Cuatro años para divorciarse: los narcos colapsan los juzgados de Cádiz

Cuando la jueza Alba Serrano llegó, a petición propia, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de La Línea de la Concepción en diciembre de 2021, buscó en los armarios las causas de narcotráfico más antiguas. No le costó encontrarlas: “Estaban todas paradas”, recuerda. Se topó con macrooperaciones policiales de miles de páginas y más de nueve años. Pero también con divorcios por tramitar desde hace cuatro años o juicios de custodia de menores en los que los niños ya eran mayores de edad. El colapso predomina en los juzgados mixtos (civiles y penales) de las ciudades costeras gaditanas, donde las operaciones de tráfico de drogas, la alta rotación de profesionales y la falta de medios crean una tormenta perfecta que acaba en trámites paralizados y en prescripciones.

Una cincuentena de imputados en una causa por narcotráfico que llevaba desde 2007 sin avances en el Juzgado 2 de Barbate se han visto beneficiados por el archivo forzoso de la investigación. El 16 de enero, la Fiscalía de Cádiz asumió la prescripción del proceso, según adelantó la Cadena SER. “Se fue la juez y todos los que vinieron detrás, al menos han sido ocho en estos años, tenían que asumir una causa de 15.000 folios. Para eso hay que tener tiempo y en esos juzgados es imposible”, resume Ana Villagómez, fiscal Antidroga de Cádiz y Andalucía. Y Villagómez anticipa que puede que no sea el único caso que se cierra así en Barbate: “Ahora allí no hay una actividad de narcotráfico muy destacada. Viene de atrás. Tenemos causas de 2009 a 2014, todas por calificar”.

El atasco de los juzgados permite seguir el rastro de la actividad del narcotráfico en Cádiz. En los años 2000, se hizo fuerte en Barbate. En la siguiente década, saltó al Campo de Gibraltar. Y tras el refuerzo policial operado por el Gobierno en 2018, las mafias se dispersaron a otros puntos costeros. Hoy esa estela se traduce en juzgados en apuros en Barbate, La Línea, Chiclana o El Puerto de Santa María. “En general, todo funciona regular tirando a mal. Pero cuanto más al sur te vas, peor es”, explica el abogado Roberto Peralta, especializado en asuntos de familia y siniestralidad laboral. Son esas causas sin reos en prisión las que precisamente se suelen quedar atrás en la cola de tareas pendientes de los juzgados.

María —nombre ficticio— solo tiene claro algo: “La justicia no se está portando bien conmigo y con mi hijo”. La mujer, de 30 años y clienta de Peralta, lleva esperando desde marzo de 2015 a que un juzgado de Chiclana embargue a su pareja los 150 euros de manutención mensuales que nunca llegó a pasar a su hijo. Pese a haberse celebrado el juicio en 2017 , “en estos ocho años solo ha conseguido que le retengan 25 euros”, relata el letrado con enfado.

El abogado ya se ha acostumbrado a ver juicios de divorcios que tardan “hasta cuatro años” en señalarse, o procesos por accidentes en los que tiene que acabar recomendando a sus clientes que mejor accedan a un acuerdo económico con los seguros para evitar pleitos. La letrada María Núñez, con casos en Chiclana y Barbate, añade: “Tengo casos pendientes desde el año 2020 con menores y están completamente paralizados”.

Objetivo: desatascar el juzgado

La jueza Serrano está empeñada en desatascar su juzgado, aunque sea “a costa” de su vida personal. “Le digo a mis funcionarios que imaginen que es su padre o su hermano. Yo soy la juez, pero al final estamos tratando con problemas personales o económicos. Duermo tranquila porque sé que más no puedo hacer”, explica. La misma diligencia ha intentado aplicar a las macrocausas de narcotráfico —ahora menos abundantes en La Línea que hace dos años— que estaban paralizadas y que, a veces, acaban reducidas a acuerdos previos al juicio para aplicar dilaciones indebidas: “Prefiero no saber qué pasará con ellas. Da rabia y prefiero no saber, si no dejaríamos de trabajar. Al menos, que por nosotros no quede”.

El colapso que generan las causas por narcotráfico se ve agravado por otros problemas endémicos de los juzgados de pueblos de toda España. La alta rotación de los profesionales es una de las más destacadas. La jueza Serrano llegó a La Línea en diciembre de 2021 y sus ganas de mantenerse en la plaza ya la han convertido en la decana del lugar, porque el resto “ya se ha marchado”. Algunos jueces se mantienen en los juzgados mixtos de la provincia apenas seis meses. La fiscal Villagómez lo explica: “Con tanto trabajo no les da tiempo a hacer nada. Es un horror y nadie quiere estar. Es normal”.

La falta de medios personales y materiales es otro gran inconveniente. El abogado Peralta tiene claro que las ciudades costeras de Cádiz necesitan “más jueces de refuerzo, más salas de vistas, más funcionarios” y una digitalización real que ahora “solo se da sobre el papel”. En el juzgado de Serrano, una inspección recomendó que hubiese dos funcionarios más: “Los he reclamado, pero como ahora hemos conseguido rebajar la carga de trabajo y ahora va mejor, no nos lo van a poner”. La fiscal Villagómez añade un punto clave: “Tenemos un sistema procesal que no está preparado para sacar causas de cierto número de investigados por los trámites a los que los abogados recurren”.

Pese a tanto impedimento, Serrano no parece dispuesta a tirar la toalla. “La Línea es un destino de paso, pero me he quedado porque estoy a gusto. De hecho, vine voluntariamente porque me gusta la instrucción”. Cada día, se levanta a las cuatro para desatascar tanta tarea pendiente, se divide las mañanas de la semana en juicios civiles y penales y reserva las tardes a avanzar más trabajo. Suple las carencias con esfuerzo y tiene claro que el ritmo difícilmente bajará: “Es la zona que es y eso no lo podemos cambiar. Lo que peor llevo es no poderle dar la importancia a cada caso que requiere. Trabajar rápido siempre aumenta el riesgo de errores”.