¿Es la Audiencia de Cádiz una “okupa”?: choque entre la Junta y la Diputación por el alquiler del edificio

¿Puede una sede judicial okupar un edificio público? En ese rifirrafe andan desde hace tres meses la Diputación de Cádiz (PSOE) y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía (PP) a cuenta del edificio de la Audiencia Provincial de Cádiz. La primera administración, propietaria del inmueble, considera que el máximo órgano judicial gaditano ejerce “una okupación ilegal”, en palabras de su presidente, el socialista Juan Carlos Ruiz-Boix. Pero la consejería, encargada de los medios materiales y personales de la justicia, lo niega y asegura regirse por un convenio suscrito entre ambas partes que aún sigue en vigor y que le libra de tener que pagar alquiler. La disputa está más cerca de embrollarse que de solucionarse y la institución gaditana ha demandado este lunes a la administración andaluza ante uno de los juzgados de instrucción de la ciudad, en un escrito en el que pide la rescisión del contrato o, en su defecto, el pago de una renta anual de 281.071 euros.

Aunque la disputa sea reciente, hunde sus raíces en un acuerdo que ambas administraciones rubricaron en 2008, cuando ambas eran socialistas. La Diputación y la consejería decidieron firmar la permuta del inmueble de la Audiencia, un edificio que ocupa 2.178 metros cuadrados justo a la entrada del casco histórico de Cádiz y que entonces era de la Junta, por un solar de 8.388 metros cuadrados ubicado en la calle Brunete. Esta última era del organismo provincial, pero la Junta había puesto sus ojos en él para construir una gran ciudad de la justicia. Como el terreno tenía menos valor que la sede judicial construida en los años cincuenta —3 millones de euros frente a 4,1 millones, según las tasaciones de entonces—, las dos instituciones acordaron que la Administración autonómica no abonaría nada a su nueva casera en concepto de alquiler durante los cuatro años que se estimaba que durarían las obras.

Pero el tiempo pasó y la ciudad de la justicia se convirtió en uno de esos proyectos que acaban durmiendo el sueño de los justos. Actualmente, la Junta ya ha descartado ubicar en ese solar el nuevo complejo judicial. En esta década y media de incumplimiento —prometida una y otra vez, pero nunca ejecutada, como el nunca construido nuevo hospital—, no existió conflicto con la Diputación. Hasta el pasado mes de julio, cuando el organismo provincial pasó a estar dirigido por el también alcalde de San Roque, socialista al igual que su antecesora. “Cuando llegué, me enteré del expediente y vi que era necesario solucionarlo. Juanma Moreno [presidente de la Junta de Andalucía] no cumple con Cádiz, mantiene una okupación ilegal con k y encima se quiere quedar con bienes. Son una apisonadora”, denuncia Ruiz-Boix, enfadado.

Pero en la Consejería de Justicia no lo ven así y aseguran que el acuerdo entre ambas partes sigue en vigor. “El punto número cuatro deja claro que ‘concluido el plazo, si no está disponible [la Ciudad de la Justicia] el presente contrato se ampliaría sin derecho de pago de alquiler”, justifican fuentes de esta institución. El presidente de la Diputación reconoce ese punto, pero alega que esa cláusula, en virtud “del espíritu colaborador, no puede ser eterna”. “El problema es que no hay obras ni proyecto porque ni siquiera se va a hacer allí ya. No pueden quedarse con el solar y negarse a pagar alquiler por la Audiencia”, apunta Ruiz-Boix. Justicia replica, a su vez, que la permuta del terreno es independiente al convenio de arrendamiento y que este segundo no está ligado al lugar en el que se ejecute la nueva infraestructura: “Ni dice tiempo, ni vínculo al solar que cedieron”.

La demanda de la institución provincial detalla la argumentación dada por Ruiz-Boix, ya que considera que el acuerdo suscrito en 2008 ya está en “precario” y podría ser resuelto. Más allá de esa pretensión inicial, solicita en su defecto que se declare una situación de comodato —préstamo de uso— con fecha de fin determinada o una relación de arrendamiento, vinculada al pago de una renta. El escrito, realizado por los letrados de la Diputación y al que ha tenido acceso EL PAÍS, fija incluso en 281.071 euros anuales el importe de ese hipotético alquiler.

Ruiz-Boix asegura que antes de llegar al extremo de aprobar en el pleno del pasado 25 de enero la presentación de la demanda judicial —con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos— intentó plantearle el problema al consejero, Jose Antonio Nieto, en Sevilla. “Pero nos dieron un portazo en la cara”, se queja el presidente provincial. “Nos deben cinco millones”, exclama el socialista, en referencia a los 15 años sin abono de alquiler, “mi interés no es echar a la Audiencia de su lugar, sino que la Junta pague”. De hecho, la demanda también deja claro en su argumentación que abre esta batalla legal “sin perjuicio de que se proceda a la reclamación de las rentas [atrasadas] que hubieren podido devengarse en otro procedimiento”.

Nuevo proyecto en otro lugar

Para liar más la maraña, la Consejería de Justicia se afana ahora en un nuevo proyecto de Ciudad de la Justicia en los antiguos Depósitos de Tabacalera, después de que en 2017 el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, le ofreciese esos terrenos. Desde entonces, el plan no lo ha tenido fácil y el Ayuntamiento ha denunciado constantes excusas de la Junta de Andalucía. El último movimiento fue elevar la edificabilidad del nuevo suelo al 100% para garantizar que entren todas las sedes judiciales y la propia Audiencia Provincial. Pero entre los más de 100 trabajadores del máximo órgano judicial gaditano no lo ven tan claro y ya se manifestaron en contra de mudarse a la nueva ubicación.

Hace unos días, el consejero tuvo una reunión con el presidente de la Audiencia, Manuel Estrella, y con el fiscal provincial, Ángel Núñez, entre otros profesionales de esta sede judicial. “La idea no es imponer nada, que sea de consenso. La idea es que esté todo unido”, apuntan desde la administración andaluza. Núñez confirma esa impresión transmitida por Nieto y recoge el guante: “Si vamos a mejorar, nos cambiaremos; si no, no. Depende de que conozcamos el proyecto, si vamos a tener buenas instalaciones…”. Pero el fiscal también muestra sus dudas de que la futura Ciudad de la Justicia acabe “por quedarse pequeña, como ya ha ocurrido en Málaga”.

La Ciudad de la Justicia, que ya disfrutan otras capitales como Córdoba, se deja querer en Cádiz, donde los juzgados ubicados en la zona de San José incluso tuvieron que cerrar durante meses para actuaciones de emergencia. Nieto ya ha admitido que legalmente será inviable que las obras, con un coste que ya va por los 80 millones de euros, arranquen en este 2023. Por eso, Núñez aplaza la decisión sobre su posible traslado: “No es necesario tomarla ahora”. Mientras, los profesionales de la Audiencia asisten desde la distancia a las cuitas entre arrendador y arrendatario sobre su lugar de trabajo. “No creo que vayan a venir a desahuciarnos”, zanja el fiscal provincial con ironía.