Bruselas analiza si la rebaja del delito de malversación cumple con las normas europeas y afecta a los fondos comunitarios

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha explicado este miércoles que Bruselas está estudiando las reformas del Código Penal español sobre el delito de malversación —que rebaja el castigo por malversación sin ánimo de lucro— para ver si es acorde con las normas comunitarias. “Estamos analizando para ver si [estas reformas] son compatibles con el derecho comunitario, en especial con la protección de los intereses financieros de la UE”, ha señalado el comisario belga en un debate sobre el Estado de derecho en España que ha introducido Partido Popular Europeo (PPE) con calzador en una sesión de la Eurocámara en Estrasburgo para tratar sobre las últimas reformas legales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Comisión Europea pone el foco en la reforma para analizar si afecta a los fondos comunitarios. Quiere comprobar que la modificación no deja expuesta la gestión de los fondos europeos a delitos de malversación que conlleven penas ligeras y revisar que las penas siguen siendo disuasorias. En una gran parte de la obra pública española hay capital europeo. España va a recibir unos 27.000 millones de euros de fondos comunitarios de todo tipo a gastar en subvenciones a empresas, políticas de empleo, programas de recuperación, desarrollo regional y otros muchos temas. Fuentes comunitarias explican que la revisión de la reforma legal se hace no solo en el caso de España, sino también en otros países cuando se hacen cambios que puedan afectar a la directiva que prevé la armonización de las sanciones penales mínimas en caso de vulneración de los intereses financieros de la Unión, como el blanqueo de capitales o la malversación.

Con la reforma del delito de malversación impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el castigo por malversación sin ánimo de lucro será, como máximo, de cuatro años de prisión en lugar de los hasta 12 de antes de la modificación. Sánchez ha recalcado que la reforma exprés del Código Penal, que deroga también el delito de sedición, ha sido necesaria para resolver la crisis territorial en Cataluña generada por el procés.

A pesar de ello, el juez Pablo Llarena, instructor del caso del procés en el Tribunal Supremo, resolvió la semana pasada en una resolución que a los huidos independentistas no cabe imputarles la rebaja de penas prevista para la nueva malversación, como quería el Ejecutivo y ERC, principal impulsor de las reformas legales para beneficiar a los independentistas catalanes. Llarena señala en su auto que hay jurisprudencia del Supremo “desde hace más de medio siglo” donde se sostiene que el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación. “En particular, el delito de malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a estos”. Con esa interpretación, no tendrían ningún efecto las reformas penales del Gobierno para diferenciar entre la malversación con lucro personal y sin enriquecimiento de los culpables.

Reynders ha vuelto a insistir en el que ha sido su caballo de batalla en cuanto a las recomendaciones sobre el Estado de derecho hechas a España en su informe de 2022: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cuatro años caducado, y la reforma para la elección de sus vocales. El comisario belga (miembro del partido Liberal Reformista, del grupo Renew Europe) ha urgido a España a que renueve el tribunal e “inmediatamente después” inicie el proceso de reforma del sistema de elección para hacerlo acorde a lo que ha llamado “estándares europeos”.

Las palabras de Reynders son una de cal y otra de arena para el Ejecutivo de Sánchez y un mensaje que también se puede interpretar como un toque al Partido Popular, que lleva bloqueando cuatro años la renovación del CGPJ y mantiene la exigencia de que haya un compromiso que se reforme primero el sistema de elección y después haya una renovación; es decir, un cronograma divergente al que menciona Reynders.

El comisario de Justicia ha celebrado el desbloqueo del Tribunal Constitucional con el nombramiento de cuatro nuevos jueces —dos por parte del Gobierno y dos por parte del CGPJ—. “Estos nombramientos son importantes, ya que el funcionamiento de los órganos constitucionales es un elemento esencial del Estado de derecho”, ha dicho Reynders, que ha recordado que otro informe sobre la evolución del Estado de derecho con recomendaciones para los Veintisiete —entre ellos, España— llegará a mitad de año. “Seguimos llamando a todas las partes implicadas a tomar las acciones necesarias para la implementación exitosa de esta recomendación”, ha remarcado Reynders como antesala a un debate en la Eurocámara el que prácticamente solo han participado eurodiputados españoles.

El PPE, con su presidente, Manfred Weber, a la cabeza está moviéndose de forma muy activa para colocar el asunto del Consejo General del Poder Judicial Español y las reformas legales de Sánchez a la cabeza de la agenda europea, lo que ha llevado a la Comisión Europea a tener que pronunciarse. Sobre la reforma del delito de sedición, Reynders ha remarcado que es competencia nacional. “Como ocurre con la mayoría de delitos, el delito de sedición cae en la competencia exclusiva de los Estados miembros. Eso significa que los Estados miembros son libres de adoptar o enmendar la legislación en este campo como consideren oportuno, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales”

En el debate, los legisladores del PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra las reformas de Sánchez y contra el Gobierno de España. “No podemos callar mientras este Gobierno mercadea con España”, ha criticado la popular Dolors Montserrat, que ha acusado al Ejecutivo de “entregar el Código Penal a los condenados por atentar contra la Constitución”.

El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) y el de la Izquierda han acusado al PPE de intentar instrumentalizar la Eurocámara con un debate nacional y de alzar el tema para opacar otros asuntos. El eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar ha acusado al PP de querer “secuestrar” el CGPJ y de no aceptar el resultado de las urnas y tratar de perpetuar en ese órgano la mayoría que perdió.