Amnistía denuncia el uso de munición española en la represión de las protestas en Perú

Amnistía Internacional (AI) ha documentado el uso de munición española en la represión de las protestas en Perú, que ha dejado un saldo de 60 muertos desde diciembre pasado, y ha reiterado su petición al Gobierno español para que, como medida cautelar, cese de manera inmediata la exportación de armas letales y material antidisturbios al país andino.

Tras una investigación desarrollada entre el 29 de enero y el 11 de febrero en distintos departamentos de Perú, el Laboratorio de Evidencia de la ONG ha concluido que en la represión de las manifestaciones se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma de la firma española Maxam Outdoor. También ha confirmado la presencia en dicho país de tanquetas policiales Pegaso 3560 BMR fabricadas en España a por el grupo FIAT-IVECO, aunque en este caso no está acreditado su uso en la represión.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio aseguraron el pasado día 10 a EL PAÍS que el Gobierno español “sigue atentamente el desarrollo de los acontecimientos” y cualquier solicitud de exportación de material policial a Perú se analiza “caso por caso”, ya que se considera un “destino sensible” en estos momentos.

La junta interministerial que controla la exportación de equipos militares, policiales y de doble uso autorizó en marzo de 2021 y abril de 2022 la venta al Gobierno peruano de material antidisturbios (artificios lacrimógenos) por valor de 6,3 millones de euros. Sin embargo, según Comercio, estas licencias no llegaron a ejecutarse, ya que las empresas fabricantes desistieron de seguir adelante, por lo que la última entrega se produjo en agosto de 2020. Desde entonces no se ha ejecutado ninguna operación, agregan las mismas fuentes.

AI se felicita de que estas exportaciones no se materializaran pero cree que nunca debieron haberse aprobado y asegura que seguirá investigando para verificar si material de fabricación española ha servido para cometer violaciones graves de derechos humanos en Perú. Además de pedir la suspensión cautelar de las entregas, ha pedido al gobierno que mejore los mecanismos de evaluación del riesgo que suponen estas ventas, se aplique el protocolo adoptado en 2020 para comprobar el uso último de los equipos, garantice que no sirven cometer violaciones de los derechos humanos e investigue su empleo en la represión de las protestas de los últimos meses. La ONG aporta, entre otros indicios, el tuit que ilustra esta información, en el que pueden verse varios cartuchos de uso policial, alguno con la inscripción de la firma española Maxam..

La investigación de la ONG concluye que se ha producido un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte del Estado peruano para reprimir las protestas desencadenadas tras el autogolpe frustrado del presidente Castillo, que concluyó con su destitución y detención. “Desde el inicio de las protestas, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de manera indiscriminada contra la población, especialmente contra indígenas y campesinas”, asegura AI en un comunicdo.

Durante la investigación realizada en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, la ONG dice haber recibido información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentado 12 muertes por arma de fuego. Además, ha recabado testimonios sobre graves carencias en la investigación judicial de estos hechos.

Tras realizar un análisis de los datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, Amnistía denuncia un “sesgo racista” en la represión. “Mientras que los departamentos con población mayoritariamente Indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes registradas desde el inicio de la crisis. Los datos apuntan a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas”, afirma.

En Juliaca, en el departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población Indígena, 17 personas perdieron la vida el 9 de enero en el contexto de la represión policial. La propia Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectiles de arma de fuego. A principios de febrero, el Gobierno decretó un Estado de Emergencia en siete regiones, pero Puno es la única región que ha quedado bajo control militar.

Durante su investigación, Amnistía Internacional entrevistó a múltiples funcionarios del Estado, incluídos representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la Defensoría, así como comerciantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, abogados, familiares y testigos. Asimismo, el Laboratorio de Evidencia de AI verificó 36 piezas de material foto y videográfico, de las que al menos 11 apuntarían al uso excesivo y indiscriminado de la fuerza letal y potencialmente letal por parte de la autoridad, concluye la organización.

AI reconoce que, aunque las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes. Sin embargo, agrega, los datos disponibles indican que la Policía y el Ejército dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas. De los 12 casos fallecidos que Amnistía Internacional ha documentado hasta el momento, todas recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza.

Asimismo, la ONG advierte de que las autoridades han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional. Amnistía ha documentado varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio del derecho a la libertad de información.