La Guardia Civil desactiva un paquete bomba enviado a un funcionario de la cárcel de Zuera

La Guardia Civil ha desactivado este miércoles en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) un paquete bomba que había recibido un funcionario de esta prisión, según ha confirmado a EL PAÍS fuentes del instituto armado y de Instituciones Penitenciarias. El sobre con el explosivo no había llegado a la prisión, sino a la sede en la capital aragonesa del sindicato CSIF, de la que el trabajador es delegado en la prisión. Este, al sospechar de su contenido, lo había trasladado al penal para que fuera revisado con el escáner del centro. Los responsables de seguridad detectaron entonces que contenía cables y lo que parecía una “sustancia explosiva”, por lo que avisaron a los especialistas en desactivación, que finalmente lo han neutralizado sin que se produjeran daños personales.

Según detallan fuentes del sindicato, el paquete bomba había llegado a su sede hace varios días y allí había permanecido sin ser manipulado ni levantar sospechas, ya que el destinatario llevaba varias jornadas sin pasar por el local. Cuando acudió al sindicato y revisó la correspondencia, el funcionario desconfió del paquete porque no lo esperaba, desconocía el remitente y, sobre todo, porque pese a figurar como enviado desde una ciudad, el matasellos correspondía a otra.

El trabajador penitenciario decidió entonces desplazarse con el paquete hasta la cárcel de Zuera para que la Guardia Civil, responsable de la seguridad del perímetro del centro, lo inspeccionara con el escáner que se utiliza en el centro para revisar de manera exhaustiva toda la correspondencia que llega para evitar la entrada de productos prohibidos, como drogas, teléfonos móviles y armas. En esa inspección los agentes detectaron en su interior lo que podía ser una sustancia explosiva, por lo que alertaron a los especialistas en desactivación. La Guardia Civil investiga cuál es la sustancia concreta y su peligrosidad, así como el autor del envío. El trabajador ya ha declarado ante el juez, según fuentes del sindicato, que añaden que no consta que este hubiese recibido amenazas.

El sindicato CSIF ha emitido una nota en la que reclama al Ministerio del Interior que se revisen las medidas de seguridad de los funcionarios de prisiones “ante los riesgos a los que se ven sometidos en su trabajo”, además de reclamar que se reconozca a los trabajadores penitenciarios “sin más demora” la condición de agente de la autoridad, lo que agravaría las penas de aquellos que fueran condenados por agredirles.