El puzle desencajado de la Justicia

Un magistrado del Tribunal Supremo describe la situación que atraviesa la administración de justicia con un símil muy visual: “La justicia es un puzle que tiene que ser perfecto en un Estado de derecho; pero en el nuestro, ahora mismo, están todas las piezas desencajadas”. Las piezas son los funcionarios judiciales, que, tras seis días de paros parciales y uno de 24 horas, han convocado siete de huelga a partir del 4 de mayo; los letrados del turno de oficio, que han iniciado protestas para reclamar mejoras retributivas y cobrar por labores que ahora no les pagan; los jueces y fiscales, que, a través de cinco de sus asociaciones, están llamando a una huelga indefinida en plena campaña electoral; y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años con el mandato caducado y cuya interinidad lastra el trabajo del resto.

La única pieza que ahora se mantiene estable, la de los letrados judiciales, es la que provocó que el resto se moviera tras protagonizar dos meses de huelga indefinida y lograr un acuerdo con el Gobierno que implica subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Cada parte argumenta motivos propios, pero todas señalan algunas razones comunes que han llevado a los trabajadores de la justicia a sentirse “menospreciados”. En el caso de los jueces, entre los que no hay unanimidad sobre si tienen derecho a huelga, todos los consultados advierten de un hartazgo generalizado fruto de la mezcla de sobrecarga de trabajo, falta de medios y retribuciones estancadas.

Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa y una de las convocantes de la huelga, detalla el historial que ha desembocado en la situación que denuncian hoy: “Tenemos un sistema judicial obsoleto en cuestiones esenciales, de organización. Con unos medios tecnológicos que se van incorporando, pero de forma desigual, descoordinada y a un ritmo lento. Un número de jueces y fiscales muy inferior a la media de los países de la UE. La media está en alrededor de 20 por 100.000 habitantes y nosotros tenemos 12. Súmale una litigiosidad creciente y la avalancha de jubilaciones que se nos vienen encima. Frente a esto te encuentras con que el número de plazas de jueces disminuye, las leyes que tienen que reducir la litigiosidad desoyen nuestras recomendaciones y no solo sientes despreocupación de las administraciones, sino absoluto menosprecio: el CGPJ lleva cuatro años sin renovarse por intrigas políticas. No les importa perjudicar el funcionamiento del órgano que tiene que gestionar el día a día”.

Según el último estudio del consejo, referido a 2021, cada año ingresan alrededor de seis millones de asuntos en los tribunales españoles. Se resuelven otros tantos; en 2021, por primera vez en mucho tiempo, se resolvieron casi un centenar más de los que entraron. Pero la pendencia es endémica y a final de año seguía habiendo más de tres millones de asuntos en trámite. La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia no se ha sumado, por ahora, a la convocatoria de huelga a la espera de lo que ocurra en la mesa de retribuciones, que se reúne el miércoles. Pero su portavoz, Edmundo Rodríguez, comparte el diagnóstico con los convocantes. “El problema es que hay una buena parte de la carrera que se ha encontrado con que la carga de trabajo se ha disparado a niveles insoportables. Y hay un malestar que cada uno traduce de distinta manera. Para unos es un problema salarial; para otros, no tanto. Lo que es seguro es que, si la gente estuviera menos agobiada de trabajo y pudiera dedicarle al trabajo el tiempo que merece, estaría menos descontenta”.

Los datos del CGPJ muestran que hay más de 750 juzgados en los que la sobrecarga de trabajo supera el 150% respecto a los módulos establecidos por el propio CGPJ y el Ministerio de Justicia. En algunos casos, la sobrecarga llega al 240 o 260%. “La planta no está bien dimensionada”, advierte Rodríguez. “No es solo que no haya un número suficiente de juzgados y jueces, sino que si, por ejemplo, se hubiera sacado adelante la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que los fiscales asuman labores de instrucción, habría muchos jueces que ya no instruirían y podrían trabajar mejor el resto”, añade.

“La impresión es que hay decepción en la carrera judicial, sobre todo en los jóvenes”, advierte un magistrado del Supremo que apunta que los nuevos jueces llegan con “el sentimiento de formar parte de una estructura fuerte del Estado”. Pero se encuentran con una realidad muy distinta. “De repente se les frustran sus aspiraciones profesionales y casi vitales. La realidad es dura, casi salvaje a ojos de los jóvenes”, señala este juez, para quien la huelga anunciada, con la que no está de acuerdo, es “un grito de desesperanza de la carrera judicial”. “Es una llamada de atención, un ‘téngannos en cuenta”.

