Los funcionarios judiciales redoblan su presión al Gobierno con siete días de huelga general

Los funcionarios judiciales han tensado más este martes la cuerda con el Gobierno, al que exigen una subida salarial en línea con la pactada con los letrados de la administración de justicia y que haga cambios en la futura Ley de Eficiencia Organizativa. Los sindicatos, que convocaron paros parciales indefinidos desde el día 17 (CSIF, CC OO, UGT y STAJ), han anunciado este martes que cambian esos paros por siete días de huelga general en el sector, los próximos 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Con esas citas, cuya segunda semana coincidirá con la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y con el paro general convocado por las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias, los sindicatos pretenden redoblar la presión sobre el Gobierno.

“Si el Ministerio no cambia su actitud, las movilizaciones continuarán con mayor contundencia si fuese necesario”, advierten los funcionarios en un comunicado emitido para difundir su decisión. El anuncio se produce después de que el lunes fracasara la reunión entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga. “Con los paros parciales de tres horas hemos conseguido que el Ministerio de Justicia nos llamara a negociar, pero debemos intensificar las movilizaciones para que se nos haga una oferta para el reconocimiento profesional y retributivo de nuestras funciones reales”, señalan los sindicatos. Los paros parciales de tres horas al día (de 10.00 a 13.00) que han mantenido desde la semana pasada quedan desconvocados a partir de este miércoles.

En el encuentro del lunes, el departamento que dirige Pilar Llop ofreció negociar algunos aspectos de la ley de eficiencia con los que no están de acuerdo los sindicatos, pero rechazó cualquier incremento salarial. Con esta actitud, según los representantes de los trabajadores, el Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, “abocan a la Administración de justicia a un colapso total”.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado este martes que esta legislatura se ha hecho “un esfuerzo retributivo muy importante con la Administración de justicia” y, tras la convocatoria de huelga de jueces y fiscales y la protesta ya en marcha de los funcionarios del sector, ha apelado a su responsabilidad como servidores públicos. “Somos respetuosos con todas las demandas, pero creo que también todos tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como servidores públicos para que exista un buen funcionamiento de la Administración de justicia y una buena atención a la ciudadanía”, ha manifestado la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Mientras tanto, la huelga de funcionarios sigue afectando cada día a miles de procedimientos. El último, el primer juicio del caso Lezo, que debía sumergirse en las entrañas de la corrupción del PP de Madrid en plena campaña electoral y que se ha suspendido de forma indefinida. La Audiencia Nacional tenía previsto iniciar esta vista oral el 24 de mayo; pero se ha pospuesto sin fecha, ya que al menos uno de los miembros del tribunal forma parte del que enjuicia desde enero al expresidente valenciano Francisco Camps por su supuesta implicación en el caso Gürtel, un proceso que también se ha retrasado debido a estas movilizaciones.

En una resolución del viernes, la Audiencia Nacional avanza que las dilaciones atribuibles a la huelga de funcionarios de justicia han derivado en que los dos juicios vayan a solaparse en el tiempo, “no siendo posible simultanear la celebración de ambos”. El proceso contra Camps se suspendió sine die el día 18, y se calcula que no podrá reanudarse hasta mínimo el 10 de mayo —y faltan aún muchos testigos y peritos por desfilar ante los jueces, además de las exposiciones finales de cada una de las partes (hay 26 acusados) y los turnos de última palabra—. Por ello, el tribunal ha avisado a los personados en el caso Lezo de que habrá que esperar y, una vez acabe este juicio de Gürtel, se les convocará a una reunión para señalar una nueva jornada de inicio.

En este primer juicio del caso Lezo se escrutará la compra por parte del Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001, una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros, según la Fiscalía. Esta investigación aborda la corrupción del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, gobernada por los populares desde hace casi 30 años. Entre los acusados se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, consejeros autonómicos durante los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón; y Arturo Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.