La derrota sin fin de la sanguinaria Anboto, icono del declive de ETA

Tras las rejas de la cárcel alavesa de Zaballa envejece la sanguinaria María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, histórica dirigente de ETA; pistolera de los cruentos comandos Madrid y Araba; y un rostro prácticamente desconocido durante años para los agentes de la lucha antiterrorista, que solo lograron hacerse con una borrosa foto de ella durante sus más de dos décadas de asesinatos y atentados, que acabaron con su arresto en Francia en 2004. Esta mujer de 61 años, que puso también voz en 2018 al comunicado de disolución de la banda, contempla ahora desde su celda cómo suma penas en los tribunales españoles (nueve condenas a casi 794 años de prisión en los últimos 30 meses) mientras la Guardia Civil y la Policía elaboran informes sobre su ascenso hasta la cúpula de la organización criminal, base de varias investigaciones reabiertas en la Audiencia Nacional.

La historia de Anboto, inmersa desde niña en el radical mundo etarra, se ha convertido en el fiel reflejo del lento declive de la banda que puso en jaque a la democracia. “No es una terrorista al uso. Su recorrido dentro de ETA le da verdadera relevancia”, destaca un alto mando de la Guardia Civil, que añade que ella es “un icono en el imaginario terrorista”. Pero para los agentes que, como él, trabajan en el edificio de seis plantas que sirve de sede al Servicio de Información del instituto armado, la sexagenaria no es un simple personaje del pasado. Está todavía muy presente.

En la Operación Damocles, que intenta esclarecer los atentados sin resolver, su nombre aparece de manera recurrente en los informes remitidos a la Audiencia. “Hemos elaborado una veintena que recogen su supuesta participación en hechos delictivos. Como autora directa, por dar instrucciones a los comandos, o como integrante de la zuba [la cúpula etarra]”, detalla el alto mando. Según los datos recopilados por EL PAÍS, algunos de esos informes han servido para poner el foco sobre ella como exdirigente de ETA en cuatro sumarios. Entre ellos, en la causa por el asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, el edil del PP de Ermua (Bizkaia).

Etarra de cuna. El efecto dominó que la conduce a prisión comienza en la mañana del domingo 29 de marzo de 1981, en el céntrico parque La Florida, en Vitoria. Son las 11.35 cuando la policía da el alto a los sospechosos de integrar un comando. Pero los terroristas responden con disparos —entre ellos, José Aristimuño, Pana, novio de la entonces joven de 19 años—, provocando un tiroteo en el que Pana cae muerto y uno de sus compañeros acaba detenido. La declaración del arrestado llevará a los agentes hasta un caserío de los montes guipuzcoanos, El Ángel de la Guarda, la casa familiar de Anboto. Justo ahí, cambia todo para ella.

Los investigadores descubrieron que esa construcción rural escondía todo un arsenal y averiguaron que, en un lustro, los Iparraguirre habían ocultado en su domicilio a una veintena de etarras con los que convivieron y “celebraron con champán y pasteles” sus atentados, según informó entonces el mando de la lucha antiterrorista. La joven, entonces estudiante de Magisterio, es así detenida por primera vez —junto a sus tres hermanos y su madre (su padre logró escapar a Francia)—.

Tras quedar libre, ella sigue los pasos de su progenitor y cruza la frontera. Allí se suma a las filas de ETA (con la que ya colaboraba) y se integra en los taldes (grupos) de reserva de la organización e inicia la escalada a la cúpula.

—Entré en ETA porque no tenía otra solución. [...] O te mataba el GAL o te cogía la Policía — ha llegado a justificar en uno de sus juicios.

Nacida en Eskoriatza (Gipuzkoa), Iparraguirre había mamado la militancia desde pequeña. Su padre, Santiago Iparraguirre, fue homenajeado por la izquierda abertzale radical al morir a principios del pasado año: “Ciudadano y hacedor de país, euskaldun y patriota. Ha sido un honor compartir gran parte del viaje contigo”, le dedicó Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu.

Sangre y dolor. Desde su entrada en los taldes y hasta su detención en 2004, su actividad fue incesante. La entonces veinteañera formó inicialmente parte del comando Araba, con el que cometió numerosos atentados hasta que, en 1985, tras sospechar que podía ser detenida, retornó a Francia. Lo habitual era que los miembros de los grupos que escapaban se integrasen en otros aparatos de la banda en la retaguardia. Muy pocos volvían a entrar en España a actuar. Sin embargo, Iparraguirre lo hizo. Y no solo una, sino dos veces: una de ellas para formar parte del comando Madrid. “Si no cayó entonces fue porque la fortuna siempre estuvo de su parte”, destaca un guardia civil.

Entre los crímenes de su etapa como pistolera —cuentas pendientes que no se han comenzado a saldar hasta que Francia la entregara hace tres años a España para ser juzgada aquí— están los asesinatos de dos policías en Vitoria en agosto de 1987, durante las fiestas de la Virgen Blanca, por los que ha sido condenada a 70 años de prisión. También la muerte a tiros en 1985 de un cartero de 63 años y padre de siete hijos, Estanislao Galíndez, al que ETA consideraba un “confidente” policial, y por la que le han impuesto 39 años de pena.

Alias mitológico. Ese reguero de dolor le valió para dar el salto a la cúpula. Un ascenso que antes solo había logrado otra mujer: Dolores González Catarain, Yoyes, luego asesinada por la propia ETA por reinsertarse. En 1993, según los expertos de la lucha antiterrorista, Iparraguirre ya se encargaba de labores de control y coordinación de los comandos legales (formados por etarras no fichados) dentro del aparato militar, como lugarteniente de Kepa Pikabea, Larrún, cuyas funciones asumirá después de que este sea detenido en 1994.