El Consejo General del Poder Judicial lamentó hace unos meses la existencia de “un déficit estructural en la plantilla de la carrera judicial”. Según sus estimaciones, a finales de 2023 habrán ingresado en la carrera 382 nuevos jueces, mientras que las plazas vacantes serán 563. Eso arroja un déficit de al menos 181 jueces, según el consejo, que acordó pedir al Ministerio de Justicia que incremente el número de plazas en las próximas convocatorias de pruebas de acceso a la judicatura.

El departamento que dirige Pilar Llop asegura “ser consciente” de esta necesidad, pero argumenta que es una cuestión que tiene que preverse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. “Efectivamente, se van a jubilar muchos jueces y hace falta convocar más plazas”, señalan fuentes del ministerio. No obstante, Justicia recuerda que hay una vía de acceso a la judicatura, que es el proceso de selección de juristas con reconocida competencia, que es de “exclusiva competencia” del CGPJ. “En esta, según nuestros datos, hay un déficit de más de 200 plazas acumulado en los años en que el actual consejo lleva sin renovar”, señalan fuentes del ministerio.

Pero el CGPJ lleva más de cuatro años con el mandato vencido y esta situación se deja ya notar mucho en el día a día de los tribunales. A las 80 vacantes generadas (22 de ellas en el Tribunal Supremo) por la reforma legal que impide que el órgano nombre cargos discrecionales mientras siga en funciones, se une la agonía del CGPJ. “No tiene fuerza para sentarse a negociar con el ministerio refuerzos o medidas que reclamamos. El CGPJ podía haber hecho más”, señala María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora.

“Nos encontramos ante jueces cargados de trabajo y con medios congelados y que tienen como portavoz a un CGPJ caducado, fuera de la legalidad, que no le representa, alineado con los partidos políticos y que contamina la imagen de la independencia judicial”, advierte un magistrado del alto tribunal, que añade que la imposibilidad de renovar los cargos discrecionales está frustrando también las expectativas profesionales de jueces veteranos que aspiran a presidir una audiencia provincial o un tribunal superior o a lograr una plaza en el Supremo.

Las asociaciones llevan años reclamando mejoras en recursos humanos y tecnológicos, aunque la protesta actual se centra en los salarios y la huelga solo se evitará, admiten sus convocantes, si se llega a un acuerdo con los ministerios de Justicia y de Hacienda en la mesa de retribuciones prevista el 3 de mayo. En España hay 5.668, según los datos del último informe del CGPJ, y su salario, como el de los 2.553 fiscales, está regulado en una ley propia, la ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. La cuantía que perciben jueces y fiscales a fin de mes es una suma de un sueldo base y varios complementos, que dependen del puesto, la antigüedad, el destino, los objetivos alcanzados y otras retribuciones especiales.

Según datos del CGPJ, los jueces españoles cobran entre 52.534,52 (los jueces con menos antigüedad y destinados en municipios más pequeños) y 137.935,07 (el presidente de la Audiencia Nacional). En el Tribunal Supremo, los sueldos oscilan entre los 109.072,40 euros que cobra un magistrado y los 132.769,12 que percibe el presidente (el actual, al estar en funciones, no percibe esta cuantía, sino la correspondiente a presidente de sala, 111.986,44 euros).

Estas retribuciones está por encima de la media de los asalariados del sector público (2.807,1 euros al mes en 2021, según datos de la encuesta de población activa del INE que incluye a todos los trabajadores de la Administración y de las empresas públicas) y, en muchos casos, de lo que cobra el presidente del Gobierno (90.010 euros al año), pero jueces y fiscales reclaman una “adecuación retributiva razonable” justificada por la pérdida de poder adquisitivo que arrastran, aseguran, desde 2009.El CGPJ ha apoyado esta reclamación al considerar las retribuciones como una garantía de independencia. “El régimen retributivo (...) constituye un elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional”, señala el órgano en un acuerdo aprobado el pasado jueves con el voto de los 17 vocales (diez conservadores y siete progresistas). Los jueces y fiscales se quejan de que se está incumpliendo la ley que obliga a revisar sus salarios cada cinco años y aseguran que todavía no se han recuperado del recorte salarial que sufrieron todos los funcionarios en 2010, en plena crisis económica. “En 2010 se nos bajó el sueldo fijo un 9,73% y un 5% de complementos, un recorte mayor que el que se hizo a otros cuerpos. Y nosotros todavía no lo hemos recuperado”, asegura la presidenta de la APM.

