El ingeniero que burló la web de la Administración para hacer negocio vendiendo citas de Extranjería
La policía detiene al creador y a los usuarios de un programa informático que engañó al sistema de cita previa. Los turnos se vendían después a los inmigrantes por hasta 200 euros
Un ingeniero informático que vive en Barcelona consiguió poner en jaque el sistema informático de la Administración y hacer negocio vendiendo citas de Extranjería. El hombre creó un sofisticado programa informático que accedía a la web oficial del Estado para conseguir el mayor número de turnos disponibles. El software se alquiló a decenas de intermediarios que, a su vez, hacían negocio con él. Tras varios años en los que las citas de Extranjería se han vendido sin pudor en el mercado negro por hasta 200 euros, la Policía Nacional ha anunciado que ha desmantelado una red en la que supuestamente participaban 94 personas. De ellas, 69 han sido detenidas, entre ellos el ingeniero. Las 25 restantes han declarado ante los agentes como investigadas.
El informático creó en 2021 un programa de software, una especie de robot, que conseguía acceder a la web de citas de forma repetitiva y automatizada. El bot lograba adelantarse al momento en el que cada comisaría lanzaba los turnos disponibles, y los bloqueaba en cuestión de minutos. La práctica, según la policía, hacía imposible que cualquier ciudadano tuviese acceso a las citas y forzaba que hubiese que pagar por un trámite gratuito y esencial en el día a día de los extranjeros residentes en España. En un contexto en el que la demanda de citas es, desde hace años, muy superior a las que ofrece la policía, el invento era un negocio redondo. Los extranjeros, que pasaban día y noche frente a la pantalla intentando sin éxito conseguir su turno, acababan comprándolos a través de las aplicaciones WhatsApp y Wallapop, en locutorios y a través de abogados.
El programa informático era capaz de burlar las medidas de seguridad de la página web y neutralizaba los llamados captcha, un filtro diseñado para discernir precisamente si las consultas las hacen humanos o robots informáticos. También engañaba al sistema introduciendo datos de los interesados de forma automática y cambiaba la dirección IP de cada dispositivo para evitar que el servidor bloqueara las peticiones por exceso de solicitudes desde un mismo aparato.
Las pesquisas policiales, coordinadas por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), identificaron que, a partir del sistema creado por el ingeniero, se había formado una “red criminal” a la que alquilaba el programa informático. El ingeniero, que ronda los 40 años, había creado una empresa con la que arrendaba su robot a decenas de interesados. El programa se ofrecía a distintos gestores de trámites de extranjería como un robot que conseguía citas de forma “totalmente autónoma”, que genera “emails infinitos” y que “permite añadir un filtro por comisarías y fechas”, según la documentación a la que ha tenido acceso El PAÍS. La instalación era sencilla, una simple extensión de Google Chrome. Cada cita lograda con el software se cobraba a 15 euros más IVA, un precio que los intermediarios multiplicaban en su propio beneficio hasta pedir, en algunos casos aislados, más de 1.200 euros.
El informático y sus cómplices dejaron constancia del intercambio comercial en contratos mercantiles en los que se reconocía una licencia para usar el robot. Además, el cobro se hacía mediante transferencias bancarias dirigidas a una cuenta de la empresa, que el mismo año de su creación, en 2021, declaró una cifra neta de negocio superior al medio millón de euros, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil. El alquiler del software incluía el acceso a una hoja de cálculo donde se introducían los datos de los extranjeros interesados en las citas, información fundamental para que el robot formalizase la petición. Hay detenidos en 17 provincias, considerados por la policía como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal y daños informáticos.
En conversación con EL PAÍS, el ingeniero investigado y la administradora de su empresa defienden su inocencia. “Nuestra intención siempre fue crear un sistema legal para conseguir citas que ya no estaban disponibles para los ciudadanos. Por eso siempre hemos ido con nuestros nombres y una empresa por delante, para hacerlo todo legal. Nunca hemos considerado que esto fuese una actividad ilegal ni delictiva, porque en ningún momento se daña ningún dato ni sistema de la web”, mantienen. “No es cierto que acaparásemos citas, ni mucho menos”, aseguran. Ambos defienden el robot como “un servicio” que evitaba a miles de personas pasar meses frente al ordenador para conseguir una cita previa. También advierten de que no son los únicos: “Hay muchos más robots, que tienen página web. La diferencia es que ellos no tienen una empresa y no se sabe quién hay detrás”.
En una primera fase de la investigación, la policía arrestó en febrero al ingeniero y a otras tres personas consideradas “principales integrantes” de la organización. En las actuaciones realizadas en Barcelona y Valencia se intervino gran cantidad de efectos informáticos, diversa documentación y un total de 206.950 euros en efectivo. Tras aquellos arrestos, según la nota de prensa de la policía, se llevó a cabo una investigación económica de los principales investigados y se identificó la empresa que el ingeniero utilizaba para alquilar el bot. Gracias a la documentación intervenida, se detectó a parte del enorme grupo de personas que o alquilaron el programa para piratear ellos mismos el sistema o actuaban como enlace en la venta de citas, entre ellos decenas de abogados de Extranjería a los que se tomó declaración a lo largo del pasado abril.
El negocio más rentable estaba en la venta de citas previas para pedir asilo, un trámite con una demanda disparada (casi 120.000 solicitudes solo en 2022) y poca oferta. De hecho, tras conocer que el sistema estaba pirateado, la Policía Nacional tomó medidas de forma unilateral, en paralelo a las investigaciones y, de la noche a la mañana, a finales de marzo los turnos para pedir asilo, cotizados a 200 euros, dejaron de estar disponibles en la web oficial. La policía improvisó diferentes sistemas en cada provincia para conseguir un turno (por email o por teléfono, principalmente), una fórmula que, según los abogados de Extranjería, tampoco funciona.
Juan Ospina, abogado defensor de una veintena de letrados que contrataron el programa informático, considera que sus clientes no son autores de ningún delito informático, sino, en todo caso, cómplices. Según Ospina, lo que hacían los abogados era comprar las citas para poder prestar sus servicios de tramitación de documentación, dado que era prácticamente imposible conseguir un turno por los cauces normales. La policía mantiene, sin embargo, que los intermediarios, abogados, gestores, asesores y otros conseguidores con los que trabajaba la empresa proveedora del software “eran conocedores y conscientes de la existencia de un daño informático contra la web oficial de citas y del correspondiente perjuicio que causaban a los extranjeros que, en muchas ocasiones, se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad y desesperación”.
Las citas de Extranjería son el producto más preciado en la reventa clandestina, pero no son el único. De hecho, la venta de turnos se ha extendido en la Administración y afecta a otros servicios esenciales, como los de la Seguridad Social o la DGT. La gestión de la web a través de la que se solicitan las citas previas no es competencia de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior, sino que les corresponde a los departamentos de Política Territorial y de Hacienda, dos ministerios burlados por este pirata informático. Se desconoce aún el tamaño del agujero que han creado este y otras personas con sus respectivos robots. Según fuentes policiales, aún hay citas previas que se esfuman de la página web en el momento en el que se ofertan.
