El Poder Judicial no logra un acuerdo para exigir a las Cortes que le permitan cubrir las vacantes del Supremo

El pleno extraordinario convocado este jueves en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar un golpe en la mesa y llamar la atención sobre su precaria situación ha acabado dejando al órgano más fragmentado que ninguna de las tensas sesiones que se han vivido en los últimos meses. Los vocales se habían reunido en una sesión monográfica para abordar la situación de la institución —pendiente de renovar desde diciembre de 2018— y las consecuencias que está generando en el funcionamiento de la justicia, sobre todo en el Tribunal Supremo, donde faltan 19 magistrados de una plantilla total de 79. El órgano tenía sobre la mesa una propuesta aprobada hace unos días por la comisión permanente en la que se instaba al Congreso y al Senado a renovar cuando antes el CGPJ o, en caso de que el bloqueo se mantuviera, devolverle las competencias para cubrir las vacantes, pero la mayoría del órgano ha rechazado esta iniciativa. Tampoco ha salido adelante una propuesta alternativa que abogaba por pedir a las Cámaras que el CGPJ pueda nombrar, al menos, un número mínimo de magistrados en el Supremo para garantizar su normal funcionamiento.

La división dentro del pleno trasciende esta vez la habitual discordia entre conservadores y progresistas que se consolidó a lo largo del pasado otoño a cuenta del tortuoso proceso para aprobar el nombramiento de dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Las propuestas que se llevaban a votación este jueves han sido apoyadas y rechazadas por consejeros de ambas sensibilidades, y, al final, ninguna de las iniciativas que se han sometido a debate ha obtenido la mayoría necesaria para ser aprobada y el pleno ha concluido sin acuerdo. Vocales consultados admiten que la imposibilidad de consensuar siquiera una declaración sobre los problemas que atraviesa la cúpula judicial ilustra la gravedad de la situación.

La primera propuesta había sido la elevada al pleno por la comisión permanente, que proponía remitir al Congreso y al Senado el informe del gabinete técnico del Tribunal Supremo sobre el impacto que para la actividad del alto tribunal provoca la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales, así como el informe de los servicios técnicos del CGPJ sobre las vacantes existentes en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. El texto instaba al Congreso y al Senado a propiciar la inmediata renovación del Consejo y, en caso de no producirse esta, a devolver al órgano de gobierno de los jueces la competencia para cubrir estas vacantes.

También este jueves, el Consejo ha acordado pedir a los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y a las audiencias provinciales que le remitan las resoluciones dictadas en relación con la ley del solo sí es sí, alrededor del medio millar.

La propuesta ha recibido los votos de seis de los siete miembros de la permanente (los progresistas Rafael Mozo, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda y los conservadores Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz). La progresista Roser Bach, es la única vocal ajena a la permanente que ha secundado esta propuesta, mientras que los otros 11 han votado en contra, incluido el conservador José Antonio Ballestero, quien sí pertenece a esa comisión.

La segunda de las propuestas, de los vocales Enrique Lucas (propuesto por el PNV) y Gerardo Martínez Tristán (por el PP), también instaba al Congreso y al Senado a renovar el Consejo o a la devolución a este de sus competencias para efectuar nombramientos discrecionales. Pero solicitaba a las Cámaras que, mientras tanto, se habilitara al CGPJ para efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el mínimo de vacantes necesario para garantizar “el normal funcionamiento” de sus cinco salas. La propuesta ha obtenido los votos a favor de los dos vocales que la firmaban y otros seis vocales (los conservadores Ballestero, Carmona, José María Macías, Carmen Llombart y Wenceslao Olea y la progresista Bach). Concepción Sáez, también progresista, ha votado en blanco, mientras que os otros nueve consejeros se han opuesto.