El primer atentado con ‘bici-bomba’ de ETA se salda con una condenada 33 años después

Como tenía por costumbre, el policía Ignacio Pérez Álvarez había acudido el 30 de enero de 1990 al bar Los Claveles, Galdácano (Bizkaia, 29.285 habitantes), a tomar el aperitivo. A la salida, pocos minutos antes de las tres de la tarde, ETA lo estaba esperando. Para matarlo. El agente tenía 39 años, esposa y tres hijos menores de edad.

Ese crimen —en el que la banda usó una bicicleta bomba por primera vez— ha engrosado el listado de atentados sin resolver durante más de tres décadas. Pero, este 1 de junio, la Audiencia Nacional ha condenado a uno de los integrantes del comando Vizcaya, Carmen Guisasola, por su implicación en el asesinato. El tribunal le ha impuesto 20 años de cárcel al considerar probado que fabricó y proporcionó el explosivo que los autores materiales ocultaron en una alforja de la bici-bomba, que dejaron apoyada en un edificio junto al coche de la víctima. Un dispositivo que activaron por radio control cuando Ignacio Pérez abrió la puerta de su Seat 124 para subirse. “[La etarra] intervino decisiva y determinantemente en la acción mortal de Galdácano más allá de toda duda razonable”, subrayan los magistrados.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha absuelto a Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez, a los que la Fiscalía acusaba como autores materiales del crimen. El tribunal ha concluido que no existen pruebas suficientes para condenarlos, además de descartar que puedan utilizarse contra ellos las declaraciones autoinculpatorias que hicieron en sede policial tras su arresto y que después negaron ante el juez.

“Aunque la condena es por ordenar el atentado y se absuelve a los autores materiales, por fin algo de luz sobre este atentado que estaba sin resolver”, ha comentado esta lunes Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la mayoritaria AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), poco después de conocerse la sentencia. Durante la vista oral, Abad y Martínez negaron su implicación en el atentado. Por su parte, Guisasola “se mantuvo en silencio”, pese a que hace años que repudió a la banda —de hecho, fue uno de los miembros de la organización que se acogió a la vía Nanclares cuando la organización terrorista aún permanecía viva—.

En 2020, la Audiencia Nacional ya absolvió a los tres imputados (Guisasola, Abad y Martínez) al considerar que los hechos habían prescrito. Pero, en julio de 2022, el Tribunal Supremo rechazó esa decisión y ordenó que se repitiera el juicio contra los tres. Una vista oral que se celebró en diciembre del pasado año.

“Vigilancia de los hábitos”

El comando Vizcaya decidió atentar contra el policía Ignacio Pérez en las “primeras semanas del año 1990”, según subrayan los jueces de la Audiencia Nacional. Los terroristas lo habían “vigilado” durante un tiempo de forma directa, para conocer al detalle sus hábitos. “Guisasola resolvió acabar con su vida, como acción de la organización terrorista ETA, a la que pertenecía”, insiste el tribunal, que enumera las pruebas recabadas contra ella. Entre otras, que se encontró una de sus huellas dactilares en la vivienda de Bilbao donde “se hallaron materiales con los que se podía fabricar el artefacto explosivo utilizado” en el crimen.

Nacido en Villagatón (León, 650 habitantes), Ignacio Pérez había sido destinado al País Vasco en 1979. En el momento del atentado, formaba parte de la sección de automoción del cuartel de Basauri. Tenía esposa y tres hijos —de 14, 10 y 5 años—. Según declaró la viuda en el juicio, uno de sus hijos todavía “no se siente capaz de regresar a su tierra, que es Galdácano, por no soportar los recuerdos”. Ella sí ha vuelto, “pero después de pasar 15 años fuera”.