Es a partir de entonces cuando se bautiza como Anboto. Tomó el alias de un monte situado entre Bizkaia y Araba, morada principal de Mari, la gran diosa de la mitología vasca. En esa época, buena parte de los etarras detenidos la mencionaban como la mujer que los adiestraba y señalaba los objetivos, a la vez que les facilitaba dinero y armas.

“Su actividad como responsable de los comandos legales se extendió hasta finales de 1998″, cuando le sustituye Javier García Gaztelu, Txapote, detalla un informe del pasado 18 de noviembre de la Guardia Civil. La dirigente de ETA pasa entonces a otra tarea clave: dirigir las estructuras que controlaban todo el dinero de la extorsión —el llamado impuesto revolucionario— y la contabilidad de la organización.

La indiscriminada estrategia que impuso para recaudar fondos para la organización queda reflejada en los escritos del área que ella encabezaba, como evidencia un documento intervenido en las pesquisas derivadas de su arresto. Los investigadores hallaron una carta rubricada por Gezi, denominación atribuida al aparato financiero de ETA, donde se pedía a otros miembros de la banda información personal de posibles objetivos, “personas pudientes de Euskal Herria como abogados, notarios, médicos, dentistas o que tengan algo similar como medio de vida”. Así arrancaba esa misiva, según un informe de la Guardia Civil: “Hoy venimos con una nueva petición con intención de emprender con ganas nuestro trabajo”.

De esta época es la única foto “operativa” que se pudo tomar de ella en los 25 años que pasó en la clandestinidad. Fue en Lourdes, en 1999. Guardias civiles apostados en un hotel la retrataron mientras caminaba por la calle junto a otro destacado miembro de la organización, José Javier Arizkuren, Kantauri, con el que había coincidido en dos comandos y con el que supuestamente mantuvo una relación sentimental. “Venían de reunirse con otro integrante de la banda, pero cuando quisimos seguirlos, no pudimos. Tampoco logramos localizar el vehículo en el que se fueron”, rememora un agente que participó en el operativo. Durante años, aquella imagen se convirtió en un preciado tesoro para los agentes, al ser la foto más actual que se tenía de ella.

Para entonces, Iparraguirre ya era pareja del considerado jefe político de ETA, Mikel Albizu, Antza. “Representan dos trayectorias dispares dentro de la banda. De él no consta que cometiera atentados. Ella acumula muchos muertos. Sin embargo, ambos eran dos duros [partidarios de los atentados] dentro de la organización”, destaca un responsable policial. “Ella era el alter ego de Antza”, resume otro mando. La pareja había tenido un hijo en 1997 —hay dudas de si dio a luz con nombre supuesto en un hospital de Francia o en Cuba, donde los expertos policiales creen que residió un tiempo—, con el que vivían en la apartada localidad de Salies-de-Béarn (a mitad de camino entre Bayona y Pau). Allí aparentaban llevar una vida normal, en la que acompañaban al niño al colegio o al médico.

Vida familiar clandestina. Su casa en Salies fue un escondite perfecto que, pese a que llegó a estar vigilada por la policía esporádicamente, les mantuvo a salvo hasta 2004. Entonces, una operación contra el aparato logístico de la banda, desembocó en su detención casi casual. “No sabíamos que ellos ocupaban esa casa”, recuerda un guardia civil que participó en el despliegue, bautizado como Operación Santuario. Allí estaban Anboto y Antza. También su hijo, que tenía siete años. Y, repartidos en diversos escondrijos, pendrives con información de las finanzas de ETA y los contactos con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como documentos sobre la corrupción en la propia organización terrorista y la estrategia a seguir contra los denominados austelak (podridos, en euskera) para que devolvieran el dinero.

“Con Santuario cayeron los últimos líderes carismáticos y los únicos lo suficientemente preparados para dirigirla. [...] Fue un golpe moral único, que hizo mella en los terroristas”, dice en su libro Historia de un desafío el coronel Manuel Sánchez Corbí. Pero el arresto de Anboto y su posterior condena en Francia a 20 años de cárcel no supusieron el fin de su poder. Según fuentes policiales, pasó a ser una voz influyente en el colectivo de presos (EPPK, por sus siglas en euskera).

La rendición. Sin embargo, la caída de ETA era ya imparable, como demostró el anuncio del fin de los atentados en 2011, y el de la disolución en 2018. Precisamente, ella y otro jefe histórico, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, pusieron voz a este comunicado. Anboto lo grabó desde prisión. Un año después, Francia la entregaba a España para ser juzgada por una docena de causas pendientes.

En la Audiencia Nacional, Iparraguirre ha intentado quitarse responsabilidad. Se presentó primero como víctima de “una justicia vengativa” y ha llegado a negar que ella fuera Anboto, con el objetivo de tirar abajo las acusaciones sustentadas en documentos internos de la banda y testimonios de terroristas que identificaban así a quien daba instrucciones a los comandos. Pero el Tribunal Supremo lo dejó claro: ese era su alias, concluyó en un fallo de febrero de 2021, que ha precipitado posteriores condenas. Además, en septiembre de ese mismo 2021, saltó la sorpresa al reconocer por primera vez un delito y aceptar la condena tras un pacto con el ministerio público: 15 años por ordenar el atentado contra Juan Carlos I en 1997, con motivo de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao.

“Da la sensación de que ha tirado la toalla”, resalta un mando de la Guardia Civil. “Ese reconocimiento es el triunfo del Estado de derecho. Es muy significativo, porque es la primera vez que un dirigente de ETA se somete a la justicia”, recalca un fiscal de la Audiencia Nacional. Otra derrota de la jefa terrorista que acompañó a ETA en su declive.