jornadas “la conciencia, los conocimientos y las herramientas para atender de forma adecuada a las posibles víctimas [de la violencia machista]” y así poder “informar y orientar” a las mismas. Todo ello pese a que Policía Nacional y Guardia Civil no tienen atribuidas las competencias policiales en la materia en Euskadi, que son desempeñadas por la Ertzaintza.

La carta detallaba que el curso, denominada “Violencias machistas: Breve contextualización. Tipologías. Acoso laboral y sexista en el ámbito laboral”, sería impartido por Aitziber Bañuelos, de la que destacaba su condición de “formadora en violencia machistas e implementación de la perspectiva de género en acompañamiento a víctimas en la UPV/EHU [Universidad del País Vasco]”. En principio, el curso tendría lugar durante seis días de junio en dos sesiones de cuatro horas de duración cada una, en horario de 9.00 a 13.00.

En su denuncia, el SUP tildaba de “despropósito” haber “designado para formar a policías y guardias civiles a la que fuese portavoz de las Gestoras pro Amnistía” en Bizkaia, organización de la que recordaba había sido desarticulada por la Policía Nacional y, posteriormente, ilegalizada por la Audiencia Nacional. El sindicato policial recalcaba a Bañuelos había sido “durante años dinamizadora y participante habitual de las movilizaciones, manifiestos, comunicados de apoyo a los presos de ETA y cualquier otra iniciativa puesta en marcha contra el Estado desde la izquierda abertzale”. Por ello, el SUP considera “ofensivo, vejatorio, sectario” la elección de Bañuelos “como formadora de policías y guardias civiles en materia de Derechos Humanos”, y añade que tal decisión “constituye un intento de sometimiento y un atropello a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, a la memoria de las víctimas de ETA y a la democracia”.

Fuentes del sindicato recordaban que ella fue la portavoz del colectivo que mostró el apoyo de este a la huelga de hambre en una cárcel francesa del exjefe de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, que en la actualidad acumula penas de cientos de años de cárcel por asesinato, atentado, secuestro, depósito de armas, detención ilegal y falsificación, y al que se considera el ideólogo de la campaña de ataques que en su día emprendió la organización terrorista contra cargos políticos del PP.

Tras hacerse pública la denuncia del SUP, la Delegación del Gobierno ha emitido una nota en la que anunciaba que suspendía la colaboración de la exmiembro de Gestoras pro Amnistía y pedía “disculpas en primer lugar a las víctimas del terrorismo”. En el comunicado, Itxaso cargaba contra el sindicato policial por haber optado por la denuncia pública en lugar de dirigirse previamente a la Delegación del Gobierno. “No es hasta el día de hoy [por este jueves] que se nos [ha] comunicado la existencia de un malestar por la contratación de esta ponente”. El delegado recalcaba también que “se ha obrado de buena fe en todo momento”.