Una jueza propone a un preso de ETA reunirse con víctimas para acceder a la semilibertad

La jueza de la Audiencia Nacional María Reyes Jimeno ha revocado el tercer grado penitenciario o semilibertad que el Gobierno vasco concedió en agosto al preso de ETA Juan Carlos Subijana Izquierdo. En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada basa su decisión, entre otros motivos, en que en sus escritos de arrepentimiento el recluso evita citar como terrorista a la banda arma y muestra “cierta equidistancia” al hablar de “todas las víctimas”. Por ello, la jueza de Vigilancia Penitenciaria concluye que el etarra no ha tratado ni modificado suficientemente “los fundamentos de sus actos criminales” y que sería “conveniente la participación del penado en [un] programa de justicia restaurativa”, un taller penitenciario de reinserción que concluye con un encuentro entre el recluso y una víctima directa o simbólica de sus delitos para que le pidan perdón.

Los encuentros de justicia restaurativa son similares a los 14 que se celebraron en 2012 entre los presos de ETA arrepentidos que se acogieron a la vía Nanclares de reinserción y víctimas de la organización terrorista. Esta fórmula de reinserción de presos de ETA fue prácticamente paralizada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2016, Prisiones retoma esta vía, pero no para condenados por terrorismo, sino para presos de otros delitos que cumplían sus penas a través de medidas alternativas. Tres años más tarde, en 2019, extendió esta fórmula para reclusos. En los últimos años, han participado en encuentros de justicia restaurativa internos célebres como el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, condenados en causas de corrupción.

En 2021, Instituciones Penitenciarias abrió la puerta a que también participaran presos de ETA. Entonces, una veintena de reclusos de la organización mostraron su interés. El objetivo de estos encuentros es que las víctimas consigan una reparación, al menos simbólica, por el daño sufrido y, a la vez, facilitar la reinserción de los internos, haciéndoles conscientes del dolor que han causado. La participación no supone ni una reducción de pena ni el acceso automático a beneficios penitenciarios, aunque las juntas de tratamiento de las cárceles ―formadas por profesionales penitenciarios― sí lo tienen en cuenta para, precisamente, progresar al tercer grado o conceder permisos a los presos.

Subijana, condenado a 28 años de cárcel por el atentado con bomba lapa que costó la vida al funcionario de prisiones Máximo Casado en octubre de 2000, es el tercer preso de ETA al que la Audiencia Nacional ha revocado en febrero el régimen abierto y el décimo desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021. En la mayoría de los casos, el argumento esgrimido por la Audiencia Nacional ha sido, precisamente, que los presos de la organización terrorista no habían acreditado de forma suficiente su arrepentimiento o no habían pedido perdón a las víctimas de forma explícita. Sin embargo, Subijana es al primero al que la jueza de Vigilancia Penitenciaria reclama que realice un curso de reinserción que incluya encuentros con víctimas si quiere volver al régimen abierto.

En la resolución judicial que ha obligado al etarra a reingresar en la prisión de Basauri (Bizkaia), fechada el 22 de febrero, la magistrada detalla que la junta de Tratamiento de este centro penitenciario propuso, con el voto en contra de uno de sus miembros, conceder a este etarra la semilibertad al considerar que su pronóstico de reincidencia era “bajo” a la vista de su buena conducta, el apoyo familiar, su renuncia explícita a volver a delinquir y su decisión de abonar la responsabilidad civil que se le impuso en sentencia. La propuesta, que también destacaba que el interno sufría dos enfermedades crónicas y que iba a buscar trabajo, fue avalada por la Consejería de Justicia del Gobierno vasco en agosto. Esta decisión fue recurrida por la Fiscalía.

Ahora la jueza ha dado la razón al ministerio público al considerar que, frente a los argumentos a favor esgrimidos por los profesionales penitenciarios y la Consejería de Justicia vasca, existen otros de mayor peso. Entre ellos señala la gravedad del delito cometido (asesinato) y que “tiene aún pendiente un largo periodo de cumplimiento de la pena impuesta”, que no extinguirá de modo definitivo hasta dentro de 12 años, en 2035. Además, la magistrada insiste en que el etarra lleva menos de un año disfrutando de permisos y que, si bien ha comenzado a abonar la responsabilidad civil a la que fue condenado (400.000 euros), el dinero consignado hasta ahora (210 euros) es “muy escaso”.

Sobre los escritos de arrepentimiento, la jueza destaca que Subijana ha presentado dos. El más reciente es del pasado octubre y en él menciona a su víctima y sus familiares y “ciertamente, no responde al esquema de escrito estereotipado y ambiguo, por lo que representa un avance tratamental importante en la evolución del penado”, señala la magistrada. Sin embargo, en su auto añade que, como recoge la Fiscalía en su recurso, en ellos hay determinadas expresiones que, en su opinión, “denotan una falta de suficiente superación” por lo que considera que se hace necesario “que se continúe trabajando en los déficits que llevaron al interno a delinquir”. En concreto, señala que en dichos escritos hace referencia a “la violencia para la consecución de objetivos políticos”, lo que se puede interpretar como una legitimación política de la actividad terrorista. O que habla de la “organización en la que militaba”, sin definirla como terrorista, además de denominar los atentados como “lucha armada” y mostrar “una cierta equidistancia en su referencia a ‘todas las víctimas”.

Para la magistrada, todo ello revela que “los fundamentos de sus actos criminales no han sido suficientemente tratados y modificados hasta la fecha” y hace hincapié en que “no consta la participación del penado en programas de justicia restaurativa que puedan corroborar la sinceridad del arrepentimiento y contrastar la evolución favorable que viene apuntando el penado”. Por todo ello, concluye que la semilibertad del etarra es “prematura” y ordena que se le vuelva a clasificar en segundo grado, el ordinario, en el que deja abierta la puerta a que siga disfrutando de permisos de salida. Es en este punto, donde la magistrada recalca que sería “conveniente la participación del penado en programa de justicia restaurativa a los efectos ya expresados, como paso previo a un régimen de semilibertad”.

Desde que el Gobierno vasco asumió la competencia penitenciaria, ha concedido 34 semilibertades, 24 de las cuales han sido recurridas por la Fiscalía ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. De ellas, junto a las 10 ya revocadas tras la decisión sobre Subijana, la jueza ha confirmado hasta ahora siete, aunque tres de ellas volvieron a ser recurridos ante la Audiencia Nacional por la Fiscalía. Dos han sido finalmente confirmadas, y quedan aún por resolver una. En las cárceles vascas hay en este momento 144 presos de ETA, de un total de 160 en toda España.