Objetivos y resultados

Toda acción política, en principio, pretende satisfacer unos objetivos definidos, ya sean estos generales o particulares, confesables o inconfesables. Los políticos actúan movidos por esos objetivos y el resultado de sus acciones se evalúa en función de lo mucho que este se acerca a aquellos. Siempre hay un margen entre lo que se hace y lo que se perseguía cuando se planeó. Pocas veces resultado y objetivos coinciden al cien por cien, ya que hay demasiadas incógnitas, demasiados elementos fuera de control, que interfieren en la acción política. Aun así, lo deseable por cualquier actor político es que lo que hace se acerque el máximo a la consecución de sus intereses, sean estos los que sean.

Hay veces, sin embargo, que esta lógica aparentemente tan simple se complica de manera diabólica, hasta el punto de que resulta difícil desentrañar los perfiles de los objetivos y de los resultados, y la relación entre ellos se acaba moviendo en una niebla densa en la cual es imposible desentrañar los unos de los otros.

Cuando el Gobierno anunció su intención de eliminar del Código Penal el delito de sedición para transformarlo en un nuevo tipo de desórdenes públicos agravados probablemente no calculó que ese paso desembocaría en la maraña en la que el propio Ejecutivo parece enredarse más y más con cada día que pasa. De la sedición se pasó a la malversación, primero como propuesta original de ERC, que Sánchez dijo que el PSOE estudiaría, luego como propuesta del propio PSOE, como propuesta conjunta con los republicanos, sin el concurso de UP, con él, otra vez sin él, hasta crear una tupida tela de araña en la que se enredan los socialistas sin que desde fuera se llegue a entender en qué momento decidieron meterse en ese embrollo ni por qué.

Hasta el momento el resultado final, la fórmula legal que tendrá la modificación de la malversación, sigue siendo impreciso, como imprecisos son los argumentos que lo explican, para pasmo de los barones que deben enfrentarse a las urnas en seis meses, y para regocijo de un Feijóo que ha vivido su particular otoño horribilis. Para colmo, UP, instigador inicial del movimiento a través de Jaume Asens, siempre solícito con los independentistas, se descuelga de la secuela y deja al PSOE solo con una ERC que aprovecha el momento para hacer pública su hoja de ruta para un nuevo referéndum de independencia, dejando al gobierno a los pies de la derecha.

Y, a pesar de todo ello, se suceden las propuestas y contrapropuestas, las enmiendas transaccionales y los anuncios de que la modificación no afectará a los dirigentes independentistas que están a espera de juicio. Si esto es así, ¿por qué se sigue negociando? ¿Para qué reformar la malversación? ¿Cuál es el objetivo?

Hay un momento en toda negociación en el que la propia dinámica negociadora toma vida propia y deja de lado las razones por las que se empezó a negociar. En esos momentos por encima de todo prima el llegar a un acuerdo, sea el que sea, conseguir un pacto, llegar al final. En este caso, los negociadores no ven más allá de la propia negociación y pueden perder de vista cuáles eran los objetivos que pretendían alcanzar cuando decidieron sentarse a la mesa.

Pero en este caso incluso habría algo más. Porque el objetivo de “desinflamar” Cataluña ya se consiguió con los indultos. Cataluña ya está “desinflamada”, con una dirección independentista ensimismada, desorientada y dividida, y una base cansada y frustrada. Lo más lamentable de todo es que este episodio da alas a lo único que podría reactivar al independentismo: una mayoría de PP y Vox en las generales que deben celebrarse en un año.