Justicia niega esta conclusión y recuerda que, al margen de incrementos aplicados desde 2017, para los ejercicios del 2022, 2023 y 2024 se ha acordado para todos los funcionarios un aumento del 8%, susceptible de llegar al 9,5%. “Entre las subidas que ha habido desde 2017 y, en particular, con esta que se está haciendo en los ejercicios de 2022 a 2024, se supera con creces la reducción de 2010, que fue del 10%”, señalan fuentes del ministerio.

Que el acuerdo logrado por parte de los letrados de la administración de justicia ha provocado un efecto dominó que explica la huelga de funcionarios y la de jueces y fiscales lo admiten todas las partes. “Nos dijeron que cualquier mejora general para el colectivo es imposible. Por eso empezamos a buscar mejoras puntuales, por ejemplo, las guardias, que en los de juzgados de instrucción mixtos únicos hacen por 0,35 euros la hora”, recuerda Fernández Vaquero, el portavoz de la Francisco de Vitoria. “Pero luego nos encontramos con que los letrados hacen dos meses de huelga y les dan una subida para todos. Eso ha sido definitivo para nuestra convocatoria”, admite.

¿Qué incremento piden los jueces? Las asociaciones no se ponen de acuerdo, aunque todas coinciden en que hay aspectos como las guardias y el complemento por grupo de población que deben cambiar. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), aunque no se ha sumado al paro, ha analizado los puntos que va a llevar a la mesa de retribuciones y que coinciden, en lo esencial, con los de todas las asociaciones. “Es importante la actualización de las retribuciones de las guardias semanales, que tienen una cuantía desproporcionadamente inferior a la retribución de guardia de 24 horas. También creemos que tenemos un porcentaje del 5% de trienios que debería ser actualizado y subido en dos o tres puntos. Y que deben desaparecer los grupos de población 4 y 5 [los referidos a los municipios más pequeños], que suponen una merma en las retribuciones de quienes ganan menos. Deberíamos también recuperar el poder adquisitivo perdido por la falta de actualización de nuestros salarios conforme al IPC y en relación a la reducción sustancial que se produjo en 2010″, señala Inés Herreros, presidenta de la UPF.

El acuerdo con los antiguos secretarios judiciales ha precipitado también la huelga de funcionarios de la administración de justicia, un cuerpo formado por 45.000 personas que, en su mayoría, trabajan a las órdenes de los letrados y que ahora han visto cómo a sus jefes se les sube el sueldo por hacer tareas que, aseguran, muchas veces delegan en los trabajadores a su cargo. “Hace 20 años que reclamamos que se clarifiquen las funciones de los cuerpos de justicia. Muchas de esas funciones que los letrados han reclamado que se les retribuyan las ejecutamos realmente nosotros. Todos los papeles pasan por nuestras manos y el letrado los firma”, asegura Javier Jordán, responsable de Justicia del CSIF, el sindicato mayoritario del sector.

El Ministerio de Justicia niega esta situación. “Los funcionarios vienen haciendo las mismas funciones de siempre, que es asistir al titular del órgano judicial y también al LAJ [letrado] en sus respectivas funciones. Ante la posible confusión sobre las funciones de cada uno de los intervinientes en las leyes procesales ya se está trabajando en la oportuna clarificación”, señalan desde el departamento de Llop, que es juez de carrera. Los sindicatos de los funcionarios han llevado peticiones concretas a la negociación con el Gobierno, que está ahora en vía muerta: un incremento salarial de entre 350 y 430 euros al mes y cambios en la futura ley de eficiencia organizativa que, aseguran, no garantiza que se respete el destino de cada trabajador.

“Función Pública y el Ministerio de Justicia tienen que reflexionar”, señala Jordán. “Ante la realidad de que tienen un conflicto con jueces y fiscales, turno de oficio, funcionarios, el Gobierno tiene que buscar a una solución global. El tercer poder del Estado, aseguran quienes lo sostienen, es desde hace tiempo “la Cenicienta” de la Administración. “Hay algo rotundamente mal en la administración de justicia. Y no estoy responsabilizando al Ministerio de Justicia actual porque a él le toca gestionarlo, pero esto viene de muchos años atrás y muchos Gobiernos”, advierte el portavoz de la Francisco de Vitoria.